A CORUÑA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los trabajadores afectados en cuestión son los elegidos para beneficiarse de las ayudas de la modalidad denominada Margarita Salas (para la contratación de nuevas doctoras y doctores) y el programa María Zambrano (de atracción de talento internacional".
Según la sentencia divulgada por la CIG, el TSXG declara "nula" la práctica de la UDC de detraer el importe de estas ayudas del Ministerio de Universidades la aportación empresarial a la Seguridad Social, para determinar de este modo el salario a abonar al personal contratado.
En un comunicado, el sindicato reivindica que, desde hace meses, ha buscado un acuerdo con las tres universidades con el fin de que "devolviesen las cuantías injustamente detraídas". Ante su "negativa" y "con las puertas de la negociación cerradas", la CIG-Ensino presentó tres conflictos colectivos, uno contra cada universidad.
El primer juicio correspondió al de la UDC, que ha dado pie a esta sentencia, y pendientes están los de la USC y la Universidade de Vigo para septiembre.
CUANTÍAS
El fallo de la TSXG ratifica, asimismo, que los trabajadores con contratos laborales afectados por el conflicto colectivo tienen derecho a percibir al menos como salario las cuantías de 3.500 euros brutos mensuales (estancias en el extranjero) y 2.800 euros brutos mensuales (en España) en las ayudas Margarita Salas; así como 4.000 euros brutos mensuales en las ayudas ligadas al programa María Zambrano.
La sentencia, que no es firme pues cabe interponer contra ella recurso de casación ante el Tribunal Supremo, concluye que la UDC es la "beneficiaria" de la subvención, pero que esto "no es óbice" para la estimación de la demanda, dado que las personas seleccionadas "son las destinatarias de los importes de tales ayudas".
"Y dado que tales importes brutos mensuales están destinados a esas personas trabajadoras, y además determinan el salario bruto de las mismas, no puede imputarse a esas ayudas la aportación empresarial a la Seguridad Social. Pues, en definitiva, tal práctica supone que las personas trabajadoras sean las que asuman el coste de la aportación empresarial a la Seguridad Social, lo cual no admite nuestro ordenamiento jurídico", argumenta.
HASTA 136 TRABAJADORES AFECTADOS EN GALICIA
En total, según la CIG, un total de 33 investigadores de la UDC están afectados por esta situación. La cifra ascendería a un total de 136 investigadores si se tiene en cuenta a los que atañe en las otras dos universidades gallegas, con el proceso aún pendiente de resolver, si bien el sindicato considera que seguirá "el mismo camino" que el de la UDC.
CIG-Ensino ha lamentado que en el ámbito universitario se "cierren las vías" a las negociaciones y acuerdos, "provocando la judicialización de las relaciones laborales".
