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De la Hacienda autonómica a los reinos de taifas; por Ignacio Zubiri Oria, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco; Carlos Monasterio Escudero, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo y Ángel de la Fuente Moreno, director de Fedea

05/02/2024
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El día 5 de febrero de 2024 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de Ignacio Zubiri, Carlos Monasterio y Ángel De La Fuente en el cual los autores consideran que ceder el 100% de impuestos a Cataluña conllevaría la renuncia del Gobierno central a recaudar en un territorio que representa casi el 20% del PIB de España.

DE LA HACIENDA AUTONÓMICA A LOS REINOS DE TAIFAS

La cuestión de cuál va a ser el sistema de financiación de Cataluña en el futuro está, a fecha de hoy, abierta. Por ello es buen momento para, tomando como referencia la demanda nacionalista de cesión del 100% de los impuestos, reflexionar sobre las implicaciones de una reforma que, aunque no se lleve hasta ese extremo, abriría una deriva confederal que podría ser muy costosa para la mayoría de los ciudadanos de las Comunidades Autónomas de régimen común.

Aunque la propuesta de cesión del 100% de los impuestos se intenta justificar en términos del avance hacia una mayor autonomía fiscal, resulta obvio que el objetivo último no difiere del llamado “pacto fiscal” formulado en 1999 por Artur Mas, cuya finalidad declarada era reducir el saldo de la balanza fiscal de Cataluña.

Ceder el 100% de todos los impuestos a Cataluña supondría un cambio radical de modelo que conllevaría una renuncia del Gobierno central a recaudar impuestos en un territorio que representa casi el 20% del PIB de España. Como actualmente ya no recauda impuestos en las Comunidades Forales, resultaría que el Gobierno central habría renunciado a recaudar impuestos en casi el 30% más rico de su territorio. Esto imposibilitaría que el Gobierno central pudiera realizar una función estabilizadora efectiva y pondría en riesgo todas sus políticas, que dependen de la recaudación de la Hacienda central. Que un Gobierno central no pueda recaudar impuestos en una región de su país es, de hecho, una rareza que no ocurre en ningún otro país del mundo.

Peor aún, si este modelo se extendiera a todas las CCAA (se supone que quienes lo ven lleno de bondades no se opondrán), resultaría que el 100% de los impuestos acabaría en manos de las Haciendas autonómicas y que la Hacienda central dejaría de tener recursos tributarios propios, lo que dejaría al Estado en una posición de extrema debilidad, sin los instrumentos necesarios para ejercer sus competencias constitucionales, incluyendo la estabilización macroeconómica y la preservación de la cohesión social y territorial del país.

Aunque no se proclame de modo expreso, el objetivo esencial de la propuesta parece ser la obtención, por la puerta de atrás, de un equivalente al sistema foral que permita a Cataluña aumentar sustancialmente sus recursos propios a costa de reducir su aportación a la solidaridad territorial y a la financiación de los servicios comunes del Estado. Esto, además de desmantelar el sistema actual de financiación de las CCAA, hará que la Comunidad de Madrid quede como financiadora casi exclusiva de la solidaridad entre comunidades y tenga que cargar con una parte desproporcionada del coste de las políticas generales del Gobierno central. En función de las medidas que se tomen, es muy probable que CCAA que ahora son beneficiarias de la solidaridad interterritorial pasen a ser contribuyentes. Ante esto, ¿qué harán estas comunidades autónomas? Si Madrid, por ejemplo, pidiera el mismo sistema que Cataluña, ¿qué argumento ético, o incluso jurídico, habría para negárselo? Y si se le niega, ¿cuál podría ser la reacción de la ciudadanía? Abrir la vía de un nuevo tratamiento fiscal para una comunidad autónoma es un ejercicio de consecuencias imprevisibles.

Además, la notable pérdida de recursos que experimentaría la Hacienda central pondría en cuestión la aportación estatal a las pensiones, el mantenimiento de los actuales servicios educativos y sanitarios y la prestación de servicios sociales en las regiones españolas de menor renta. Quizá el discreto encanto del federalismo asimétrico se vea muy disminuido cuando los ciudadanos perciban que por esa puerta se cuelan la sanidad asimétrica, la educación asimétrica y otras diferencias en la calidad de los servicios básicos del Estado de Bienestar.

Por otra parte, ceder la gestión de los impuestos a Cataluña supone, muy probablemente, iniciar el desmantelamiento de la actual Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con la cesión a Cataluña y posiblemente a otras CCAA de sus medios materiales y humanos. Se renunciaría así a buena parte de los beneficios derivados de unas bases de datos unificadas y de unas normas de gestión uniformes en términos de eficiencia y de control del fraude. Podrá alegarse que sería posible arreglar lo anterior con la oportuna coordinación. Pero hay que advertir que en el mejor de los casos la coordinación es costosa, supone retrasos temporales en el cruce de datos y muy frecuentemente está sujeta a limitaciones e interrupciones por motivos políticos. Cambiar un modelo que funciona por un arriesgado salto al vacío no nos parece una buena idea. No queremos decir que en el funcionamiento actual de la AEAT no existan aspectos mejorables; lo que no creemos en absoluto es que su parcelación entre comunidades autónomas sea una medida adecuada para avanzar en la mejora deseada.

Más allá de los problemas de gestión y probablemente de aumento del fraude, si se da a Cataluña la capacidad para diseñar los impuestos que se le cedan, es probable que se produzca una competencia fiscal con el resto de España, especialmente si se cede el impuesto de sociedades. En este caso habrá, además, un aumento de los costes de cumplimiento de las empresas.

Finalmente, queremos hacer constar nuestra preocupación ante la deriva hacia una mayor complejidad y falta de transparencia de un modelo de Hacienda descentralizada que ya es altamente complejo. Al lado del sistema común de financiación tenemos ya el sistema foral vasco-navarro y el régimen especial de Canarias, a lo que ahora se añadiría una nueva modalidad de modelos de cesión al 100% que se negociarían bilateralmente con los territorios que lo soliciten. Iniciar este proceso supondría un grave riesgo de quiebra del principio de igualdad en materia tributaria y de financiación autonómica que abriría (aún más) la puerta a la existencia de privilegios económicos y fiscales para ciertas regiones. En un sentido muy real, estaríamos emprendiendo el camino de vuelta hacia la España de los reinos de taifas. ¿Es eso realmente lo que queremos?

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