EL PAPEL DE LA CULTURA
La cultura debe de ocupar una posición central en las políticas culturales y es imprescindible que se le reconozca el papel básico y esencial que le reserva la Constitución española. Es la propia Constitución la que desde su preámbulo nos recuerda que “la Nación española, deseando () promover la libertad y el bien de cuantos la integran, proclama su voluntad de: () promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”. De esta bella frase contenida en el preámbulo constitucional es necesario subrayar el plano de igualdad en el que sitúa el texto constitucional al progreso cultural junto al progreso económico, dándonos a entender claramente que sin cultura no es posible alcanzar la dignidad vital, como tampoco es posible hacerlo sin el progreso económico. Y por ello también la Constitución, a partir del preámbulo, reconoce a modo de exoesqueleto una serie de derechos y libertades culturales (el de creación y producción cultural en el artículo 20, el de acceso en el artículo 44) cuyo fomento, protección y promoción es obligación de todas las administraciones públicas. Insistimos, para garantizarnos a todos una digna calidad de vida.
Pero entonces, ¿por qué una vez pasado el periodo electoral las distintas formaciones políticas tienden a olvidar este posicionamiento angular que la Constitución otorga a la cultura? Pues realmente desconocemos la razón, porque es una evidencia indiscutible que la cultura es algo que necesitamos y que nos caracteriza como seres humanos y que así se reconoce pacíficamente por la gran mayoría de la sociedad española. Todos los seres humanos disfrutamos de la cultura en términos generales, del teatro, de la música, de la danza, del baile, de la pintura, del folclore o del patrimonio. Que la cultura fomenta además la conciencia democrática, la diversidad, la innovación, la creatividad, el espíritu crítico e incluso la salud y el bienestar es otra evidencia que suscribirían la mayoría de los españoles, como tan patente se hizo en la pandemia.
Pero es que, además, la cultura es una industria, y una industria potente, solvente, profesionalizada, innovadora y vanguardista, que disfruta de un reconocimiento internacional incontestable y que representa casi el 4 por ciento del PIB español y que en contra de lo que muchos creen recibe muchos menos apoyos que otros muchos sectores industriales que no han sido declarados, como la cultura, bien básico y de primera necesidad. Y por esta razón la cultura también se tiene que poner en el centro de las políticas públicas económicas. Porque es un sector industrial potente que goza del reconocimiento internacional.
Por tanto, por ambos motivos, por ser la cultura un bien básico y de primera necesidad, imprescindible para garantizar la calidad de vida digna de los españoles, y por su condición de industria, con un peso importante en el PIB español y europeo, la cultura tiene que ser puesta en el centro del debate y estructurada desde lo público como un sólido sistema, del mismo modo que está estructurada la sanidad, la educación o la economía. Y solo si concebimos la cultura como un sistema público, dotado de los necesarios recursos institucionales y financieros, será posible abordar con coherencia, eficacia y eficiencia las necesarias, y urgentes, reformas jurídicas que se requieren para garantizar el pleno ejercicio y disfrute de los derechos y libertades culturales.
Las urgencias de la cultura en nuestro país son muchas, sin duda. Y la gran mayoría de ellas han sido reflejadas en el ‘Catálogo de urgencias en el sector cultural’ elaborado por la Fundación Gabeiras en colaboración con la Fundación Museo Thyssen-Bornemisza y en diálogo con todos los subsectores culturales. En el catálogo se evidencian urgencias a nivel estatal, autonómico y local, así como algunas específicas de cada subsector de la cultura. Centrándonos en las modificaciones que urge abordar a nivel estatal, la primera sería la de adecuar los procesos de contratación pública a la singularidad de la cultura mediante la necesaria revisión de la Ley de Contratos del Sector Público y su adecuada interpretación. En segundo lugar, urge la modernización del actual modelo de financiación del sector cultural, de tal modo que, además de modernizar el esquema del mecenazgo, tantas veces postergado, se favorezca la consideración de la cultura como sector idóneo para recibir el interés del sector de la inversión de impacto y atraer así la inversión privada. En la misma línea, es esencial dotar de seguridad jurídica al esquema de incentivos fiscales, incorporados en la ley española en diferentes legislaturas, y extenderlos a otros subsectores, como las artes visuales, los videojuegos o la producción musical. Habría que revisar, sin duda, los procesos de acceso a ayudas y subvenciones, adecuándolos a los plazos de maduración de los proyectos culturales y a las características de la producción cultural. Los procedimientos de diseño y otorgamiento de subvenciones son en innumerables ocasiones ineficaces, poco realistas y obsoletos, aparte de que no se compadecen con los procesos europeos, más prácticos y eficaces. Quien asuma la responsabilidad de gobernar debe, así mismo, continuar con el desarrollo del Estatuto del Artista, fruto de un gran consenso de todos los grupos políticos. Otra urgencia es la deseable incorporación de la cultura y enseñanzas artísticas en la actividad educativa de manera integral y transversal. Urge también, establecer mecanismos públicos para facilitar el avance en la senda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para convertir a la cultura en el faro en la transición ecológica y, por último, no se puede olvidar la necesidad de asegurar institucionalmente el cumplimiento de la ley de Igualdad en todos los sectores y capas de la cultura.
Vemos, pues, que muchas son las urgencias y muy diversas las administraciones y entes públicos competentes que deben abordarlas. Y es precisamente por esta transversalidad que resulta imprescindible contar con un Ministerio de Cultura, que cuente con una dotación presupuestaria garantizada para el cumplimiento de sus fines y que tenga como competencia exclusiva la gestión integral de este sistema cultural, del mismo modo que se gestiona el sistema sanitario o la educación. Y en la misma línea, y para la correcta coordinación de este sistema cultural, sería deseable la constitución de una comisión delegada del Gobierno en materia de cultura, para que conozca y coordine todos los asuntos de cultura y para que en su seno se desarrolle la deseable ley general de cultura elaborada desde el respeto a la diversidad y a la comunicación cultural entre administraciones. Y todo ello, porque la cultura ha sido declarada bien básico y de primera necesidad, no solo en España, sino también en la Conferencia Mundial de la Unesco sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible (Mondiacult 2022), que lo ha declarado bien público mundial.
Por todas estas razones, desde la sociedad civil pedimos a las fuerzas políticas un pacto de Estado para que en esta legislatura se refuerce y consolide el papel que a la cultura le reservamos todos los españoles al aprobar la Constitución Española de 1978 y para garantizar el pleno ejercicio y respeto a los derechos culturales, con especial incidencia al derecho fundamental a la libertad de creación artística.
