CUENCA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
De acuerdo con el auto consultado por Europa Press, los recurrentes alegaron que la suspensión de la eficacia del acuerdo impugnado podría implicar la suspensión de efectos de la habilitación concedida a ADIF para financiar las actuaciones previstas en el protocolo de actuaciones incluidas en el Plan X Cuenca para el desarrollo urbanístico de los terrenos ferroviarios. Manifestaban además que la cautelar no suponía la reanudación de servicios, como pretendían los ayuntamientos que llevaron a los tribunales el cierre de la línea.
Sin embargo, el auto del Supremo insiste en que en este procedimiento no se discute la cuestión de fondo sobre la corrección del Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado, sino la adopción de la medida cautelar frente a posibles perjuicios irreparables o irreversibles derivados de la ejecución de dicho Acuerdo.
En ese sentido, el auto dicta que la eliminación de los elementos que conforman la infraestructura ferroviaria y su desmantelamiento podría determinar la inviabilidad de la continuidad del servicio ferroviario en dicho tramo de la línea, algo que el tribunal considera que no han podido rebatir los recurrentes, por lo que desestima el recurso de reposición.
El Tribunal Supremo ha dictado además un segundo auto que insta al Ministerio de Hacienda, Renfe y Adif a facilitar información sobre esta infraestructura a los ayuntamientos para que la puedan utilizar en el juicio.
