MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Según consta en los acuerdos de la Comisión Permanente del 26 de abril, el Consejo ha resuelto que el magistrado Ballesteros --que actualmente se encuentra en servicios especiales-- ocupe la plaza que Campo dejó vacía al asumir su cargo como magistrado de la corte de garantías el pasado enero, cuando tuvo lugar la renovación parcial del Constitucional.
Así las cosas, el órgano de gobierno de los jueces ha recalcado que, en virtud de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ballesteros "necesariamente deberá reincorporarse al servicio activo para proceder al desempeño efectivo de funciones judiciales en la plaza de la que ha sido adjudicatario".
Está previsto que Ballesteros ocupe la plaza que Campo obtuvo en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en diciembre de 2019 y que dejó vacante en enero de 2020, cuando asumió el cargo de ministro de Justicia. Fue en julio de 2021, tras ser cesado, cuando solicitó su reingreso al tribunal. Y allí estuvo, hasta el pasado enero, cuando tomó posesión como magistrado del Constitucional a propuesta del Gobierno.
LA PROPUESTA DE REFUERZO
Pese a la decisión de destinar a Ballesteros a dicha plaza, la Audiencia Nacional ha solicitado al Consejo que le conceda otro refuerzo. En concreto, un día después de que el CGPJ adoptara su decisión, el 27 de abril, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional propuso al órgano de gobierno de los jueces que designase otro magistrado.
Para ello, ha avalado al magistrado Ricardo Rodríguez Fernández, destinado en la Audiencia Provincial de Madrid; y al magistrado Alejandro Abascal, que actualmente actúa como juez responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, donde se investiga el 'caso Soule', y que anteriormente estuvo en el Juzgado que lleva el 'caso Villarejo'.
Entre sus argumentos, el tribunal ha recordado que dicha Sala --integrada por cuatro secciones-- tiene vacante desde noviembre de 2021 la Presidencia, toda vez que la magistrada Concepción Espejel tomó posesión en el Tribunal Constitucional; y ha estado desde enero con la vacante de Campo. Además, ha incidido en que soporta un "elevado número de asuntos".
Desde la Audiencia Nacional han precisado que la medida de refuerzo "conllevaría que el magistrado que sea nombrado sea adscrito a la o a las secciones que fueran necesarias para poder desdoblar aquella sección que, por estar enjuiciando una macrocausa, precisase despachar los 'asuntos ordinarios', haciéndose necesario mantener las comisiones de servicio existentes para conformar con cinco magistrados cada una de las secciones".
Para dicha plaza de refuerzo se han presentado siete solicitudes, pero tras analizar las candidaturas el presidente en funciones de la Sala de lo Penal y, posteriormente, la Sala de Gobierno han acordado proponer a dos de ellos: Rodríguez Fernández y Abascal.
