POLÍTICA EXTERIOR EN CAMPAÑA
Hay que reconocer que los partidos políticos españoles tienen poco interés por las relaciones internacionales, a pesar de que los últimos años han estado rebosantes de hechos globales que nos han conmocionado: la pandemia y la agresión rusa a Ucrania.
Igualmente conmocionó una decisión personal del presidente Sánchez que rompió la posición española de casi medio siglo sobre nuestra antigua colonia del Sáhara Occidental y también la de Naciones Unidas -que exige una solución de autonomía pactada con el Frente Polisario-. Sánchez decidió ponerse del lado del ocupante Marruecos. Dijo en el Congreso (8.6.2022) que después de 47 años de ocupación había que cambiar de posición: premiar al agresor y reconocer que lo ocupado forma parte de la integridad territorial marroquí. ¿Y qué decir de Gibraltar después de casi 320 años de la ocupación británica?
Su acto unilateral personalísimo nunca pasó por el Consejo de Ministros (art. 97 CE) ni se explicó en las Cortes (art. 66.2 CE) -a pesar de las muchas preguntas de Feijóo y del PP-. Este tema es el único de carácter internacional que apareció en el debate televisado entre Sánchez y Feijóo. Por más que le preguntó Feijóo, el presidente Sánchez no contestó palabra. A la osadía de repreguntar a Feijóo si respetará ese “acuerdo”, su contestación, al vuelo, fue acertada: cuando el nuevo Gobierno tenga conocimiento del contenido del texto, decidirá.
No obliga al futuro Gobierno de España, ya sea un acuerdo político, ya un acto unilateral: no fue autorizado en Consejo de Ministros (art. 5 Ley 50/1997). La Constitución española establece que el Gobierno dirige la política exterior -art. 97 CE- y el 98 CE aclara quién compone el Gobierno de España -todo el Consejo de Ministros-, dejando claro que no es un sistema presidencialista ni Sánchez es el monarca absoluto al estilo de Fernando VII que puede prescindir del Gobierno e impedir el control de las Cortes (art. 66 CE) o del Consejo de Estado. Ese acto personal de Sánchez no fue redactado ni informado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y su Asesoría Jurídica; ni tan siquiera se ha publicado en la web de la Moncloa ni de Exteriores (solo hubo un texto casi ilegible en la web de la Casa Real marroquí).
En el programa de Sumar, la melindrosa gallega promete en campaña lo que se negó a hacer cuando era vicepresidenta en el Gobierno. Asegura que habrá “cambio de posición” respecto a lo adoptado en 2022 sobre el Sáhara Occidental. Ni exigió previa deliberación en el Consejo de Ministros ni debate parlamentario. Miente con descaro. Al menos reconoce nuestra responsabilidad sobre el Sáhara; son los únicos en prometer más ayuda humanitaria para los saharauis y defender “el cumplimiento de las sentencias de la justicia europea” que protegen los derechos saharauis frente a la usurpación marroquí de los productos agrícolas y pesqueros obtenidos en el territorio y espacio marítimo propio del Sáhara Occidental ocupado. Claro que no sé si es creíble con su segundo de la lista, un diplomático admirador del régimen despótico marroquí para quien Marruecos es el paroxismo de la unión de un rey con su pueblo.
El Partido Popular defiende también no “olvidar nuestras responsabilidades con el pueblo saharaui” y volver al delicado consenso mantenido durante casi 50 años por todos los partidos políticos del “razonable equilibrio entre Marruecos y Argelia”. Aprovecha el PP para lanzar la vieja práctica de la Transición de “recuperar una política exterior seria, fiable, predecible, en la que primen los intereses de nuestro país” y en la que participen la oposición y el Parlamento español. Sánchez no consultó ni con los ex presidentes de Gobierno ni con la oposición. Claro que deshacer el desaguisado de Sánchez le requerirá mucha firmeza y cintura al candidato gallego.
