SANTANDER, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
La defensa recurrió la prisión provisional comunicada y sin fianza decretada por el juez para tres de ellos en base al arraigo que los arrestados tienen en su lugar de residencia, pero la Audiencia ha denegado la libertad a los acusados por la gravedad de los hechos, que podrían constituir un homicidio en grado de tentativa, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Por estos hechos fueron detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer, y el juez ordenó al día siguiente el ingreso en prisión de los primeros por un delito de lesiones con instrumento peligroso, al considerar que había riesgo de fuga y reiteración delictiva.
La mujer, familiar de los anteriores, quedó en libertad provisional por su menor participación en los hechos, con obligación de comparecer en el juzgado, así como prohibición de comunicar o acercarse a la víctima.
Los detenidos interpusieron una denuncia por el supuesto acoso a una menor por parte del hombre que recibió la paliza y que habría sido el desencadenante de la misma, dictándose orden de alejamiento del varón hacia la niña.
Los agresores habían intentado solucionar este problema "por la ley gitana, con la mediación de patriarcas y sin intervención de payos", pero al final no fue posible y "se tomaron la justicia por su mano", explicó el entonces abogado defensor, que ahora ha cambiado a petición de sus representados.
A los detenidos, de entre 28 y 56 años, se les considera presuntos autores de la paliza con barras de hierro recibida por la víctima sobre las dos de la tarde del domingo 18 de junio. Las barras empleadas en la agresión son de las que se utilizan para instalar puestos ambulantes.
El agredido tuvo que ser ingresado en el Hospital Valdecilla de Santander.
Tras ocurrir los hechos, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Laredo abrió diligencias previas por el delito de lesiones con instrumento peligroso por el que están investigadas estas cuatro personas, sancionado con penas de hasta 5 años de prisión, habiéndose calificado por el Ministerio Fiscal como delito de homicidio en tentativa.
Tales indicios se desprenden del atestado presentado por la Guardia Civil, de las imágenes incorporadas a las actuaciones, de los partes médicos y de las propias declaraciones de los investigados, según el auto dictado en su día por la titular del Juzgado.
