MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El texto, que ha sido remitido por Macías con el apoyo de varios vocales, pero sin que constituya una comunicación oficial del CGPJ, según aclaran las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, va dirigido a los presidentes de dichas instituciones comunitarias, así como al comisario de Justicia, Didier Reynders.
La comunicación, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, informa de que este viernes han tenido conocimiento de la presentación de una querella en su contra para que se proceda a su "persecución" como "criminales" por expresar la "opinión y preocupación" del CGPJ por "la degradación del principio de Estado de Derecho y la independencia de los tribunales españoles" en la citada declaración institucional.
Indica que el hecho de que los vocales afectados hayan conocido la noticia a través de la prensa, en vez de por cauces oficiales, "evidencia que la iniciativa se enmarca en el inicio de una campaña de desacreditación y linchamiento personal para impedir el ejercicio de nuestra función constitucional para la protección de la independencia de los tribunales".
"La extrema gravedad de los hechos que les acabo de explicar me obliga a ponerlos en su conocimiento para que, en el ámbito de su competencia, promueva la adopción de las medidas que considere posibles", señala Macías.
Y añade que, "más allá de este intento de aniquilación personal y moral de los vocales afectados", lo que les preocupa "es el extraordinario desprestigio para el Estado de Derecho en España y la desprotección que ello puede suponer para el ejercicio independiente de la labor de los jueces y tribunales".
A este respecto, recalca que el CGPJ se pronunció sobre la amnistía "con ocasión de los acuerdos adoptados entre partidos políticos para conseguir el apoyo parlamentario necesario para el nombramiento del actual presidente del Gobierno de España, que incluyen la tramitación de una ley para procurar la impunidad por la comisión de determinados delitos y el anuncio de constitución de comisiones parlamentarias para que los partidos políticos puedan investigar a jueces por supuesto 'lawfare'".
En los mismos términos, se ha dirigido a la presidenta de la Red Judicial Europea a fin de que "informe a los representantes y observadores de la Red para conocimiento de sus respectivos Consejos y los miembros del Poder Judicial de sus países".
QUERELLA CONTRA EL BLOQUE CONSERVADOR
Sumar ha presentado este viernes en el Tribunal Supremo (TS) una querella contra el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y los demás vocales conservadores por su "inaceptable intromisión" en la función legislativa del Congreso de los Diputados, al autorizar y participar en el Pleno extraordinario que propició la declaración institucional contra la amnistía.
La denuncia del grupo parlamentario, a la que también ha tenido acceso Europa Press, acusa a estos miembros del órgano de gobierno de los jueces de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, que conlleva inhabilitación para ejercer cargo público, por promover una resolución "ilegal", "arbitraria" y que excede las competencias del CGPJ.
En concreto, se dirige contra los ocho promotores de la declaración institucional --los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballesteros, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona--.
Y también contra Wenceslao Olea --que votó a favor-- y Guilarte, que optó por votar en blanco pero Sumar le apunta como cooperador necesario al permitir la convocatoria de la reunión, por lo que la querella señala a los diez vocales que forman el bloque conservador del CGPJ.
Ese Pleno extraordinario se celebró el pasado 6 de noviembre, cuando aún no se conocía el borrador de la amnistía ni se había registrado la proposición de ley en el Congreso de los Diputados, en plena fase de negociación entre el PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. En ese primer pronunciamiento, el CGPJ advertía de que supondría la "abolición" del Estado de Derecho.
Interrogado por dicha querella en el marco de un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, Guilarte ha expresado a la prensa su pesar al considerar que es una "maniobra política" que solo contribuye a "seguir generando tensión" en un momento en el que se busca la "pacificación" para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
