SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
"Aunque se están dando pequeños pasos en positivo, como la creación de nuevos juzgados, la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia o la publicación del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo; es necesaria una apuesta decidida por la administraciones para intentar resolver un problema que permanece enquistado año tras año, haciendo muy complicado hacer valer la Justicia Social en temas tan sensibles como, por ejemplo, despidos, invalidez o impagos de nóminas", afirma Juan Antonio Montes, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla.
"Desde esta Corporación venimos reclamando a las distintas administraciones soluciones reales y firmes que resuelvan este colapso que está provocando una grave indefensión en el justiciable. Esta situación lesiona directamente los derechos e intereses de los ciudadanos, así como de los funcionarios que se ven sometidos a cargas de trabajo absolutamente inasumibles y de los propios profesionales que intervienen en la Jurisdicción Social".
Como posibles soluciones a esta situación de colapso, el Colegio expone que un primer paso debe ser evitar judicializar ciertos casos que podrían resolverse vía administrativa a través del CMAC (Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación) y el SERCLA por medio de la conciliación.
"Todo ello, evitaría presentar la demanda en los Juzgados con la consiguiente reducción de carga de trabajo para los mismos. Otra posible vía de solución sería fomentar la mediación intrajudicial mediante la colaboración de la Consejería de Justicia y los Colegios de Graduados Sociales", señala Montes.
"Pero para que esta solución funcione debe haber los recursos necesarios para transformar estos instrumentos en opciones verdaderamente potentes y viables que den una solución real al problema", ha concluido Montes.
