UNA INSTITUCIÓN EN DECADENCIA
Probablemente pocos episodios ilustren tan bien la decadencia de una institución como el reciente nombramiento de la ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, como fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, el puesto de nueva creación para el que la propuso su sucesor al frente de la Fiscalía General del Estado y mano derecha cuando ella misma era fiscal general, Álvaro García Ortiz. Merece la pena detenerse en las circunstancias de un nombramiento que pone de relieve los profundos problemas de una institución constitucional tan relevante como la Fiscalía General del Estado.
Efectivamente, se habla mucho, y con razón, del esperpento de un Consejo General del Poder Judicial que lleva bloqueado desde 2018 por la imposibilidad de proceder no ya a una reforma para despolitizar el máximo órgano de gobierno de los jueces -como se nos ha pedido insistentemente desde Europa-, sino simplemente a una renovación un poco presentable que evite el tradicional reparto de cuotas partidistas entre las fuerzas políticas. Pero se pone menos la atención en la Fiscalía General del Estado, cuyo deterioro en los últimos años es también muy evidente. De entrada, porque los fiscales generales de turno (nombrados, como es sabido, por el Gobierno) no suelen completar su mandato por distintas circunstancias, lo que, en sí mismo, ya es una anomalía. Pero también porque los nombramientos dentro de la Fiscalía, como está ocurriendo en el resto de las instituciones, recaen cada vez más no sólo en personas afines al partido de turno, sino en personas cuya idoneidad es más que cuestionable, como han puesto de manifiesto con sus actuaciones.
El caso de Dolores Delgado es paradigmático porque era la anterior ministra de Justicia del Gobierno del PSOE, pero, además, porque era y es pareja del ex juez Baltasar Garzón, que dirige un importante despacho de abogados que lleva, entre otros asuntos de mucha relevancia, la defensa del ex comisario Villarejo. Pues bien, durante su paso por la Fiscalía General del Estado Dolores Delgado mantuvo abierta de forma artificial (con la inapreciable ayuda del actual fiscal general del Estado) un procedimiento disciplinario contra el fiscal Ignacio Stampa, que investigaba a Villarejo por supuestas irregularidades cometidas por este fiscal en la instrucción del caso Tándem. El procedimiento se archivó al no encontrar el instructor del expediente disciplinario ningún atisbo de irregularidad, pero el actual fiscal general del Estado tuvo la precaución de retener la propuesta de archivo el tiempo necesario para que no se pudiera renovar la comisión de servicios de Stampa, al tener un procedimiento disciplinario abierto. Stampa quedó así apartado del caso Villarejo, tal y como había pronosticado el ex comisario. Todo quedó así atado y bien atado, como se decía en otros tiempos.
Si piensan que esto es más propio de democracias sudamericanas o iliberales que de Estados de derecho dignos de tal nombre, tienen toda la razón. Si creen que exagero, les invito a oír en Spotify el pódcast El País de los Demonios, sobre las cloacas del Estado, las andanzas del ex comisario Villarejo y el papel del fiscal Stampa. Aprenderán mucho del tipo de país en que viven y de cómo funcionan nuestras instituciones. El reciente libro de Ernesto Ekaizer Operación Jaque mate versa sobre el mismo tema.
Pues bien, con estos antecedentes se propone a Dolores Delgado como flamante nueva fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, puesto creado por el artículo 28 de la controvertida Ley de Memoria Democrática en estos términos: “Se crea un fiscal de sala para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la Guerra y la dictadura. A este fiscal de sala se le atribuirán asimismo funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia, para lograr su debida identificación y localización”.
¿Cuál es el problema? Pues básicamente hay dos. En primer lugar que, como sucede con la mayoría de los puestos relevantes de la Fiscalía General del Estado, el fiscal general del Estado puede proponer al Gobierno el candidato que le parezca, aunque debe escuchar al Consejo Fiscal, cuyo informe es preceptivo pero no vinculante. En segundo lugar, que se supone que un candidato o candidata idónea no debe ser susceptible de incurrir en conflictos de intereses que pueden llevar a que tenga que abstenerse o incluso a que pueda ser recusada en algún procedimiento concreto.
