¡HAY JUECES EN MADRID!
El lema “hay jueces en Berlín” se ha convertido en un aforismo que sintetiza el ideal que sostiene la bóveda de todo Estado de Derecho: el control judicial del poder como garantía del imperio de la ley. Como nos recordaba en estas páginas el profesor Manuel Aragón, el origen de esta expresión se encuentra en una historia fabulada que, con diferentes versiones, cuenta cómo un molinero prusiano se enfrentó al intento del rey Federico II el Grande de expropiarle arbitrariamente su molino indicándole que podía defender sus derechos ante los jueces de Berlín.
Y eso es, precisamente, lo que de forma real (y no fabulada) ha resuelto el Tribunal Supremo en sendas sentencias que nos han recordado que, todavía, ¡hay jueces en Madrid! Me refiero, por un lado, a la sentencia de 21 de noviembre que anula la decisión del Fiscal General del Estado de ascender a su antecesora, la señora Dolores Delgado, al considerar que incurrió en desviación de poder; y, por otro lado, a la sentencia de 30 de noviembre que estima el recurso planteado por la fundación Hay Derecho contra el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, quien no cumplía el requisito legal de ser una “jurista de reconocido prestigio”. Ambas decisiones han sido adoptadas por unanimidad de la sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. A esta saga podrían sumarse otros casos recientes en los que el Supremo también anuló el nombramiento del Fiscal de Sala de Menores (sentencia de 18 de julio de 2023) o paralizó cautelarmente los nombramientos del presidente y adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos, en marzo de 2023, cuyos cargos habían pactado PP y PSOE, dando a conocer los nombres de los designados antes de que se abriera el concurso público previsto por la ley. En este último supuesto, tan manifiesto era el quebranto que el Gobierno tuvo que allanarse.
Estos casos nos recuerdan cómo la historia de la construcción del Estado de Derecho es, en buena medida, la crónica de una serie de avances normativos y de decisiones judiciales en esa “lucha contra las inmunidades del poder”, como escribiera el maestro García de Enterría, que han llevado a sujetar cualquier acto de un poder público al control jurisdiccional. Por ello, aunque estas decisiones de nuestro Alto Tribunal tienen algo de novedoso, sin embargo se incardinan “en la importante tradición de la jurisdicción contencioso-administrativa, dirigida a reducir las inmunidades del poder ejecutivo, procurando que las legítimas y necesarias apreciaciones y decisiones políticas de éste se hagan efectivas dentro de los linderos previamente marcados por el poder legislativo”, como ya sostuvo el Supremo en una célebre sentencia de 1994 en la que enjuició el nombramiento del Fiscal General del Estado realizado por el Gobierno. De hecho, lo único escandaloso en estos casos ha sido la reacción del propio Gobierno, que ha confirmado en su cargo al Fiscal General que ha visto desautorizados varios de los nombramientos que ha venido realizando y, sobre todo, que ha lanzado a algunos de sus ministros a cuestionar la legitimidad de una fundación privada dedicada a la defensa de la legalidad para recurrir los actos gubernamentales y la capacidad del Supremo para revisarlos. Parecería que el Gobierno quiere rescatar la vieja categoría de los actos políticos no susceptibles de revisión judicial, que tanto nos costó superar, pero que ahora vuelve a recuperar vigor sintonizando con las tendencias políticas que contraponen legitimidades legales a democráticas y que apelan al carácter soberano de lo que deciden los órganos políticos. Se olvida que solo es democracia auténtica la liberal, es decir, la que nace de la síntesis inescindible entre Estado democrático y de Derecho, aquella en la que, como reza nuestra Constitución, “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.
No hay, pues, injerencia alguna en la separación de poderes en ninguna de estas sentencias. O, por mejor decir, el único menoscabo a la separación de poderes es el que se atisba en unos ministros que, con la boca pequeña, dicen “respetar” las sentencias, pero luego inoculan en la opinión pública el virus de que en nuestro país hay una especie de lawfare o de persecuciones judiciales.
Tales intentos de descrédito de nuestro Alto Tribunal se topan contra un muro que ni siquiera las informaciones sesgadas sobre pretendidas mayorías conservadoras en los órganos judiciales logran agrietar. Porque el Tribunal Supremo, todavía hoy, está integrado por solventes magistrados, estos sí, juristas de reconocido prestigio, que podrán tener sus sensibilidades ideológicas, pero sobre los que nadie, de buena fe, puede dudar de que actúan como un órgano jurisdiccional imparcial. Para colmo, a la solidez de sus argumentaciones jurídicas suelen añadir que, tras profundas deliberaciones, sus sentencias se alcanzan en muchos casos con amplias mayorías e, incluso, por unanimidad, disipando así cualquier duda sobre las preferencias o afinidades individuales de sus magistrados.
Diría más: en este clima de descomposición político-institucional, creo que todavía nos quedan dos refugios: los jueces y tribunales, con el Supremo a la cabeza -excluyendo, por desgracia, al Consejo General del Poder Judicial, que lleva años no sólo bloqueado, sino capturado políticamente-, que actúan como baluartes del imperio de la ley; y la Corona, que en un entorno disruptivo y polarizado, donde cualquier discurso político suena a mitin, se erige como una reserva de institucionalidad que, desde la absoluta neutralidad, cumple con una importante función simbólica en aras de realizar el ideal de integración política sostenido en unos valores comunes que debemos preservar.
Pues bien, la independencia de nuestros altos tribunales, y en especial del Supremo, es lo que está en juego con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Urge salir del bloqueo, pero si los elegidos son soldados de partido estaremos hiriendo de muerte a nuestra ya maltrecha democracia.
Hemos de ser conscientes de que llevamos años -incluso décadas- sufriendo una grave enfermedad: la partitocracia, que se traduce en la colonización partidista de todo el espectro institucional, con el consiguiente desmantelamiento del sistema de pesos y de contrapesos, de frenos al poder, sin los cuales no puede sobrevivir una democracia liberal. Un mal que se ha acelerado en los últimos años.
El ejemplo más reciente y trágico lo hemos vivido con el Tribunal Constitucional. Si la renovación acordada por el Congreso en 2021 fue bautizada como el pacto de la “pinza en la nariz”, porque la designación de los magistrados constitucionales se convirtió en un juego de “tragar sapos” (Echenique dixit), un año después el Gobierno cruzaba importantes líneas rojas al nombrar a dos miembros de su Gobierno como magistrados. El prestigio profesional ha cedido su lugar a la afinidad política y la consecuencia, como era previsible, ha sido una profunda mutación del propio órgano, que parece responder más a la lógica política que a la jurisdiccional, como se aprecia en el recurrente alineamiento por bloques ideológicos de sus magistrados. Aquel que estaba llamado a ser la coronación del Estado constitucional de Derecho se encuentra hoy en alto riesgo de perder su credibilidad. Algo muy grave. Y si eso se traslada al Supremo será, reitero, letal. Como escribió Balzac, “desconfiar de la magistratura es un comienzo de disolución social”.
Por ello, no es exagerado advertir de que la supervivencia de nuestra democracia depende de que los dos principales partidos alcancen un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el magistrado que falta en el Tribunal Constitucional, respetando el espíritu constitucional que les exige buscar a juristas independientes del mayor prestigio. Entes de la sociedad civil como Hay Derecho o Más Democracia han realizado propuestas solventes para desbloquearlo a través de un sistema de sorteo con garantías. Hago votos por que así se haga: solo de este modo podremos seguir diciendo que todavía hay jueces en Madrid.
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