MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
De esta forma, el Defensor del Pueblo ha preguntado al Banco de España y a la Secretaria de Estado de Economía si están llevando algún tipo de actuación sobre las entidades que conceden este tipo de créditos de pequeño importe. También ha preguntado si se ha emitido alguna directriz aplicable a los microcréditos.
La oficina de Ángel Gabilondo inicia esta actuación tras haber recibido quejas de ciudadanos por los "elevados intereses" y por los plazos breves para devolver las cantidades concedidas. El Defensor del Pueblo indica además que la mayoría de estos productos se comercializan por parte de empresas que no son entidades de crédito.
Asimismo, el Defensor del Pueblo quiere conocer si está previsto que la futura Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero incluya entre sus competencias la protección de los clientes en las reclamaciones derivadas de la contratación de estos productos.
En opinión del organismo que lidera Gabilondo, "no parece" que exista una normativa específica que discipline su actuación, más allá de la protección de consumidores o las previstas en el Código Civil y el Código de Comercio. Además, ha puesto el acento sobre que los préstamos se suelen conceder de manera casi automática, sin realizarse análisis de riesgos o solvencia, o que lleva a algunos clientes a una situación de sobreendeudamiento.
Esta situación se agrava por el hecho de que este tipo de préstamos suele estar dirigido a un tipo de consumidores que ya están atravesando situaciones económicas "difíciles".