Es indudable que la libertad de la que goza el fiscal general del Estado para proponer candidatos al Gobierno supone que los fiscales generales, en particular si son muy políticos (o simplemente tienen que devolver favores), pueden designar para la cúpula de la Fiscalía no a los mejores en base a los principios de mérito y capacidad, sino a los más amigos. Esto no sólo no es ninguna novedad sino que es una característica de los nombramientos discrecionales en nuestro país, y una de las vías más evidentes de la penetración de la política en las instituciones. Pero probablemente con esta propuesta se toque fondo, en la medida en que no es difícil ver la devolución de un favor detrás de un nombramiento tan polémico. Al fin y al cabo, cabe pensar que el actual fiscal general del Estado lo es gracias a la intercesión de su antecesora.
Se ha alegado también que, convocadas unas elecciones generales que pueden dar lugar a un cambio de Gobierno, los fiscales generales deben abstenerse de realizar este tipo de nombramientos, pero creo que si los nombramientos, como debería ocurrir, se realizan en favor de personas que tienen los requisitos profesionales necesarios para alcanzar el puesto, mediante un procedimiento de concurrencia abierto y transparente, no habría ningún problema, en la medida en que los nombrados podrían permanecer en su puesto tranquilamente aunque hubiera un cambio de Gobierno, precisamente porque no se lo deberían al favor político y personal del fiscal general de turno, sino a sus méritos. Esto es lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, por cierto.
En este sentido, llama la atención no sólo que la mayoría del Consejo Fiscal (la conservadora Asociación de Fiscales, cercana al PP, y la independiente y profesional APIF, “no alineada”) haya manifestado su desacuerdo con el nombramiento -de hecho, ni llegaron a emitir el informe-, sino que se hayan dirigido al Ministerio para pedir su nulidad. Llama también la atención que miembros destacados de la Unión Progresista de Fiscales, cercana al PSOE, se hayan dado de baja de su asociación por considerar que este nombramiento ha rebasado todas las líneas rojas. Hay que mencionar también que uno de los fiscales que optaban al puesto, Carlos Castresana, con una amplísima experiencia que le habría permitido en circunstancias normales optar al puesto, también se ha dado de baja tras no recibir ningún voto en el Consejo Fiscal.
En este punto hay que señalar brevemente que, al igual que lo que ocurre con las asociaciones judiciales en el CGPJ (con la honrosa excepción del Foro Judicial Independiente), las asociaciones “conservadora” y “progresista” de fiscales se han convertido también en agencias de colocación de sus afiliados para ocupar los puestos más importantes de la Fiscalía, de manera que en el Consejo Fiscal los votos para los candidatos a los puestos se dividen por asociaciones: cada una vota a sus afiliados, con independencia de su idoneidad. Otra muestra más de la politización, vía asociaciones, de nuestras instituciones.
El segundo problema de Dolores Delgado tiene que ver, de nuevo, con las actividades profesionales de su pareja, a las que ya hemos hecho referencia al principio de estas reflexiones. El ex juez Baltasar Garzón, además de llevar en su despacho profesional la defensa del ex comisario Villarejo, tiene, valga la expresión una Fundación, Fibgar (fibgar.es), cuya finalidad y objetivos guardan una estrecha relación con la actividad a la que va a dedicarse la nueva Fiscalía. Por tanto, es muy previsible que se puedan producir conflictos de interés. Pues bien, al parecer esta consideración ni ha impedido a la candidata presentarse (más bien parece que la han estimulado a hacerlo si juzgamos por los antecedentes del caso Stampa) ni al fiscal general nombrarla. Y si esto ocurre nada menos que en la Fiscalía General del Estado y con el puesto de fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, se pueden imaginar lo que puede suceder en otros sitios y con otros cargos menos llamativos.
La conclusión, me temo, es muy deprimente: estas personas tienen una sensación de impunidad muy grande porque nunca les pasa nada ni se ven obligadas a rendir cuentas por actuaciones cuanto menos muy cuestionables. Y si ni los políticos ni las propias instituciones reaccionan, como debería ocurrir, van a tener que ser los ciudadanos los que digan “basta ya”.
