MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando ha dado cuenta de esta modificación de la ley anterior, de 2014, para adaptarla al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales. Esta trasposición de la directiva europea permite, ha señalado, formar parte de la interconexión de bases de datos que posibilita a los Estados miembro de la Unión Europea (UE) "intercambiar antecedentes y condenas de manera rápida y sencilla, sin necesidad de peticiones que en ocasiones se prolongan durante meses".
"Se podrá acceder de manera fácil desde cualquier Estado miembro al historial delictivo que tenga un ciudadano o ciudadana en otro Estado miembro y del que exista constancia en el sistema europeo. Y por tanto, la petición de antecedentes y la respuesta a través de este sistema será realmente ágil y realmente rápida", ha indicado.
Ha añadido que esta interconexión incluye elementos que no existen en el modelo actual como por ejemplo la imagen de las personas con antecedentes penales, algo que ha calificado de importante para las investigaciones policiales. "También se incluye un registro de menores que suma incluso las medidas cautelares para su custodia y para la seguridad de la defensa del menor expedientado, y para la debida protección de la víctima", ha indicado.
Para el ministro, con esta norma se agiliza la cooperación jurídica y las investigaciones judiciales y de toda índole que se produzcan.
REORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Asimismo, este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica que reorganiza la Administración de Justicia. Según defienden desde el Ministerio, se trata de una pieza clave que incluye la ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia y plantea una reforma integral para adaptar la estructura de la Administración a las necesidades de la sociedad actual.
La medida impulsa la creación de tribunales de instancia, uno en cada partido judicial; la implementación de una oficia judicial única para cada tribunal de instancia; y la creación de las oficinas de Justicia en los municipios, que sustituyen a los juzgados de paz.
Además, regula la aplicación de mecanismos alternativos de resolución de controversias para potenciar la negociación entre las partes, reduciendo la sobrecarga de litigiosidad. A su vez, incluye medidas para la protección y defensa de los intereses de consumidores y usuarios al fijar un procedimiento único para abordar demandas colectivas e incorpora medidas que conseguirán una tramitación "más ágil y sencilla" para personas afectadas.
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
Bolaños ha anunciado también este martes que el Consejo de Ministros ha aprobado las subvenciones para la prestación de la asistencia jurídica gratuita por importe de 54,3 millones de euros para los ejercicios 2023 y 2024.
"Con esto estamos apostando un año más por la asistencia jurídica gratuita, estamos apostando por la tutela judicial efectiva, por una justicia más cercana en línea con las leyes que hemos aprobado, una justicia más cercana y que acompañe a esas víctimas de los delitos que en ocasiones se ven desamparadas y que necesitan también atención psicológica", ha añadido.
