ABOGACÍA Y CIUDADANOS, ANTE EL COLAPSO JUDICIAL
La Abogacía, pero también toda la sociedad, asiste con preocupación a la constatación de vivir un severo colapso en la Administración de Justicia en España. Tenemos enfermo de gravedad a uno de los tres pilares del Estado sin que esté recibiendo el tratamiento adecuado que conduciría a una mejora, cuando no a una solución, de su crítica situación.
El grave deterioro del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que sufrimos no es consecuencia, de forma exclusiva, de la acción de este Gobierno, sino que es fruto de la dejadez y el desapego que ha vivido la Administración de Justicia, de forma sistemática, con todos los anteriores Ejecutivos.
Ahora bien, lo que sí es cierto es que el ministerio actual, en un momento en el que se ha producido una catarsis de todos los operadores jurídicos, no ha tenido la altura de miras ni la destreza ni tampoco la mínima diligencia a la hora de abordar el drama que estamos viviendo. Primero han sido los letrados de la Administración de Justicia, en una huelga que, por una gestión completamente ineficiente por la desaparición del Ejecutivo, se ha prolongado durante dos meses. Tras ellos, la reacción en cadena de funcionarios, de judicatura y de fiscalía, además del permanente conflicto que padece la Abogacía por un maltrato no solo de carácter económico, sino también, y de modo fundamental, por una falta de atención institucional.
Ningún Ejecutivo ha sido consciente de la relación privilegiada y próxima que tiene con la sociedad civil la Abogacía, que es el verdadero interlocutor entre la clase institucional y la clase social. Esto se traduce en la falta de presencia de la propia Abogacía en la elaboración de los procesos normativos, en los que siempre ha estado presente Fiscalía o Judicatura. Pero el principal operador jurídico que es la Abogacía, que es quien detecta de modo temprano todos los déficits de la norma y quien escucha al ciudadano en sus necesidades día a día, ha sido prácticamente silenciado en todos esos procesos. Si a eso le añadimos una situación de esclavitud de la Abogacía, en la que no hay desconexión ningún día del año, en la que no existe una conciliación y vemos enfermar a nuestros padres, a nuestras madres o a nuestros hijos, siguiendo atados a una sucesión de plazos que no padecen otros operadores jurídicos, podemos explicar la situación de hartazgo que vive nuestra profesión, a pesar del papel central que desempeña como garante de todos los derechos y libertades.
Ante todo ello, o se toman las riendas por parte del ministerio o, en una época prácticamente rayando el final de la legislatura, tenemos el riesgo severo de encontrarnos con una paralización del Estado en lo referente a la Administración de Justicia.
La Abogacía no puede permanecer impasible ante la paralización del sistema judicial español y las consecuencias de ello. Por eso, desde esa responsabilidad, y en defensa de la salvaguarda del interés general, desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) estamos dando todos los pasos posibles: desde reuniones con todos los agentes de la Administración de Justicia como con los grupos parlamentarios, a quienes hemos hecho partícipes de la gravedad de la situación.
Como decano del ICAM, el mayor colegio profesional de Europa, hago de un llamamiento a la ministra y a todas las fuerzas políticas a actuar con responsabilidad y lograr de forma urgente un Pacto de Estado. Urge abrir cauces de diálogo y propiciar el entendimiento que nos permita superar un colapso que no puede prolongarse.
Cuando el acceso a la Justicia se paraliza, todos los demás derechos están también en suspenso. Es una situación que la sociedad madrileña y española no merece ni puede tolerar por más tiempo.
Tenemos enfermo de gravedad a uno de los tres pilares del Estado. O se toman las riendas por parte del ministerio o tenemos el riesgo severo de encontrarnos con una paralización del Estado en lo referente a la Administración de Justicia
