INCURSIONES DE UCRANIA FUERA DE SU TERRITORIO
Es notorio que, tras la agresión armada de Rusia en febrero de 2022, la respuesta militar de Ucrania tiene su fundamento en la legítima defensa. Aquella agresión inicial rusa ha sido continuada y seguida de invasión, ocupación parcial y, además, posterior anexión ilegal de los territorios ocupados (desde 2014 y otros nuevos).
La legítima defensa frente al agresor es un derecho inherente de todo Estado, si bien solo puede ejercerse con un conjunto de limites objetivos y procedimentales (art. 51 de la Carta de la ONU). Por tanto, el Estado que se defiende contra el agresor no tiene un derecho ilimitado a usar la fuerza armada. Las reglas de la legítima defensa no tienen doble rasero -en el que tanto incurre Occidente- porque no hay un derecho internacional condescendiente para los amigos y otro exigente para los enemigos. Las reglas del derecho internacional son obligatorias para los beligerantes en cuanto a lo que no se debe hacer, lo que se puede hacer y lo que se debe hacer.
Para el derecho de la guerra y el derecho humanitario, una guerra comienza con una agresión (es el “primer uso de fuerza armada”, Resolución 3314/1974 por consenso) y no hay agresiones provocadas y justificadas y otras no provocadas ni justificadas, buenas y malas (extraña doctrina de la UE transgresora y ajena al derecho internacional). La legítima defensa es la única respuesta armada legal.
Uno de los límites de la legítima defensa es la proporcionalidad. La Corte Internacional de Justicia de la ONU declaró que la proporcionalidad exige que la respuesta armada se limite a poner fin a la agresión sufrida (Recueil 1986). En una agresión como la rusa -seguida de invasión y ocupación militar-, la legítima defensa de Ucrania comprende repeler sus ataques y también organizar las contraofensivas para expulsar a la fuerza agresora del territorio ocupado. Su derecho a usar la fuerza armada se circunscribe a la recuperación de la soberanía territorial perdida y expulsar al ejército invasor. No puede transformarse Ucrania en un agresor.
La consecuencia es que el teatro de las operaciones militares o lugares en los que pueden desencadenarse legalmente hostilidades por Ucrania es su territorio reconocido internacionalmente. Por tanto, incluidos los territorios invadidos y anexionados ilegalmente por Rusia, porque son el centro de su legítimo objetivo de expulsión del invasor ruso. Luego Ucrania no tiene derecho a llevar los combates de forma abierta en territorio ruso -anterior a 2014- atacando sus ciudades, y menos aun entrando de forma creciente en su territorio. Puede perder la legitimidad de su acción y debería perder nuestro apoyo.
El riesgo de escalada de guerra se ha percibido por los Estados miembros de la Unión Europea y de la OTAN desde el inicio. Los aliados no autorizan a Ucrania el uso de las armas cedidas fuera del territorio invadido ni que alcancen objetivos fuera del territorio invadido.
La legalidad y legitimidad de las oleadas de las medidas restrictivas contra la agresora Rusia y la ayuda financiera y de material militar a la agredida Ucrania de unos 40 Estados occidentales se basan en el apoyo a sus acciones armadas en legítima defensa, es decir, en que no es un agresor.
Así, la Administración Biden y los Estados europeos se cuidan de no suministrar sistemas militares de largo alcance (de más de 300 km.) o que queden fuera de control político y técnico para atacar a Rusia dentro de sus fronteras reconocidas (anteriores a 2014). Si utilizara armamento ofensivo europeo para atacar territorio ruso nos convertiría en beligerantes y agresores y, en consecuencia, en legítimos objetivos militares para Rusia.
