ÁGUILAS (MURCIA), 9 May. (EUROPA PRESS) -
Los jueces y magistrados españoles trabajaran estos días junto a representantes de EUROJUST, INTERPOL, SIRENE, las redes de cooperación de fiscales (UCIF) y letrados de la Administración de Justicia (RECILAJ) y la Unidad Técnica de Policía Judicial, además de miembros de la Red Europea de Cooperación, de la Red de Expertos sobre Equipos Conjuntos de Investigación, de los magistrados de enlace de España en Reino Unido e Irlanda, Marruecos, Francia, EEUU y Benelux, así como de los magistrados de enlace de Reino Unido, Países Bajos, Marruecos y Rumanía en España.
Los encargados de abrir las jornadas han sido, en primer lugar, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Carlos Gómez Martínez, magistrado y miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2021-2024, con la ponencia titulada "La doble función, preventiva y reparadora, del Comité de Derecho Humanos de la ONU"; y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, con una disertación sobre los 'Aspectos internacionales del sistema penitenciario español', según informaron fuentes del TSJMU en un comunicado.
DEMANDAS CONTRA PERIODISTAS Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
En esta edición, además de la revisión de los contenidos del Prontuario de Auxilio Judicial Internacional, con la inclusión de las novedades y la actualización de las fichas informativas (legislación nacional) accesibles en el Portal e-Justice (https://e-justice.europa.eu), tanto de carácter penal como civil, los talleres abordarán las normas relacionadas con el reconocimiento de la paternidad/maternidad entre los Estados miembros y la protección transfronteriza de adultos vulnerables.
Asimismo, también abordará la propuesta de Directiva Anti-SLAPP, que establece garantías procesales transfronterizas para proteger a periodistas, defensores de los derechos humanos y otras personas implicadas en el debate público frente a demandas estratégicas contra la participación pública, así como la propuesta de Directiva que prevé la eficiencia de los procedimientos de insolvencia, la maximización de la recuperación y la distribución equitativa de lo obtenido entre los acreedores.
Por último, en los talleres civiles también se van a trabajar sobre la resolución del Parlamento Europeo pidiendo a la Comisión que regule la financiación de litigios por terceros o TPLF (Third Party Litigation Funding), es decir, la financiación los costes del litigio, a cambio de una tasa pagadera con los ingresos recuperados por el litigante financiado, "una cuestión controvertida, en particular en las jurisdicciones extracomunitarias, y que está creciendo dinámicamente en la Unión Europea", explica la organización en su programa. "Facilita el acceso a la justicia, pero puede dar lugar a abusos en detrimento de las partes".
Además, los miembros de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europa (REDUE) continuarán con sus trabajos para elaborar estudios, confeccionar guías y prontuarios u otros instrumentos destinados a favorecer el conocimiento y difusión del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; además los responsables del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) presentarán las novedades del Fondo Documental; y se abordará la cooperación con el Ministerio de Justicia y Ministerio de Asuntos Exteriores, Abogacía del Estado, Universidades y otras Redes de Cooperación Internacional.
En este encuentro participan como invitados, Luis Gonzaga Aguilera Ruiz, abogado del Estado-Adjunto en la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; Carolina García Rato, jurista-lingüista del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; Joaquín Moreno Grau, letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea --magistrado de la Región de Murcia en servicios especiales--; Juan Jorge Piernas López, vocal de la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo (AEDEUR) y Francisco de Asís Sanz Gandasegui, abogado del Estado, subdirector general de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
