MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Los funcionarios iniciaron el pasado abril una huelga que fueron endureciendo hasta que acordaron suspenderla en julio, debido al adelanto de las elecciones generales, con la reivindicación principal de lograr un incremento retributivo en línea con el obtenido por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) tras su propia huelga en 2023, de hasta 450 euros brutos al mes.
En todos esos meses, las negociaciones entre el comité de huelga y los ministerios de Justicia y Hacienda no llegaron a arrancar, pero con la formación del nuevo Gobierno el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, les convocó a reuniones individuales el pasado 20 de diciembre para una primera toma de contacto que acabó con el compromiso de "abrir" las conversaciones formales este enero.
La semana pasada, el departamento que ahora dirige Félix Bolaños convocó a los cuatro sindicatos para este 10 de enero para constituir la mesa de negociaciones empezando por tres asuntos: "analizar el impacto de las nuevas leyes de eficiencia en el trabajo que realizan los funcionarios", determinar las condiciones básicas de teletrabajo y pactar un calendario de reuniones.
Desde CCOO afearon a Justicia que en este primer encuentro soslaye las principales reivindicaciones, esto es, la mejora salarial; las nuevas funciones que asumirá cada cuerpo de funcionarios con las leyes de eficiencia; negociar el real decreto para regular la carrera profesional; y un plan para recuperar los atrasos producidos por la huelga y de los descuentos efectuados a quienes la secundaron.
Comisiones Obreras ya advirtió entonces de que retomarían las movilizaciones si Justicia no atiende con carácter "inmediato y preferente" el núcleo duro de sus demandas.
"BUENA DISPOSICIÓN"
En la misma línea, CSIF --el sindicato mayoritario en la administración de justicia-- ha avanzado este martes en un comunicado que en la reunión exigirá al Ministerio que presente una propuesta para "lograr a un acuerdo que incluya una subida salarial" y "una clarificación de las funciones", además de analizar el "impacto de las leyes de eficiencia en el trabajo diario".
CSIF ha reiterado su "buena disposición" para llegar a un acuerdo sobre "el diseño y desarrollo de las medidas necesarias para el proceso de transformación y modernización que requiere nuestra administración de justicia".
Sin embargo, ha recalcado que "para ello es necesario contar con la participación real y efectiva de todo el personal de esa administración y un calendario ágil de negociación".
"CSIF está dispuesto a agotar la vía de la negociación pero advierte de que, si este camino no lleva a la solución del conflicto que arrastramos desde la pasada legislatura, no quedará más remedio que retomar las movilizaciones".
Cabe recordar que el incremento retributivo que reclaman los 45.000 funcionarios de la administración de justicia representaría unos 200 millones de euros, frente a los 46,7 millones que supuso la subida salarial conseguida por los cerca de 8.000 jueces y fiscales --que amenazaron con una huelga que no llegaron a materializar-- y los 22,7 millones que obtuvieron los 4.000 LAJ tras tres meses de parón.
