MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
En un comunicado, el comité de huelga --formado por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT-- explicó que suspendía la huelga indefinida al considerar que el actual Ministerio de Pilar Llop "está en clara descomposición", reprochando a "sus máximos responsables" permanecer "ausentes" de este "grave conflicto".
En segundo lugar, aludió al "agotamiento económico que supone una movilización de tan largo alcance, algo que ninguna familia ni ningún trabajador puede soportar indefinidamente".
No obstante, al mismo tiempo el comité de huelga advirtió de que la suspensión de la medida de fuerza no implicaba el final del conflicto laboral. Así, convocó dos jornadas de huelga general, la de este martes y otra el día 20, con un acto de protesta coincidiendo con la inauguración de la Presidencia española de la UE en materia de Justicia.
Además, el comité de huelga indicó que seguiría "con las presiones a los partidos políticos a nivel provincial, autonómico y nacional" para explicar sus reivindicaciones y "para que el próximo Gobierno tome nota y sepa que tiene una cuenta pendiente antes de iniciar la propia legislatura".
CASI TRES MESES DE HUELGA
La huelga de los funcionarios de justicia comenzó el 17 de abril con paros parciales cada día y alguno de jornada completa, que se tradujeron también en concentraciones a las puertas de juzgados y tribunales, y se recrudeció el 22 de mayo con una huelga total.
El detonante fue el acuerdo alcanzado el 28 de marzo por Justicia y Hacienda con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), tras dos meses de huelga, que contempla aumento salarial de hasta 450 euros mensuales.
Posteriormente, ambos ministerios rubricaron también un pacto con las asociaciones de jueces y fiscales para reconocer una subida en la misma línea, sin necesidad de que los togados fueran a la huelga, aunque sí amenazaron con hacerlo.
En cifras absolutas, el acuerdo con los LAJ (unos 4.000 efectivos) representó un importe total de unos 22,7 millones de euros, mientras que el de jueces y fiscales (unos 8.000) ascendió a 46,7 millones de euros. Ahora, los funcionarios reclaman 200 millones de euros para las 45.000 personas que conforman el cuerpo.
"No somos ni menos ni más que letrados, jueces y fiscales. Somos la pieza esencial de la Administración de Justicia, por la que pasan el 100% de los actos procesales y, si hay dinero para reconocer el trabajo de 'ellos', también debe reconocerse nuestras funciones reales y el papel que debemos desarrollar en una Justicia digital y moderna", reivindicó el comité de huelga en su último comunicado.
