MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Fuentes del CGPJ señalan a Europa Press que la razón principal para solicitar prórroga es que con los plazos actuales no daba tiempo a que el informe estuviera listo antes del próximo Pleno del Consejo, previsto para el 25 de enero.
A ello suman otra razón de fondo y es la necesidad de conocer el texto definitivo antes de que el CGPJ se pronuncie, ya que la proposición de ley registrada por el PSOE aún está abierta a enmiendas parciales.
El CGPJ se pronunciará por petición expresa del Senado. Fue el pasado diciembre cuando la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, acordó pedir informes tanto al CGPJ como al Consejo Fiscal, a pesar de que en este caso, al tratarse de una proposición de ley, no es obligatorio recabar la opinión de los órganos consultivos. De haber sido un proyecto de ley, sí habría sido preceptivo.
La Comisión Permanente valoró en su día dicha petición y accedió a emitir informe, designando como ponentes del mismo a la vocal progresista Mar Cabrejas y al vocal conservador Wenceslao Olea.
UNA "ABOLICIÓN" DEL ESTADO DE DERECHO
El pasado 6 de noviembre, el CGPJ se pronunció por primera vez sobre la ley de amnistía que entonces negociaba el PSOE con Junts y ERC para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. Lo hizo a través de una declaración institucional aprobada por su Pleno donde advertía de que, si se aprobaba una ley en ese sentido, supondría la "abolición" del Estado de Derecho.
Entonces, aún no se conocía el texto de la futura ley de amnistía, lo que provocó una división interna entre los bloques conservador y progresista del CGPJ. Tras anunciarse el acuerdo PSOE-Junts, la Comisión Permanente se reunió de urgencia para expresar su "frontal oposición" a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto 'lawfare' y anticipó que actuaría por "los cauces legalmente establecidos" si llegaran a materializarse.
Ya registrada la proposición de ley en el Congreso de los Diputados, la Comisión Permanente volvió a reunirse el pasado 5 de diciembre a petición de vocales conservadores, los cuales pretendían que el órgano ejecutivo rechazara expresamente las declaraciones de Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el 'lawfare'.
Sin embargo, la Comisión Permanente se limitó a ratificar su declaración inicial sobre las comisiones de investigación parlamentarias, advirtiendo de que se mantendría "vigilante", algo que los vocales conservadores consideraron insuficiente.
