POLÍTICA FICCIÓN
En España, como se demostró la semana pasada con la esperpéntica aprobación in extremis de dos de los tres reales decretos -leyes presentadas por el Gobierno- gracias a la abstención de Junts, podemos decir que hemos entrado ya de lleno en la fase de la política-ficción. Nada es lo que parece: no hay un Gobierno con una sólida mayoría detrás que pueda aguantar toda la legislatura, y la entrevista que ha concedido de Pedro Sánchez a El País para afirmar lo contrario es, probablemente, la mejor prueba de que es así. Tampoco hay una mayoría “de progreso” digna de tal nombre: ni las contrapartidas que obtienen los grupos minoritarios son políticamente razonables -o incluso viables desde un punto de vista técnico-jurídico- ni las políticas sociales o el temor a un gobierno con Vox pueden servir de excusa para tanto despropósito.
Más allá de los relatos oficiales, cada vez más agotados, y que resuenan en una especie de cámara de eco, la realidad se impone a la ficción, como ocurre inevitablemente. Y la realidad es que el Gobierno tiene una mayoría muy precaria, básicamente porque depende de una miríada de partidos, algunos enfrentados entre sí; y, muy en particular, de un partido reaccionario de derechas que, además, es profundamente impredecible. La agenda de Junts ni tiene nada que ver con la del Gobierno de España -con independencia de quién lo ostente- ni, lo que es peor, tiene nada que ver con la realidad, ya sea la catalana o la española. Pero lo que resulta curioso es que alguien se pueda sorprender a estas alturas del comportamiento errático de un partido cuyo líder se fugó del país, se considera exiliado político y represaliado de un Estado opresor franquista, y preside el gobierno de una república imaginaria. Considerar a Junts a estas alturas como un partido más, que sujetará su comportamiento a algún tipo de estrategia previsible es, simplemente, quererse engañar, ya lo haga el presidente del Gobierno o el líder de la oposición.
Por tanto, que el quinto partido de Cataluña, que no llega al 2% de los votos a nivel nacional, haya decidido someter al Gobierno de Pedro Sánchez a todo tipo de exigencias sacadas del rico imaginario independentista no es de extrañar: no tiene nada que perder y más bien mucho que ganar, dada su competición con el otro partido independentista un poco más convencional, ERC. Que es, por cierto, el que gobierna la comunidad autónoma realmente existente.
Ahora bien, que con estos mimbres haya pensado el presidente del Gobierno que podría construir un proyecto mínimamente estable da mucho que pensar. Probablemente la única explicación razonable es que no se haya pensado. No había y no puede haber un proyecto de gobierno: ya sabemos que la instalación en el presentismo y el cortoplacismo es el signo de los tiempos. Desde el “hacer de la necesidad virtud” al “bien está lo que bien acaba”, la impresión que traslada el presidente de Gobierno es que se trata de aguantar lo que se pueda e intenta convencer a quien se deje de que, al final, tampoco será para tanto.
Pues bien, esta forma de gobernar es muy preocupante, y sí que es para tanto. El coste es enorme, en primer lugar, en términos de seguridad jurídica, pero también de derechos y libertades de los ciudadanos. Se hacen reformas importantes a la carrera, sin consenso, sin rigor. Para empezar, se legisla sin seguir un procedimiento legislativo con todas las garantías y a golpe de decretos leyes -supuestamente reservados para situaciones de extrema y urgente necesidad- sobre materias como la reforma de la Administración de Justicia o la reforma de la función pública, sobre las que debería buscarse un consenso muy amplio. Se degrada de forma insoportable la función parlamentaria. Se convierte al Congreso en mera comparsa -aunque al final se tramite el decreto ley como un proyecto de ley- y se obvia que no se pueden hacer modificaciones estructurales a golpe de improvisación, con corta-pegas y sin las mínimas garantías de un procedimiento legislativo ordinario. Hemos visto también el peligro de que su falta de convalidación -en bloque- produzca efectos muy negativos para los derechos e intereses de los ciudadanos o, simplemente, desde el punto de vista de la efectividad de las políticas públicas. Así ni se legisla ni se gobierna en un país serio.
