LA AMNISTÍA NO TENDRÁ LUGAR
Una obra de teatro de 1935 hacía referencia a unos hechos que podrían no haberse producido. En La Guerre de Troie n'aura pas lieu, Jean Giraudoux realiza un ejercicio de predicción y una reflexión sobre la causalidad y la condición humana que, escrita antes de la Segunda Guerra Mundial, busca un efecto de prevención. Utilizando esa misma expresión, podemos decir, a diferencia de lo que finalmente ocurrió en ese caso, que la amnistía en trámite en España no tendrá lugar.
La amnistía es, inevitablemente, una decisión de impunidad. La primera cuestión que debe plantearse, por tanto, es si cabe la impunidad de los delitos, su no persecución, algo que responde negativamente, desde su posición preferente, el artículo 9 de la Constitución. La posición favorable a la amnistía, aun conociendo la duda elíptica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -”incluso si se aceptara que las amnistías son posibles en algunas circunstancias”, Margus v. Croacia, núm. 445/10, 13 de noviembre de 2012-, ignora este aspecto, insistiendo solamente en grandes bienes por recibir en la pacificación social de un “conflicto”, como si hubiese un trueque entre impunidad y “ventajas” y “beneficios”, pero lo que pretende es un efecto distinto, la reversión imposible del juicio definitivo del Estado sobre los sucesos de 2014 y 2017.
Para ello, la proposición de ley se enzarza, nunca mejor dicho, en una confusión de eliminación de medidas cautelares, órdenes de detención nacionales y europeas, publicación dirigida en el BOE para impedir los recursos, retroactividad, responsabilidades incluidas o excluidas y normas más favorables y normas menos favorables, que solo parecen frenarse ante un potencial límite máximo como excluir la exigencia de responsabilidad civil, que de paso derogaría también el Código Civil. Todos ellos, mecanismos de defensa de la ley invalidados por la imposibilidad de que una ley se pueda referir a sí misma, y destinados a asegurar la impunidad, una especie de impunidad de la impunidad. La ley deja de ser norma general atributiva de derechos, deberes y competencias y se convierte en un instrumento de defensa de sí misma.
La amnistía así llamada no tendrá lugar, entre otras razones, porque en realidad lo que busca es anular unas sentencias del Tribunal Constitucional, las sentencias 42/2014, 114/2017, 124/2017, y el Auto 144/2017, que no se pueden hacer desaparecer, pues son cosa juzgada formal y material. Solamente pueden ser revertidos por otra decisión del citado tribunal que acierte a formular una justificación de un overruling. La secesión está declarada ya como contraria a la Constitución, adopte la forma que adopte. Lo que prepara el campo a futuras propuestas colaterales alternativas, como un referéndum ad hoc o un reconocimiento de derechos mediante una ley de solución del conflicto tipo Acuerdo de Stormont, pues en este asunto se ha impuesto, desgraciadamente, una especie de constitucionalismo vudú que pretende apoyarse en el Derecho comparado.
La finalidad vindicativa de la amnistía, incluida como compromiso en un acuerdo inicial que no hace otra cosa que aplicar al Estado una modalidad de canibalismo, no es la hipotética causa de guerra cruenta o cambio de régimen que se mantienen -a duras penas- como casos posibles, sino una reivindicación instrumental de los hechos, que desplace la exención de condenas por algún tipo de fenómeno mágico de origen desconocido a una invalidación de las sentencias que declararon inconstitucionales y nulas las leyes del 6 y 7 de septiembre de 2017, y los acuerdos sucesivos de la Cámara en claro ultra vires y por contradicción con los artículos 1 y 2 de la Constitución. En ese camino llevamos ya puestos una larga lista de indultos, una modificación de la mitad del Código Penal y ahora una medida no prevista ni deducible de la Constitución, y propia del Derecho medieval.
