VALORES, POLÍTICAS SOCIALES Y DEMOCRACIA
La Constitución Española señala en el artículo 1,1 que España se constituye como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estos últimos son valores que pertenecen a toda la sociedad española. No son patrimonio ni bandera de ninguna posición política y obviamente no podrían ser causa de distinción entre las posiciones ideológicas en nuestro país. A pesar de los estereotipos tradicionales que muestran a las posiciones de izquierdas más favorables a la promoción de esos valores y de las políticas sociales, los datos de nuestro país confirman que la inversión en políticas sociales se ha hecho tanto en gobiernos de un signo como de otro. La realidad es tozuda y muestra que, en nuestro país, los gobiernos de la democracia han invertido en políticas sociales en términos muy dispares a cómo se ha argumentado en el discurso político.
En 2005, la fundación dirigida por José María Aznar publicó ‘Los indicadores del cambio (1996-2004)’ y los datos son elocuentes: el porcentaje de mujeres trabajando fuera de casa se incrementó en un 51,4 por ciento; las plazas para personas mayores en residencias y centros de día aumentó un 51,6 por ciento; las personas discapacitadas que accedieron a un empleo se multiplicaron por dos; se multiplicó por cinco el número de plazas en centros de inmigrantes; el PIB per capita creció un 64 por ciento; el tipo de interés para las hipotecas pasó del 11,15 al 3,39 por ciento; el gasto social creció cinco puntos; el número de mujeres con contrato indefinido creció un 85 por ciento; la pensión media de viudedad creció un 58 por ciento y la de jubilación, un 45; el gasto sanitario medio por persona cubierta creció un 79 por ciento; se incrementó un 70 por ciento el número de nuevos centros de salud; el gasto público en educación aumentó un 64,5 por ciento; la cuantía de las becas, un 64; el número de profesores de la enseñanza universitaria creció un 30 por ciento; el número de becarios MEC, un 52; el gasto público en vivienda, un 67 por ciento; y un 19 el número de árboles por habitante; se duplicó el gasto en investigación y desarrollo; el precio de las llamadas telefónicas disminuyó un 73 por ciento; la ayuda a las víctimas del terrorismo aumentó un 8,5; el número de personas en la judicatura se incrementó un 40 por ciento; el número de mujeres en las Fuerzas Armadas se multiplicó por 6,6, y el número de pantallas de cine creció un 80 por ciento.
En 2010, Rodríguez Zapatero aseguró que los recortes aplicados para acelerar la reducción del déficit público suponían una reducción del 1,5 por ciento del gasto social del Ejecutivo, mientras en sus cinco años como presidente dicho gasto se había incrementado un 50 por ciento. En 2018, según los datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado, el gasto social supuso un 65,33 por ciento de todo el gasto público, con 327.646 millones de euros en la época de Rajoy, que suponían un incremento respecto a los 292.992 millones cuando Zapatero dejó La Moncloa. En 2023, el presidente
Sánchez presentó los presupuestos “con la mayor inversión social de la historia” con 266.719 millones, es decir, el 58,5 por ciento de todo el presupuesto.
Al margen de las cifras, lo cierto es que las políticas sociales no han sido patrimonio de ningún partido político. Como decía Churchill, cuanto más se mira hacia atrás, más se puede mirar hacia delante. Por eso me parece importante tener en cuenta el trabajo realizado en los últimos años de nuestra democracia. Las políticas sociales incluyen educación, vivienda, mayores, infancia, jóvenes, mujeres, inclusión y una larga lista de áreas en las que se hace necesario trabajar para la promoción de los valores a los que me refería al inicio: la igualdad, la libertad, la justicia y el pluralismo.
En términos de políticas sociales, España ha apostado, como todos los países de la Unión Europea, por leyes y programas. La primera ley de cooperación internacional para el desarrollo se aprobó en 1998; el primer plan contra la violencia contra las mujeres, en 1999; la primera vez que se reguló la orden de alejamiento fue en 1999; la Conferencia de seguimiento de Pekín de la Unión Europea, que propuso el 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres (aprobada después en la Asamblea General de Naciones Unidas) se celebró en Madrid en 1999; el protocolo opcional al Convenio Cedaw fue firmado por España en 2001; la segunda asamblea mundial sobre el envejecimiento convocada por Naciones Unidas se celebró en Madrid en 2002. Si mencionamos los planes políticos con presupuesto específico, hay que incluir la consolidación y ampliación de los presupuestos aprobados en el Gobierno de González, durante la etapa de Aznar: el plan gerontológico; el plan de acción para las personas con discapacidad; el plan para la integración social de los inmigrantes; el plan del voluntariado; el plan de acción contra la violencia doméstica; el III y IV plan de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres; el plan de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales; los programas de intervención social para la erradicación de la pobreza; el plan de desarrollo gitano; el plan de acción en materia de juventud; el plan integral de apoyo a las familias.
Suele afirmarse que se han reconocido derechos en los últimos años, que aseguran una mayor igualdad en nuestro país. Sin embargo, el hecho de aprobar leyes no implica automáticamente la garantía de su implementación y cumplimiento. De hecho, asegurar la efectividad de las herramientas legales y políticas es la recomendación reiterada que Naciones Unidas ha hecho a España tras la presentación de los últimos informes en derechos humanos.
Optar por reconocimiento de derechos o aprobación de políticas y presupuestos adecuados es una opción política. Pero elegir una de las posibilidades no implica que la decisión sea más o menos correcta. Lo que confirma si las decisiones son eficaces es un proceso de rendición de cuentas y de medición de impacto en la población. Hace unos años pude publicar un análisis comparado entre derechos sociales y políticas sociales en Europa y Estados Unidos. La conclusión es que en uno y en otro caso, se han cubierto muchas necesidades de la población y ninguno de los dos sistemas puede decirse que sea mejor o peor. Depende de la implementación y del presupuesto invertido. Por ello, proponer que el feminismo, el ecologismo, el pacifismo o el edadismo sean movimientos exclusivos de la ideología de izquierdas es tan poco riguroso como su contrario. Nos encontramos con movimientos sociales y con valores sociales que son patrimonio de todo ser humano. Por eso, no parece acertado apropiarse de esos valores en nombre de una posición ideológica.
En el caso concreto del movimiento social feminista, los datos confirman que en la primera legislatura de nuestra democracia (1979-1982), las mujeres suponían el 5,14 por ciento del total de representantes en el Congreso. En la actualidad, según el INE, representan el 44 por ciento del total. Ese incremento es un esfuerzo colectivo. Los valores sociales se han trabajado en España en todos los gobiernos de la democracia y precisamente por ello, contamos hoy con instituciones y con un sistema democrático, que, con todas sus fallas, es estable. Pero esos valores son de toda la sociedad.
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