La pregunta del millón es: ¿por qué se hacen las cosas tan mal? Ciertamente otros gobiernos han abusado mucho del decreto ley, pero ninguno como los gobiernos de Pedro Sánchez. Y la contestación más obvia es, sencillamente, que el Gobierno no tiene una mayoría digna de tal nombre, y prefiere evitar una tramitación en el Parlamento que pondría de manifiesto esta situación y podría abocarlo a situaciones comprometidas. Recordemos sin ir más lejos que la “histórica” reforma de la legislación laboral se aprobó por el error de un diputado del PP en la legislatura anterior, en la que el Gobierno tenía una mayoría más holgada. Es más fácil someter al Congreso a una especie de trágala, dado que el decreto ley exige tener que votar a favor -o en contra- de todas las medidas que se incluyan, que suelen ser absolutamente variopintas. Si, como es fácil, dentro de la salchicha hay alguna medida “social”, los que voten en contra se verán sometidos a la inmisericorde acusación de enemigos del pueblo.
En suma, cuando estamos hablando de reformas exigidas por el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, como ocurre con el Real Decreto Ley 6/2023 -y dado que los fondos europeos son el único incentivo que tienen los gobiernos españoles para hacer reformas-, podríamos exigir un poco más de seriedad.
Por si esto fuera poco, para conseguir la aprobación agónica de estas normas y evitar una derrota política que el presidente percibía como insoportable, ha hecho falta hacer nuevas concesiones a Junts. Lo más interesante es que los decretos leyes podían haberse pactado perfectamente con otros partidos si se hubieran hecho las cosas mejor. Sería lo razonable, dado que hablamos de reformas estructurales relevantes que se van a prolongar y tendrán que aplicar los gobiernos sucesivos, y que condicionan la recepción de fondos europeos. Pero ya sabemos que en tiempos de polarización parece imposible alcanzar pactos entre los grandes partidos, que son los únicos que pueden llegar a gobernar, por cierto. A cambio, hay barra libre para pactar con partidos minoritarios cuyo interés en la buena marcha del gobierno de España es inexistente. Como dicen Ziblatt y Levitsky en su nuevo libro, La tiranía de la minoría, hemos pasado de la tiranía de las mayorías a la de las minorías. Todo un avance.
Con las concesiones a Junts, de nuevo entramos en el terreno de la política-ficción, como cuando hablamos de mesas de negociación, estados opresores, intermediarios extranjeros u otras exigencias extraídas de la ensoñación independentista, pero que, de forma muy preocupante, empiezan a trasladarse a nuestro Derecho positivo. De hecho, ya lo están siendo en la Proposición de Ley de Amnistía, cuya Exposición de Motivos recoge exquisitamente la versión independentista del procés. Me temo que a partir de ahora empezaremos a encontrar huellas de obsesiones independentistas en otras normas jurídicas, ya se trate de balanzas fiscales, blindajes de la amnistía frente a cuestiones prejudiciales; o, la última, delegaciones o transferencias de competencias en el ámbito de la inmigración. Mientras nos movemos en la evanescencia de la política, es fácil que cada parte contratante dé una versión diferente de lo pactado: el problema es que alguna parte se traslade al Derecho positivo, donde es difícil mantener la ficción y el doble juego.
Esto es quizás lo más preocupante de todo. Que se admita que se puede convertir en normas jurídicas más o menos aplicables las exigencias de una minoría que está muy alejada del sentir mayoritario de la ciudadanía, que se obstina en negar la realidad y sustituirla por sus ensoñaciones o sus mantras a golpe de BOE. Con esto, se introduce un poderoso disolvente en el Estado de Derecho, que va más allá de la inseguridad jurídica o de la defectuosa calidad técnica de nuestras normas, más arriba denunciadas: me refiero a la conexión que existe entre el Derecho y la realidad y entre el Derecho y la justicia.
Pensar que todo esto no tiene coste alguno o que no es para tanto es vivir en una burbuja similar a la que debe de rodear al presidente del Gobierno.