La mayoría de las hostilidades de Ucrania por tierra, mar y aire han tenido lugar correctamente en el territorio soberano que tiene derecho a recuperar. Las acciones armadas ucranianas en Crimea (ataques y destrucción de buques y aviones o al puente de Kerch que une Crimea con Rusia) fueron legales, pues esa península es territorio soberano de Ucrania -reconocido por Rusia en varios tratados de cesión de uso y alquiler de las bases- del que ha sido privado por un acto previo de agresión, ocupación continuada y anexión ilegal.
Sin embargo, ha habido acciones armadas fuera de los frentes activos (por ejemplo, ataques a depósitos de combustible y de armas) en zonas del territorio soberano ruso colindantes con el ucraniano en marzo y abril de 2022. Esos depósitos son usados como retaguardia rusa en la vecindad para el aprovisionamiento de la guerra. Y se ampliaron, por ejemplo, al sabotaje de las líneas ferroviarias que llevan armas y material de guerra rusos al frente ucraniano. En esas acciones se ha buscado degradar las capacidades militares rusas para continuar la invasión.
Antes y ahora, la mayoría de las incursiones se han centrado en la zona fronteriza de Kursk y Belgorod, desde donde, incluso, se han lanzado bastantes ataques contra la gran ciudad liberada de Jarkov. En 2023 y 2024 se han repetido con más frecuencia hasta el punto de que Rusia bombardea los pueblos limítrofes y Ucrania está desalojando la población de la provincia de Sumy con rapidez. También ha habido repetidas acciones por grupos de combatientes irregulares rusos (opositores) y ucranianos (al parecer, ajenos a las fuerzas armadas ucranianas), que han desatado parciales ataques en aldeas rusas limítrofes y a veces no tan próximas. Preocupante.
Algunas de esas incursiones ucranianas -las que atacan depósitos de armas y combustible o transporte ferroviario de tropas- hasta cierto punto son proporcionadas y dentro del concepto legal de “ventaja militar” que reportan a un beligerante; tal como se prevé en el derecho de la guerra, son admisibles si contribuyen de forma “efectiva a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida”. Es el caso de los actos ocasionales de sabotaje e incendios “inexplicables” en las instalaciones petroleras y depósitos de armas y munición de los que nadie asumió la responsabilidad.
A falta de una contraofensiva eficaz en 2023-2024, Ucrania se aprovecha de esas “pequeñas empresas ofensivas” o acciones indirectas para complicar las ofensivas rusas, le reportan resistencia y gana tiempo hasta reanudar los suministros de munición y nuevo armamento. También con esos actos de sabotaje, con muy pocos medios, evidencian a la población civil rusa la existencia de una guerra al complicar la vida social y económica y causar caos (territorios sin combustible que obligan a improvisar o parar todo). Muestran que Rusia no controla militarmente todo su territorio (también se vio durante la rebelión de los mercenarios Wagner). Decía Clausewitz (claro, entonces la legítima defensa no tenía límites) que “el agotamiento del adversario” es el objeto de toda defensa: se abortan sus objetivos, le exige un gasto de fuerza y se gana tiempo.
En general, Ucrania se pone de perfil y no asume la autoría, consciente de que algunos de tales ataques pueden ser ilegales, es decir, no amparados por su derecho de legítima defensa al llevarlos fuera del territorio que tiene derecho a liberar. Niega toda responsabilidad, utilizando las mismas tácticas mentirosas de Rusia cuando niega sus crímenes de guerra y las matanzas de personas civiles -crímenes contra la humanidad-.
Las acciones con objetivos extraños a la legítima defensa abonan el momento actual de preguerra hacia la guerra continental. Incluso nos preparan para el estado de guerra con declaraciones imprudentes -como las del presidente Macron- sobre la eventual presencia de tropas europeas de combate. Adentrarse con tropas para el combate, convierte a ese Estado en beligerante con todas las consecuencias sobre su propio territorio y población. Nuestra solidaridad busca ayudar a Ucrania dentro de la legalidad, sin escalar las hostilidades hacia una gran guerra europea que es rechazada abiertamente por una mayoría de la ciudadanía.
