En el encuentro, organizado en el marco de la Presidencia letona del Consejo de Europa, se abordarán cuestiones como la rendición de cuentas en el contexto de la agresión rusa contra Ucrania para lo que se impulsa un Registro de Daños y Perjuicios Causados por la Agresión de la Federación Rusa contra Ucrania; los avances hacia el establecimiento de un tribunal especial para el crimen de agresión; las medidas que deben adoptarse con respecto a la repatriación de los niños ucranianos deportados a Rusia; así como la posibilidad de contraer compromisos adicionales para apoyar el sistema judicial de Ucrania.
En esta ocasión, Llop acude a la sesión en representación de los Estados miembros, al ocupar España la Presidencia del Consejo de la UE este semestre.
El apoyo de España a Ucrania
Desde la invasión rusa de Ucrania, la ministra Llop ha llevado a cabo distintas iniciativas en apoyo a las instituciones ucranianas y para garantizar la prevalencia del derecho internacional.
En abril de 2022, el Consejo de Ministros, a propuesta de la titular de Justicia, aprobó un Real Decreto-ley por el que se articuló un sistema excepcional que hiciese efectiva la prohibición de disponer de bienes inscritos a nombre de personas físicas sancionadas o personas interpuestas, con el fin de evitar el uso de testaferros para la financiación de la guerra.
D el mismo modo, el Ministerio de Justicia puso a disposición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), de la Unión Europea (UE) y del Gobierno de Ucrania un grupo de expertos españoles en labores forenses y de investigación criminal, para valorar los posibles crímenes de guerra internacionales producidos en territorio ucraniano.
En este sentido, España realizó en 2022 contribuciones voluntarias a la Corte Penal Internacional de 540.000 euros para invertir en herramientas tecnológicas, apoyo psicosocial y formación especializada en crímenes sexuales y de violencia de género y contra niños.
Además, la ministra promovió una reforma del Código Penal para castigar más gravemente la trata de víctimas de conflicto armado, que finalmente se tramitó como Proposición de Ley y fue aprobado el 20 de diciembre de 2022.
