MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Según apuntan fuentes jurídicas, el magistrado Manuel García Castellón ha dado luz verde a las pretensiones de ambos agentes tras recibir el escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 6.
En el mismo, se recuerda que tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los líderes del 'procés' independentista catalán en octubre de 2019 se produjeron diferentes disturbios "protagonizados por sectores radicales violentos" que tuvieron como objetivo de sus ataques, entre otros, las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de la Vía Laietana.
Apunta que esas dependencias eran custodiadas por efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y recuerda que el 18 de octubre, en el marco de las protestas, los dos agentes se encontraban dando protección a esa comisaría.
Tras horas de "hostilidades", explica, llegó "un grupo de personas encapuchadas y embozadas" que "usando técnicas de combate similares al terrorismo callejero practicado en comunidades autónomas como el País Vasco, comenzaron a lanzar (...) todo tipo de objetos contundentes con una indudable capacidad lesiva, incluyendo botellas y latas en cuyo interior había líquido corrosivo".
Fue en ese contexto cuando uno de los dos policías fue "alcanzado en su mano derecha por el impacto de una botella rota", lo que le hizo caer al suelo y notar "un fuerte dolor fruto de esa lesión".
KALE BORROKA
Ese mismo día, pero horas más tarde, sobre las 20.00 horas, ese mismo agente se encontraba en la Plaza de Urquinaona junto a otros compañeros parapetados "ante la imposibilidad de avance por la intensidad de los ataques, de estilo terrorismo urbano o Kale Borroka, que estaban sufriendo con adoquines, piedras, bolas metálicas de petanca, bengalas, cócteles molotov, ácido y material metálico de bricolaje".
Fue ahí cuando recibió "un impacto muy fuerte de un objeto lanzado por los manifestantes que golpeó sobre el lado derecho de su casco, cayendo al suelo desplomado y perdiendo el conocimiento por completo".
El segundo de los agentes que pide personarse también estaba en esa plaza y recibió "un fuerte impacto en su mano" que le provocó "una grave fractura abierta en el radio de su brazo derecho con desplazamiento, y que, tras varias intervenciones quirúrgicas, y como consecuencia de la gravedad de la lesión, al no reunir las condiciones físicas necesarias para seguir ejerciendo como policía", provocó que fuera jubilado a la edad de 45 años.
TSUNAMI Y AMNISTÍA
Fue el pasado 6 de noviembre cuando el juez instructor de Tsunami Democràtic acordó dirigir la investigación contra Puigdemont e imputar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
En ese auto recogía los disturbios a los que hace referencia la representación legal de los dos policías que arrancaron el 14 de octubre con la ocupación del aeropuerto de El Prat y el intento de bloqueo de Madrid-Barajas.
En concreto, sobre el 18, el juez analizaba la huelga convocada e impulsada desde la plataforma Tsunami y señalaba que ese día "se produjeron alteraciones graves de la paz social y del orden público". Recogía que se saldó con más de 80 policías heridos y destacaba el ataque que sufrió un agente al que le impactó una piedra en la cabeza que le dejó inconsciente.
