MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
Según defiende Moncloa, la Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas examinó el citado decreto-ley del Gobierno de Aragón apreciando la existencia de motivos de inconstitucionalidad en relación a varios artículos y disposiciones y el Consejo de Estado aprecia en su dictamen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición del recurso.
En concreto, se impugnan los artículos 4; 5, apartados 1, 2 y 4; 6; 7, apartados 1, 2 y letras a), b) y c) del apartado 3; 12; apartado 2 en cuanto al inciso "Las redes interiores podrán establecerse en cualquier nivel de tensión a efectos de autoconsumo" y 3, en cuanto al inciso "y a establecer y operar redes interiores de cualquier nivel de tensión para establecer sistemas de autoconsumo"; 13, apartados 2, 3 y 4; 19; 22.2; 33; 38; 39; 40, apartados 2 y 3; 59; la disposición adicional cuarta; la disposición adicional quinta; y la disposición transitoria tercera, del Decreto-ley 1/2023, de 20 de marzo, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón.
Se invoca igualmente la suspensión en relación con los preceptos impugnados, ya que pueden poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico y del régimen económico del mismo, especialmente, si se generalizaran sus previsiones al conjunto de las comunidades autónomas.
