MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
+
Los magistrados de la Sala Segunda han concluido por unanimidad que se ha vulnerado el derecho de la familia a la tutela judicial efectiva toda vez que no puede considerarse que la decisión de acordar el sobreseimiento provisional y archivo de la causa se hiciera conforme con las exigencias de una investigación judicial suficiente y eficaz.
La decisión de archivo se fundamentó en que de lo investigado no resultaba dato alguno que apuntara a que los policías encargados de la vigilancia en calabozos actuaran con falta de diligencia en el suceso autolítico que acabó con el fallecimiento del detenido.
El Constitucional, sin embargo, ha afeado que se dejara de practicar durante la instrucción las diligencias indagatorias propuestas en tiempo y forma por la familia -que ejercía la acusación particular-- y por la Asociación de Juristas Gitanos --a cargo de la acusación popular-- que podían "resultar adecuadas para el mejor esclarecimiento del suceso".
Según ha precisado la corte de garantías, una de las diligencias que reclamaban era que se determinara si el riesgo de suicidio del detenido era real e inmediato y si los agentes de policía encargados de su custodia hicieron cuanto era posible para evitar que ese riesgo se materializase o incurrieron en algún tipo de responsabilidad por los hechos investigados.
Así las cosas, la Sala Segunda --en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo-- ha anulado las resoluciones impugnadas y ha ordenado que se continúe con la investigación, "a fin de que el juez instructor lleve a cabo la práctica de las diligencias indagatorias necesarias para satisfacer la exigencia constitucional de una investigación judicial eficaz y suficiente, en un suceso tan grave como es la muerte violenta de un detenido en dependencias policiales".
