ALICANTE, 21 (EUROPA PRESS)
Según recoge la sentencia, el condenado padece una alteración del control de los impulsos por ludopatía que afectaba "parcialmente" en el momento de los hechos a su imputabilidad.
La sentencia ha sido dictada después de que las partes alcanzaran un acuerdo en un procedimiento seguido por la Ley del Jurado, por el que el acusado admitió los hechos, se declaró culpable de un delito de malversación de caudales públicos con la circunstancia eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica y aceptó la pena solicitada por el ministerio fiscal, según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.
Además de la pena de prisión, el tribunal ha impuesto al penado una inhabilitación especial de diez meses para empleo o cargo público y la obligación de indemnizar con los 9.000 euros defraudados a la Dirección General de la Guardia Civil. Este importe ya había sido consignado en una cuenta bancaria judicial.
Los hechos ocurrieron el 4 de agosto de 2020 durante una operación antidroga dirigida por un Juzgado de Instrucción de Alicante, que motivó que el penado y un compañero suyo de la Guardia Civil se desplazaran hasta la ciudad de Molina de Segura (Murcia) para realizar una inspección ocular en un camión con matrícula portuguesa.
Durante el registro, los agentes se incautaron de doce bolsas que contenían marihuana y 9.000 euros en billetes de 20 y de 50. El condenado se quedó en custodia esos efectos intervenidos hasta el momento en que tuviera que ponerlos a disposición del juzgado que investigaba los hechos.
Sin embargo, según recoge la sentencia, sobre las 2.00 horas del día 5 de agosto y hasta las 12.00 del mismo día, el penado se gastó la totalidad del dinero en apuestas a la ruleta de un salón de juegos de Alicante.
La resolución judicial también declara probado que el condenado padece una alteración del control de los impulsos por ludopatía que afectaba "parcialmente" en el momento de los hechos a su imputabilidad.
La sentencia, que también establece la suspensión de la pena privativa de libertad por tiempo de dos años, no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