¿Cuál es el motivo? Entre otros, que con esta Constitución y esas sentencias vigentes no es posible un hipotético reconocimiento internacional, ni siquiera interponiendo una ley del Parlament, sencillamente, porque el Parlament no puede acordar nada de lo que acordó y porque el Derecho Internacional no reconoce vías de hecho. No tiene absolutamente nada que ver con la gracia, ni con la reconciliación, sino con la deslegitimación de las sentencias contra el procés, posiblemente, para allanar el camino en el Tribunal Constitucional a otra perturbación atmosférica, el referéndum, previa una ley de solución del conflicto. En resumen, una invalidación legislativa de unas sentencias por una vía indirecta, provocando y auspiciando una revocación de su doctrina. Si se amnistían los hechos, dicen, se invalidan las sentencias. Pero esas sentencias no hay quien las invalide, como la Constitución no se puede reformar por el Parlament.
Insisten los independentistas en esta secuencia de dos escalones, y hay que estudiar siempre atentamente sus manifestaciones. No niegan, afirman, que lo que se pretende es la independencia. La exclusión de la ley aplicable, que es de lo que se trata, tiene una primera etapa en la vertiente penal, pero lo que busca es eliminar de la realidad jurídica el tajante rechazo de las pretensiones de secesión por la mayoría de una parte de una unidad política, utilizando la vía de una votación y con una predeterminación oportunista por los promotores del territorio y de la población afectados. Por eso es preludio, pasado relevante y prólogo. Porque, exceptuada la aplicación de la ley una vez por la amnistía, la puerta queda abierta a exceptuarla de nuevo con una versión novedosa de lo que atañe a un derecho supuesto a decidir, o a otra vía de hecho, como una declaración unilateral de independencia. Por nombres que no sea.
En el supuesto conflicto de legitimaciones que en los últimos años se produce por la introducción del derecho a decidir, del derecho de separación o de la autodeterminación, se da la circunstancia de que se prescinde por completo del individuo y de sus derechos, pues pretende, entre otros y sin preocupación alguna, el efecto de la pérdida de la nacionalidad y de la expropiación de sus derechos por mayoría del 50,01% a favor. En ese esquema, la Ley de Amnistía tiene un propósito de precedente y de legitimación. Y lo intenta por la exclusión de la antijuridicidad de unos hechos a través de un mecanismo técnicamente perverso, en el sentido de la manipulación deliberada del concepto constitucional de ley, a lo que se une la disponibilidad complaciente de los procedimientos de aprobación por las Cámaras.
La amnistía, una medida ejecutiva de perdón no prevista en la Constitución, abre el espacio a una impunidad selectiva. Entrar en el debate sobre qué tipo de delito es o no amnistiable no tiene sentido cuando la causa, el móvil y el tipo penal no existen o se abren de tal forma que, en realidad, se está hablando de una potencial ampliación de la impunidad a cualquier delito del Código Penal. En cuanto a la primera, el cambio de régimen no existe y la situación de conflicto armado tampoco. Lo que da lugar, paradoja suprema, a la aplicación de un Derecho penal de autor, rechazado por los penalistas, salvo por la alemana Escuela de Kiel, que lo elaboró, situó y justificó en un periodo negro de la historia europea.
La amnistía es un eslabón de la excepción, de un Derecho excepcional que se inicia en 2014, y que se agrava en 2017, como una especie de Constitución bis que pretende sustituir a la vigente. Por ella cesa la vigencia del Derecho, pero no por incluir este u otro delito en la amnistía, sino por suspender la vigencia del Derecho no excepcional, que se considera un obstáculo formal a remover, un simple límite engorroso. Ahí cae todo -Constitución, leyes, normas reglamentarias, acuerdos- bajo el descubrimiento de una situación excepcional pero permanente, un “conflicto”, la invocación de un fantasma. Para ello, el lenguaje pierde su sentido. El sostener que todo se hace respetando completa o escrupulosamente la Constitución es una frase hecha; más bien deshecha por el uso.
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