En la sesión se ha presentado el VII Informe periódico, en el que se han expuesto las medidas legislativas, judiciales, administrativas y sociales que se han implantado en España para la prevención de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado que la participación, en estas sesiones, de representantes del Ministerio que lidera, “es una muestra de que el Gobierno de España está fuertemente comprometido con la defensa de los derechos humanos y con los valores democráticos y del Estado de derecho”.
En las sesiones, los representantes del Ministerio de Justicia se han referido al Real Decreto (RD) 650/2023, de 18 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de reconocimiento médico forense a la persona detenida, que recoge las recomendaciones tanto del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, como del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
En este RD se reconoce expresamente que la actuación del médico forense ante la persona detenida también implica garantizar los derechos de la misma a la asistencia sanitaria y a recibir un trato digno.
Del mismo modo, en las sesiones también se ha aludido a la formación en derechos humanos de jueces y magistrados, a través del Consejo General del Poder Judicial; y de fiscales y médicos forenses, a través del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), órgano adscrito al Ministerio de Justicia.
