En su intervención, Llop ha hecho hincapié en que “una comunidad se define por la forma en que gestiona sus conflictos, y las soluciones que ofrezcamos deben ser igualmente dinámicas y ágiles; la elección del medio más adecuado de solución de controversias aporta calidad a la Justicia”.
La ministra ha subrayado que, tanto desde las administraciones públicas como de las privadas, “es necesario pasar de la cultura del conflicto a la cultura del acuerdo, ya que nos atañe a todos porque todos somos piezas del engranaje que construye una sociedad sana, democrática y avanzada”.
Según Llop, el ámbito empresarial, donde el dinamismo y la celeridad marcan las relaciones comerciales, exige soluciones rápidas y eficaces a los conflictos que pueden surgir entre empresas con presencia e intereses cada vez más globalizados geográficamente.
En este sentido, la ministra ha señalado que “enfocar el progreso de la litigiosidad empresarial desde una perspectiva abierta y participativa permitirá entender que, en muchas ocasiones, el diálogo y el consenso posibilitan obtener un mayor grado de satisfacción que la respuesta judicial”.
Texto refundido de la Ley Concursal
Como instrumento que también favorece la mediación, Llop se ha referido a la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal. Según la ministra, esta ley refuerza la confianza en la decisión mayoritaria de los sujetos afectados por una empresa con problemas de solvencia, reduciendo la intervención judicial conforme a los criterios de necesidad y proporcionalidad, de manera que se deja que sean las partes afectadas las que, privadamente, negocien y alcancen un acuerdo sobre el plan de reestructuración.
Además, esta ley, impulsada desde el Ministerio de Justicia, se limita a fijar un marco normativo con el fin de facilitar esa negociación colectiva, garantizar unas salvaguardas mínimas del proceso y del resultado de la negociación, y asegurar un equilibrio entre la protección del interés de la mayoría y una tutela adecuada de las partes afectadas disidentes.
Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal
La titular de Justicia también ha recordado que el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, actualmente en tramitación parlamentaria, “apuesta por medios alternativos a la vía jurisdiccional, contemplando de manera específica la mediación, la conciliación, la oferta vinculante confidencial, la opinión de experto independiente y la negociación directa entre las partes”.
Además, Llop ha explicado que, gracias a la digitalización del Servicio Público de Justicia, los medios adecuados de solución de controversias (MASC) también “prevén recursos telemáticos con carácter general para la actividad negocial y permiten las mediaciones internacionales y transfronterizas”.
La ministra también se ha referido a los operadores jurídicos como “un elemento clave para poder desplegar” los MASC, y ha insistido en la necesidad de aprobar las tres leyes de eficiencia -organizativa, procesal y digital-, “ya que mantienen una relación triangular dinámica como paso crucial para el desarrollo de los medios adecuados de solución de controversias”.
Finalmente, Llop ha señalado que los MASC van a contribuir a construir “una Justicia eficiente y ágil, pero también más humana y participativa, cercana a la ciudadanía y acorde con nuestros propios valores como sociedad”.
