TELECOS: EN APARIENCIA, BIEN; EN EL FONDO, MAL
En apariencia, el sector está bien. Hay una pluralidad de operadores, que prestan sus servicios en mercados muy competitivos, crecientemente desregulados, a precios bajos. España es líder mundial en líneas de banda ancha fija, solo por detrás de Corea del Sur y Japón. Las redes 5G llegan a la mayor parte de la población. Está sólo pendiente su extensión a las zonas rurales, lo que se facilitará con un programa de ayudas públicas.
Sin embargo, la realidad es que las telecos europeas están mal. El problema es que nuestras empresas no ganan suficiente dinero y se descapitalizan. En 2019, las principales telecos europeas tenían una cotización bursátil semejante. A día de hoy, Deutsche Telekom vale un 46% más. En cambio, Telefónica vale un 42% menos. Telecom Italia, un 41 % menos. British Telecom, un 50 % menos. Vodafone, un 56 % menos. Telenor, un 49% menos. Telecom Italia, un 42% menos. Telia Sonera, un 45% menos. Orange, un 24% menos.
La situación de las telecos no parece que se deba a que todas ellas han estado mal gestionadas. Entre otras razones, porque el éxito de Deutsche Telekom se explica por haber comprado el tercer operador de EEUU, en un mercado muy concentrado, con precios muy altos, que le permiten obtener buena parte de sus ingresos.
En Europa, la situación del sector no es solo el resultado del mercado, sino de una regulación cuyo objetivo prioritario ha sido generar competencia, al tiempo que garantizaba el servicio universal. Desde el primer momento se puso en marcha una incisiva política de promoción positiva de la competencia, que facilitó la entrada de nuevos operadores, a costa del antiguo monopolista. El derecho de acceso a las redes, a precios regulados, ha sido el principal instrumento para conseguirlo.
Esta política ha tenido sus consecuencias. La regulación que ha favorecido la competencia ha debilitado también a los operadores dominantes en sus respectivos mercados domésticos. En España, Telefónica ha perdido más del 60 % de cuota de mercado. A cambio, pueden entrar en otros mercados. No obstante, la entrada en mercados foráneos, europeos o no, es una operación difícil y arriesgada. La mayor parte de los países siguen considerando a las telecomunicaciones un sector estratégico, por lo que tienden a proteger a sus empresas. Los mercados menos maduros son también más inestables políticamente, lo que -en sectores con fuertes costes hundidos- representa un gran riesgo.
Además, una regulación que obliga a compartir la innovación con los competidores a los precios fijados por la Administración deja muy poco margen para diferenciar servicios. No hay más alternativa que competir en precios, que no dejan de bajar. El resultado es que las telecos apenas tienen retorno por sus inversiones.
A ello hay que añadir una creciente desvinculación entre redes y servicios. Los operadores on line (OTT) prestan servicios, con los que han de competir las telecos (ISP). El problema es que un sector europeo atomizado es incapaz de hacer frente a los gigantes tecnológicos mundiales. En un momento en que la cadena de valor se ha desplazado de las redes a los servicios, el riesgo de las telecos es ver reducida su función a proporcionar conectividad.
Más aún, los operadores ven también amenazada su posición en el mercado de redes. Han aparecido operadores solo mayoristas, en cuyo capital suelen estar grandes fondos internacionales, que invierten o compran redes de menor capilaridad. Nadie sabe hasta qué punto las Big Tech entrarán en las infraestructuras, lo que las permitiría también prestar servicios de telecomunicaciones. La industria también podría gestionar directamente el Internet de las cosas.
Es verdad que la regulación se ha ido retirando, a medida que ha ido madurado el mercado, pero no ha desaparecido.
La tarea más arriesgada que puede asumir un regulador es la de configurar la estructura del mercado. Entre otras cosas, porque nadie sabe cuál es el número ideal de operadores para conseguir una mayor eficiencia. Menos puede ser más. La salud del sector no necesariamente viene determinada por un mayor número de operadores, ni porque todos ellos tengan cuotas de mercado equilibradas, si eso no es resultado del propio mercado, sino de una regulación que potencia a unos y limita a otros.
