MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Bolaños se ha expresado así durante su intervención en el Pleno del Senado y en respuesta a la pregunta de la senadora de UPN, María Mar Caballero, que le ha cuestionado acerca de las reclamaciones de la Abogacía Española. Además, le ha instado a aclarar si la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado podría afectar a la implementación de estas medidas.
La senadora ha recordado al ministro que "la no existencia de Presupuestos para este año ha generado mucha inquietud en todos los afectados y el Consejo de la Abogacía ha aprobado una declaración institucional y ha emitido un comunicado para que cumpla lo acordado". "Por tanto, y haciéndome eco de sus justas reivindicaciones, le insto mediante esta pregunta a que pueda explicar en esta Cámara si la prórroga presupuestaria va a afectar al cumplimiento de los compromisos adquiridos", ha espetado.
El titular de Justicia le ha pedido a la senadora que sea "positiva" y ha reiterado su compromiso para aprobar la norma. "Vamos a modificar el reglamento y también vamos a aprobar una nueva ley de asistencia jurídica gratuita, porque que tengan una remuneración justa, unos honorarios que sean adecuados a la labor que hacen los abogados y abogadas de oficio es, desde luego, una necesidad y también una garantía de esa tutela judicial efectiva, en especial a la persona", ha asegurado Bolaños.
LA ACTUAL LEY TIENE 26 AÑOS
El ministro, sin embargo, no ha concretado si la no aprobación de los mismos afectará o no al futuro de esos compromisos. Únicamente ha recalcado que la "intención" del Ejecutivo es sacar adelante una nueva ley "porque la actual tiene 26 años", siendo una de las últimas normas aprobadas por el gobierno de Felipe González.
"Usted ha recordado y yo reitero el compromiso que adopté en la Comisión de Justicia del Congreso, que también lo he hecho ante la Comisión General de la Abogacía Española, y es que vamos a adaptar y vamos a modificar el reglamento de asistencia jurídica gratuita y lo haremos cuanto antes", ha continuado Bolaños.
El Gobierno, ha zanjado, trabajará para actualizar "los honorarios de los abogados y abogadas que prestan este servicio, porque es un servicio público, el servicio público de los abogados de oficio, y también para incluir nuevas actuaciones que, efectivamente, hoy en el reglamento no están previstas".
