MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 dará este paso el próximo mes de septiembre, cuando expire el plazo que amplió esta misma semana. Será entonces cuando la Sala de lo Penal ponga fecha para la celebración de la vista oral.
En lo referido a ese plazo, el magistrado dio dos meses más a los Pujol para que informasen sobre los documentos que propone excluir de la causa. El juez Pedraz acordó prolongar el periodo para que el clan analizase sus archivos después de que la Fiscalía informase a favor de la ampliación, una petición "razonable considerando los archivos informáticos afectados".
LOS PUJOL: "UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL"
Cabe recordar que el anterior instructor, el magistrado José de la Mata, propuso juzgar en 2020 a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
La Sala de lo Penal confirmó en abril de 2021 el auto de pase a procedimiento abreviado apuntando a una actuación "claramente concertada de todos los integrantes de la familia Pujol" consistente en la apertura y cierre simultaneo de cuentas bancarias en el extranjero, así como de movimientos de fondos entre ellas, que indiciariamente obedecería a una estrategia orientada a ocultar su origen y que el auto conecta con operaciones ilícitas determinadas que tuvieron como consecuencia determinadas resoluciones de la administración autonómica catalana.
"Se trata de una serie de actuaciones, prolongadas en el tiempo, de todos los miembros de la familia investigados, que el auto sustenta en los correspondientes elementos indiciarios extraídos de la labor del instructor, determinando también, con igual engarce en las actuaciones, los respectivos papeles asumidos por cada miembro, en el plano provisional propio de esta fase procesal", explica el auto.
Cabe recordar que, además de contra toda la familia Pujol Ferrusola, el magistrado instructor procedió también contra otras 18 personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales, entre ellos Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras y Carlos Sumarroca Claverol.
