MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Así se desprende de los acuerdos de la Comisión Permanente, a los que ha tenido acceso Europa Press, en los que el órgano de gobierno de los jueces autoriza la medida de apoyo solicitada por Calama y accede a que el magistrado Javier Ángel Fernández-Gallardo, titular del Juzgado de lo Penal Número 2 de Guadalajara, "realice exclusivamente labores de colaboración, asistencia o asesoramiento" en el Central Número 4 de la Audiencia Nacional.
Fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias han confirmado que el refuerzo designado por el CGPJ era el nombre propuesto por el propio Calama. Fernández-Gallardo, que actuaba como Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) del Central de Instrucción Número 4, era del agrado del magistrado al estar ya familiarizado con las causas instruidas en el propio Juzgado.
El CGPJ ha avalado que actúe como juez de refuerzo por un período de seis meses, "si bien debería producirse la efectividad de la medida una vez se haya procedido a una adecuada cobertura" del juzgado en el que Fernández-Gallardo es titular.
Según consta en los acuerdos de la Comisión Permanente, el Servicio de Inspección del CGPJ supervisará trimestralmente la aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. Para ello, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional deberá informar al órgano de gobierno de los jueces sobre la "efectividad" de la medida a los tres meses de su puesta en funcionamiento y a su finalización.
Al margen, desde el Consejo han instado a Fernández-Gallardo a comunicar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha su intención de aceptar su traslado.
El nuevo magistrado de refuerzo formará parte del juzgado en el que se investiga el 'caso Popular'; el presunto espionaje con Pegasus a miembros del Gobierno; el ciberataque sufrido en 2022 en el Punto Neutro Judicial; o la presunta estafa piramidal a la plataforma de inversión en criptomonedas Arbistar.
Cabe recordar que en dicho juzgado, Calama actúa como juez de garantías para supervisar la investigación de la Fiscalía Europea relativa a la rama del denominado 'caso Mediador' sobre una serie de contratos adjudicados al proyecto GAR-SI Sahel.
