La cartera que dirige en funciones Pilar Llop puso en marcha esta iniciativa el año pasado con el objetivo de “facilitar el acceso a estas profesiones jurídicas a quienes tengan la capacidad necesaria para acceder a las mismas, con independencia de su situación socioeconómica, para que la falta de recursos económicos en las familias no sea un obstáculo", en palabras de la propia ministra.
El importe global destinado a esta segunda convocatoria asciende a 5.239.880 euros, lo que supone una cuantía anual de 6.611 euros por beca. En la anterior convocatoria, el importe total fue de 1.619.940 euros para un total de 245 becas.
De las 792 becas concedidas en esta segunda convocatoria, 648 corresponden a las pruebas para acceder en las carreras judicial y fiscal; 120 están destinadas al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia; y las 24 restantes, a los aspirantes a formar parte del Cuerpo de Abogados del Estado.
Su concesión está determinada principalmente por el nivel de renta de los solicitantes. Asimismo, se han tenido en cuenta factores como ser víctima de violencia de género o de terrorismo, y se ha reservado un cupo para aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Según Llop, se trata de “unas becas basadas en la Justicia social y diseñadas para la gran mayoría”.
Del total de los beneficiarios, 630 son mujeres (el 79,55%), frente a 162 hombres (20,45%).
Por comunidades autónomas, las tres con mayor número de adjudicatarios han sido Andalucía (212), Comunidad Valenciana (107) y Madrid (78).
