Son tiempos inequívocamente convulsos e inciertos, caracterizados por la extensión del temor y la miseria, el retroceso vertiginoso de la democracia y las libertades, en amplias partes del mundo y por la creciente degradación del planeta. También son tiempos profundos para construir un futuro común para la humanidad en términos de esperanza, progreso y prosperidad. Ciertamente, en muchas regiones del mundo, la vida de numerosas personas se desenvuelve marcada por la pobreza ultrajante, por el retorno del fuego de la ira y el odio, por la frustración, la desolación y la desesperanza. El autoritarismo subsiste como objeto inamovible, y crece el asedio a las democracias que se ven amenazadas por fuerzas disgregadoras, autocráticas y totalitarias, sustentadas en el fanatismo, la demagogia y la polarización extrema.
Tenemos la convicción de que no hemos avanzado lo suficiente en el objetivo de liberar a la humanidad de las servidumbres de la guerra que lastraban el avance de las democracias, tal como preconizaban Eleanor Roosevelt y René Cassin, promotores y artífices de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Hemos fracasado en garantizar el derecho de todas las personas a una vida digna, en trazar la senda por la que debíamos transitar con la esperanza de vencer la tiranía, la intolerancia, la desigualdad, y transformar ese anhelo en realidad política y jurídica, en progreso económico y social. Por ello, transcurridos 75 años desde la proclamación de la Declaración Universal cobra sentido que nos formulemos los siguientes interrogantes: ¿cuál sigue siendo el valor, la fuerza e influencia ideológica de la Declaración Universal? ¿Qué compromisos deben asumir la comunidad internacional, los gobiernos nacionales, las corporaciones y la sociedad civil, para incrementar el peso de la Declaración Universal en la cotidianidad de nuestras vidas?
El mundo ha cambiado profundamente en los últimos 75 años. La globalización y la revolución tecnológica han transformado nuestros modos de vida. Han contribuido a generar prosperidad, pero, negativamente, a crear más espacios de indignidad social y desigualdad. Luchar contra las desigualdades económicas y sociales sigue siendo una prioridad inaplazable de la agenda global. No podemos permanecer indiferentes ante el padecimiento de más de 3.500 millones de personas que viven despojados de las condiciones indispensables para llevar una vida digna. La lucha contra las desigualdades (y singularmente en favor de la igualdad de género) constituye un imperativo ético y moral. Todos los seres humanos tienen pleno derecho a que se les garanticen los derechos económicos que sustentan una vida liberada de la miseria.
La Declaración Universal no preconizaba un gobierno mundial. Pero, en la actual coyuntura, se pone de manifiesto la necesidad de definir los nuevos paradigmas que deben regir la recomposición del nuevo orden internacional multipolar, que debe fundamentarse en la cooperación leal y en la reafirmación del valor universal de los derechos humanos, en consonancia con la emergente vocación cívica de la sociedad global comprometida en la construcción de un mundo más solidario y fraternal. El tránsito hacia un gobierno mundial reforzado puede paliar los déficits apreciables en la gobernanza global que resulta incompatible con la persistencia de instituciones globales frágiles, incapaces de mantener y asegurar una paz justa y duradera en todas las áreas del mundo. Para ello, es indispensable revitalizar la gobernanza de las instituciones globales, particularmente, Naciones Unidas y las agencias especializadas.
La conservación del planeta es también un desafío global que, aunque no se contemplaba en el texto articulado de la Declaración Universal, resulta incuestionable que el thelos de la Declaración promueve dar una respuesta global en términos políticos, éticos y jurídicos, a la situación de emergencia climática, de barbarie e inseguridad medioambiental que sufrimos. El respeto a la naturaleza, la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático no puede esperar, porque está en riesgo la propia resiliencia de la especie humana. Detener la barbarie de la guerra, frenar el desplome de las democracias, combatir el malestar global, sigue siendo el grito que emerge de la Declaración Universal de 1948, capaz de movilizar a toda la humanidad.
Cuando conmemoramos el 75.º aniversario de su adopción, consideramos que este documento, base del Derecho Internacional contemporáneo, mantiene su vigencia y actualidad como receptor de los valores indisociables de dignidad de la persona humana, libertad, igualdad y no discriminación, solidaridad y justicia social, y paz, en el que se define el estatuto universal de los derechos humanos. Sigue conservando la atracción y la fuerza ideológica referencial del núcleo de valores, principios y derechos democráticos, cuyo respeto y protección posibilita el advenimiento de un futuro en esperanza que permita hacer de nuestro mundo un auténtico y verdadero hogar para todos.
