MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Cabe recordar que este proyecto ya fue aprobado en abril de 2023 a propuesta de la anterior ministra de Justicia, Pilar Llop, pero decayó al disolverse las Cortes por el adelanto electoral.
El actual ministro ha indicado que la aprobación por parte del Gobierno permite ahora desarrollar un derecho fundamental que ya recoge el artículo 24 de la Constitución Española y que busca una mejora en el derecho a la tutela judicial efectiva porque incorporará la jurisprudencia existente y que era de aplicación hasta la fecha.
En este sentido, ha indicado que han considerado necesario "regular ese derecho a la defensa mediante ley orgánica para que incluya ese alcance establecido por los tribunales en sus sentencias. Y ha apuntado que consideran que debe ser una ley de "consenso" que cuente con un apoyo parlamentario "muy amplio y muy masivo" porque lo que busca "es garantizar derechos".
Bolaños ha enfatizado que en la redacción han participado diferentes operadores jurídicos y en particular la abogacía ya que en esta ley los letrados "ven reconocidos muchos derechos" en su papel de "asistentes" letrados de los ciudadanos.
"Los objetivos de la ley son dos: el primero es reconocer las garantías que corresponden a los ciudadanos como titulares del derecho a la defensa, y el segundo es garantizar también su salvaguarda, es decir, que los profesionales que ejercen este derecho a la defensa, particularmente los letrados y letradas, también tengan un elenco que sea sencillo, que sea claro, que sea fácil de explicar, como hace la ley". Al hilo, ha apuntado que la norma también recoge las obligaciones deontológicas de la abogacía.
Por otro lado, ha explicado que lo que se busca además es que los ciudadanos tengan garantizado "el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, a tener audiencia en todos los procedimientos judiciales que le afecten, a la invariabilidad de las resoluciones judiciales o a utilizar medios de prueba, entre otros". "También al derecho a la indemnidad, tan importante en algunas facetas, en algunos órdenes como el social, de que no pueda haber represalias por haber iniciado acciones judiciales", ha añadido.
LAS VÍAS EXTRAJUDICIALES
El ministro ha subrayado en su intervención que la norma incluye también otras novedades como que extiende el derecho de defensa "a las vías extrajudiciales de resolución de conflictos". "Esto es una línea estratégica del trabajo del Ministerio de Justicia para poder desatascar tantos asuntos y tantas dilaciones que se producen lamentablemente en el servicio público de justicia. Vamos a hacer una apuesta clara por los medios adecuados de solución de conflictos", ha enfatizado.
A esto, ha sumado que también busca la adaptación de este derecho a la existencia de medios electrónicos y a la existencia de la vía telemática, y que reconoce "el derecho a los ciudadanos a que se puedan comunicar con la Administración de Justicia en un lenguaje claro, sencillo, comprensivo y accesible", algo para lo que "será necesaria formación también para los jueces y magistrados".
Asimismo, ha indicado que con la ley se amplía la asistencia jurídica gratuita que se concede a las personas con dificultades económicas dado que desde su aprobación incluirá a todas las personas vulnerables. Es decir, se amplía el derecho a la asistencia jurídica gratuita al colectivo de las personas en situaciones de especial vulnerabilidad. "También obligamos a todas las sedes judiciales (...) a que sean sedes completa y universalmente accesibles para las personas con discapacidad", ha señalado.
NUEVO IMPULSO AL TEXTO
En nota de prensa, el Ministerio de Justicia explica que con la aprobación de este martes "el Gobierno da un nuevo impulso a este texto, ya que se encontraba en tramitación parlamentaria en la anterior legislatura y decayó con la convocatoria de elecciones generales".
Indica que se trata de una norma "pionera" en Europa, cuyo objetivo es dar seguridad tanto a ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de su derecho a la defensa como a los profesionales de la abogacía en el ejercicio de su labor, estableciendo un régimen de garantías y deberes.
Y subraya que el núcleo de la norma desarrolla el derecho de defensa en sus distintas dimensiones, como el derecho a recibir asistencia jurídica adecuada y de calidad, la libertad de elegir, renunciar y sustituir al profesional que presta la asistencia, y el derecho de las personas a ser oídas o informadas en detalle de todo lo relativo a su procedimiento.
