LA VERGÜENZA DE LA FISCALÍA
En un Estado de Derecho, una institución de origen situado en la nebulosa de la historia, pero definida constitucionalmente como órgano del Poder Judicial, con autonomía funcional, no debería ser considerada un cortijo de los gobernantes, ni menos aún la muleta de actividades profesionales de parejas o familiares.
Desde hace decenios, la definición constitucional del Ministerio Fiscal es controvertida. Como quien recoloca muebles en un apartamento, hay quien gusta acomodar la institución en la habitación del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial. Nuestra Constitución sitúa a la figura en el Poder Judicial, aunque permanece en la legislación y la práctica un cordón umbilical con el Poder Ejecutivo que pone en solfa la autenticidad de nuestro Estado de Derecho y que debería ser considerado inservible para la supervivencia de la criatura, si quisiéramos reconocerla como democrática.
Frente al modelo de la justicia inquisitorial, en la que jueces y fiscales eran la misma cosa, la voluntad del soberano, en el Estado de Derecho, en su nacimiento, se separó en, al menos, dos realidades: el Poder Judicial quedó fuera del Ejecutivo. Con dudas teóricas sobre cómo incardinar la Fiscalía en el sistema de separación de poderes, por el infausto recurso de la sumisión del Promotor Fiscal al Inquisidor -del que actuaba como lacayo-, no se reparó en que la sumisión al Gobierno del Ministerio Público se revela como una de las mayores amenazas que se ciernen sobre los derechos de la ciudadanía y de las garantías constitucionales.
Lamentablemente, el desafío a la democracia, por una lacerante supeditación de los principios constitucionales que han de regir la organización y funcionamiento del Ministerio Fiscal a los designios políticos de los gobernantes, es poco discutible. La advertencia, siempre vigente, frente al poder es no ser demasiado cándido. Porque muchas veces los cándidos encubren propensión a ansiar que se les acaricie el lomo como agradecimientos de favores o que se les recompense con echada de huesos en el futuro. Cuando un tribunal, como el constitucional, que hasta ahora en las guías docentes calificábamos como jurisdiccional, demuestra, día a día, desde el cambio de presidencia su sumisión a un líder autoritario (pongamos por ejemplo los decretos ley) los juristas tenemos la obligación de exponerlo en los programas académicos, para no engañar a los alumnos sobre la deriva de nuestras instituciones. El Constitucional no es lo que fue. Era un orgullo y ahora es una vergüenza, lo cual es muy triste sostenerlo para una discípula de Vicente Gimeno Sendra, cuyas valientes sentencias y votos particulares enfrentaban al poder con los derechos fundamentales. Cándidamente, esa lucha por la Constitución se ha perdido.
Pero no sólo en el Tribunal Constitucional. En la Fiscalía se libra una batalla que puede parangonarse con las Termópilas. Frente a la independencia, imparcialidad y decencia, frente a la usurpación de una Fiscalía de Sala por quien la diseñó como Ministra, a gusto de su pareja, con el apoyo del Fiscal General designado como subalterno en su día por ella y encumbrado al cargo después, los fiscales profesionales alzan su voz para demostrar que nos son lacayos del poder y que están dispuestos a defender la democracia. Gracias.