Sobre el papel de España en la UE hay espacio en los programas de los cuatro partidos. Vox no menciona el Sáhara Occidental, pero se ensaña con Marruecos, al que amenaza con subir los aranceles a sus productos agrícolas. No han leído los tratados de la UE: es una competencia de la Comisión Europea y no de España. Vox exige que la UE deje de ejercer sus competencias y que España derogue la normativa europea a discreción. Exigen que las normas europeas no tengan primacía y puedan ser modificadas e infringidas por España.
Vox afirma que la Comisión Europea no es elegida por nadie: ¿qué hacían ese día sus eurodiputados cuando la Comisión fue elegida, además de “hacer caja”? No se atreven a defender la retirada de España de la UE. No dan la cara ante la ciudadanía. Vox ofrece pruebas notorias de ser un partido fuera de la Constitución. Y de nuestro tiempo.
En el programa de Yolanda Díaz, la UE y su legislación aparecen incrustadas en todas las políticas internas. Es el programa más europeísta en sus detalles y con redacción técnica más precisa sobre el papel de las instituciones, la imbricación de las políticas europeas con las internas y algunas propuestas de revisión que están en una onda de preocupaciones razonables (más defensa propia europea, menos unanimidades, etc.). Con esa idea de no banalizar las relaciones internacionales abordan otros ámbitos, como las relaciones con América Latina, o se mojan con Palestina y Ucrania.
El programa del PSOE desconcierta con la Política Exterior Feminista, pero no tengo espacio para boutades. No pensaron en las mujeres cuando aprobaron la ley de excarcelación y rebajas de penas a agresores sexuales. También sorprende porque, en vez de desarrollar su proyecto, su programa dedica más espacio a atacar y compararse con el PP. O para halagar a la coreana a su Líder Supremo con la conjunción planetaria. No se puede sostener que España lidera, por fin, la UE, cuando es un Estado infractor por sistema de las normas europeas. Una potencia media aspira a ser tenida en cuenta y a ser influyente.
España nunca ha liderado la UE, aunque sí fue muy influyente con Felipe González porque el consenso básico interno favoreció un amplio entendimiento exterior y facilitó que España fuera una potencia europea e hispanoamericana respetada muy por encima de sus capacidades reales económicas, territoriales o militares. La polarización actual nos debilita; además, el PSOE nada dice del descrédito de España por las muchas demandas y procesos perdidos en arbitrajes internacionales. La proliferación y contradicción de normas del Gobierno de coalición, mala redacción, modificaciones atropelladas, junto a cambios en la fiscalidad, no ayudan a atraer inversiones extranjeras ni a anclar en España los ahorros propios. El programa socialista abusa de la ambigüedad y la retórica vana, rellenando páginas con lugares comunes. Mezcla el programa a cuatro años con temas de la actual Presidencia semestral española del Consejo. Los programas del PSOE fueron siempre los mejores en relaciones internacionales. Hoy, no.
El Partido Popular tiene un programa exterior muy parco; reconoce que la coyuntura complicada con la guerra en Ucrania da para pocas previsiones. No se apropian de la construcción europea y la califica como “empeño compartido e inequívoco de la sociedad y de los gobiernos españoles”. Sin la precisión de Sumar, insertan el interés general de España en cada una de las políticas de la UE. Dejan claro que la Presidencia de turno del Consejo es un asunto de Estado y no de partido. La Europa estratégica y de la defensa la sitúan en una base industrial y tecnológica propia. Aluden al futuro Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aunque nada dicen del actual -ninguno de los partidos- y de su aplicación plena en 2024 con la deuda pública española desbocada y su obligatoria reducción.
De la pobreza de los programas se deduce que los partidos políticos parasitan ensimismados, a diferencia del activismo y liderazgo exterior de las empresas españolas. Los políticos prefieren el enfrentamiento interno a políticas cohesionadas que faciliten y multipliquen la proyección internacional de España.
Responder
Es ofensivo
Me gusta
