MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Será la tercera reunión que mantendrán el equipo de Pilar Llop y los sindicatos que integran el comité de huelga de funcionarios --CSIF, STAJ, CCOO y UGT--. La primera tuvo lugar el 20 de abril; la segunda, cuatro días después, el 24. Ambas terminaron sin acuerdo toda vez que no se formalizó una oferta económica con la que negociar.
Tras aquella negativa, los funcionarios aumentaron la presión sobre el Ministerio con concentraciones frente a la sede de Justicia, el Congreso de los Diputados y la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Con el paso de los días, también convocaron movilizaciones en el centro de la capital y manifestaciones todos los días de la semana.
Desde entonces, el comité de huelga ha reclamado que se reanuden las negociaciones. Para ello, ha enviado cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para que intercediesen ante el Ministerio de Justicia para retomar las conversaciones con la intención de poner fin a la huelga que mantienen pese al adelanto electoral.
Esta misma semana, como medida de presión los sindicatos anunciaron que denunciarían a la ministra Pilar Llop y al secretario de Estado, Antonio 'Tontxu Rodríguez', ante la Fiscalía del Tribunal Supremo al considerar que habían vulnerado su derecho fundamental de libertad sindical y que habían incumplido con su "deber" de convocar al comité de huelga.
El mismo día que el comité de huelga anunció dicha intención, Justicia citó a los sindicatos a una reunión que se celebrará este martes, a las 12.30 horas, en la sede del Ministerio. Habrá un único punto en el orden del día: "Tratar asuntos relacionados con la huelga".
SUBIDA SALARIAL Y REDEFINICIÓN DE FUNCIONES
De cara a la reunión del martes, los sindicatos solicitan una subida salarial de hasta unos 430 euros al mes para los 45.000 funcionarios, en línea con la pactada con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y con jueces y fiscales.
En cifras absolutas los incrementos se traducen en 46,7 millones de euros para los 8.000 miembros de la carrera judicial y fiscal y en 22,7 millones de euros para los LAJ. Ambos importes se quedan por debajo de los 200 millones de euros que exigen los funcionarios.
Además, el comité de huelga solicitaba que se paralizase la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa que, según los convocantes, el Ministerio Justicia quiere "imponer, sin negociar", poniendo "en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas".
Lo cierto es que tras el anuncio de elecciones anticipadas, tanto la Ley de Eficiencia Organizativa como las otras dos leyes de eficiencia --insignias del Ministerio-- quedan paralizadas con la disolución de las Cortes Generales. También quedan suspendidos otros textos impulsados por el equipo de Pilar Llop, como la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos.