La prohibición de la Comisión Europea a la proyectada fusión entre O2 y Hutchinson fue anulada por el Tribunal de Justicia, por no haber demostrado sus efectos nocivos para la competencia, pero ya no tuvo vuelta atrás. Ahora, las autoridades europeas tienen que pronunciarse sobre una nueva fusión (Orange con Más Móvil), que -si se produce- cambiará el mercado español. También lo cambiarán las desinversiones -y su destino- a las que presumiblemente se condicionaría la operación. Es como si el árbitro no se limitase a arbitrar, sino que tuviera también la capacidad de decidir el resultado que se entienda más conveniente para la propia competición.
El deber de acceso ha sido la palanca para la promoción de la competencia. El acceso a las infraestructuras de obra civil, o al interior a los edificios, es una medida razonable, que promueve la competencia y evita daños. En cambio, después de treinta años, es más discutible la promoción positiva de la competencia en las zonas no competitivas (rurales), en las que el reto es siempre garantizar la efectiva prestación del servicio. Es verdad que la eliminación de ofertas mayoristas podría llevar a la eliminación de la competencia alternativa, pero también es muy dudoso que -a estas alturas- operadores cuyo negocio depende solo de la regulación sean capaces de aportar valor.
La competencia requiere que los operadores compitan en igualdad de condiciones. No hay que olvidar que algunos Estados siguen manteniendo paquetes de control en el accionariado de sus empresas (Francia, Alemania, Suiza). En sectores que dependen tanto de la regulación, el principio de paridad de trato es más fácil de enunciar que de respetar en la práctica.
Mayor es el riesgo respecto de los operadores de otras latitudes, que pueden contar con ventajas de sus respectivos Estados o con la financiación ilimitada que les proporcionan fondos soberanos. En sectores estratégicos, los Gobiernos deben disponer de herramientas para frenar operaciones contrarias al interés general.
Por último, el elefante en la habitación. La Unión Europea tiene que decidir si impone a las tecnológicas el pago por el uso de las redes (fair share). La decisión tiene un componente político indudable, como lo tiene cualquier decisión de política sectorial. No obstante, de cara a sopesarla, hay que recordar que esta medida no interferiría en el tráfico que circula por Internet, por lo que no plantea la problemática de la neutralidad de la red.
Además, se adoptaría tomando en cuenta una situación objetiva. El continuo incremento de capacidad de las redes, de tráfico y de clientes no se traduce en mayores ingresos para las telecos, que apenas obtienen retorno de sus inversiones. Esta es la razón por la que se descapitalizan. Esta situación contrasta con la de las grandes empresas tecnológicas (Netflix, Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon), cuyos contenidos aportan valor a la red, pero que también hacen un uso más intensivo de ella (más de la mitad del ancho de banda), lideran el desarrollo tecnológico, los ingresos y la capitalización bursátil.
En esta situación no parece que las telecos europeas, por sí mismas, puedan negociar con las grandes tecnológicas. La regulación vendría a equilibrar la capacidad negociadora de las partes. Es claro que ello supondría introducir una regulación asimétrica, pero justamente eso ha caracterizado a la política de telecomunicaciones desde la liberalización.
Más aún, una postura firme de la Unión Europea en este punto podría mover a las grandes tecnológicas a llegar a acuerdos con las telecos europeas, como pone de manifiesto el reciente compromiso al que han llegado en Corea del Sur.
La situación del sector no es una pura cuestión empresarial. Que les vaya mal a las telecos europeas (españolas) es malo para ellas y malo para el interés general. Sin inversiones no hay sociedad digital. Las telecos están atrapadas en un sector con costes hundidos, en el que no es fácil ni entrar ni salir. No obstante, si los operadores no obtienen retornos, a medio plazo, no habrá inversiones. Tampoco dispondrán del capital necesario para desarrollar tecnología y servicios, lo que incrementará nuestra dependencia exterior y nos condenará a la irrelevancia tecnológica.
