ORDEN FAM/538/2023, DE 24 DE ABRIL, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES POR LAS QUE SE REGULA LA ACCIÓN CONCERTADA DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE EN LOS CENTROS DE DÍA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN
La Ley 16/2010, de 20 de diciembre 
, de Servicios Sociales de Castilla y León configuró el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública quedando definido, en su artículo 4, como el conjunto de recursos, programas, actividades, prestaciones, equipamientos y demás actuaciones de titularidad pública y de titularidad privada, financiados total o parcialmente con fondos públicos.
Por Acuerdo 28/2017, de 15 de junio , de la Junta de Castilla y León, se aprobó la Estrategia de Prevención de la Dependencia de Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Activo en Castilla y León. La Estrategia contempla medidas dirigidas al fomento de la inclusión y participación plena de las personas mayores en la sociedad desde una perspectiva coherente con los nuevos modelos de atención a las personas mayores que se están implantando en la Comunidad.
El marco teórico y conceptual de referencia, se sustenta en la atención centrada en la persona, que está suponiendo una transformación muy relevante en la planificación y provisión de servicios y recursos dirigidos a las personas mayores. Adquieren así, un lugar prioritario, aspectos como la promoción de la autonomía, las preferencias de las personas y la defensa de su dignidad.
Por otra parte, el paradigma del Envejecimiento Activo, promovido por la OMS aporta un enfoque de curso de vida flexible, comprometido con todas las generaciones para crear oportunidades para la salud, la seguridad, la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida. Pretende, por tanto, empoderar a las personas promocionando sus derechos fundamentales a lo largo del ciclo vital y la aplicación de los principios de la ONU para las personas mayores (independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad).
En el año 2017, la OMS cambió el concepto de envejecimiento activo por el de envejecimiento saludable, definiéndolo como el proceso para fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. La capacidad funcional consiste en tener los atributos que permiten a todas las personas ser y hacer lo que para ellas es importante.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, en diciembre de 2020, el periodo 2021-2030, como la Década del Envejecimiento Saludable y aporta una estrategia para lograr y apoyar acciones para construir una sociedad para todas las edades.
Además de los anterior, se incorpora a la programación y objetivos del envejecimiento activo y saludable las medidas contempladas en el Plan de Acción de Castilla y León contra la soledad no deseada y el aislamiento social, que acompaña a muchas personas mayores. La cuarta parte de la población de Castilla y León tiene 65 o más años, un 25,6% de estos mayores viven solos y un 51,4% viven en el medio rural. Esta realidad nos sitúa ante el reto de buscar una solución adaptada a unas especiales condiciones de dispersión y ruralidad.
Por otra parte, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece que determinados servicios relacionados con la atención a las personas pueden ser prestados a través de procedimientos no contractuales, siempre que las comunidades autónomas aprueben instrumentos normativos para ello, tal como prevé la disposición adicional cuadragésima novena de esta ley.
En consonancia con ello, el Título VIII de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre , modificado por la Ley 5/2021, de 14 de septiembre , reguladora del Tercer Sector Social y de modificación de la Ley 8/2006, de 10 de octubre , del Voluntariado en Castilla y León, con objeto de lograr la plena adecuación del régimen de concertación social a los postulados de la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre , dedica su capítulo I a la participación de las entidades privadas en los servicios sociales, reconociendo en el artículo 86 el derecho de la iniciativa privada, a través de entidades con o sin ánimo de lucro, a participar en los servicios sociales mediante la creación de centros y servicios y la gestión de programas y prestaciones de esta naturaleza.
Del mismo modo, en su artículo 88, se prevé que, en el marco de la planificación autonómica de servicios sociales, las entidades de iniciativa privada puedan participar en la dispensación de prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, mediante la firma de conciertos, convenios, contratos y demás acuerdos de colaboración con las administraciones públicas de Castilla y León competentes en esta materia.
En el artículo 89 de la citada ley se recoge el régimen de concertación, señalándose que las administraciones públicas, así como su sector público, competentes en materia de servicios sociales podrán encomendar a otras entidades, de manera subsidiaria y complementaria, mediante el concierto social, la provisión de prestaciones previstas en el correspondiente catálogo de servicios sociales, de acuerdo con la planificación prevista en dicho ámbito.
Igualmente, en el apartado 5 del referido artículo 89 se establece el mandato a la Junta de Castilla y León para efectuar el desarrollo reglamentario de las condiciones y procedimientos del concierto social. Dicho mandato se ha llevado a cabo mediante la aprobación del Decreto 3/2022, de 17 de febrero , por el que se establece el régimen jurídico del concierto social en determinados ámbitos del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública de Castilla y León. El precitado decreto recoge, en su artículo 7, la necesidad de aprobar y publicar las bases de convocatoria para las prestaciones objeto del concierto social.
Asimismo, en el Acuerdo 150/2021, de 23 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Castilla y León 2022-2025, se establece que el Tercer Sector Social y otras entidades colaboran en múltiples ámbitos del Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León.
Esta colaboración se articula a través de diferentes instrumentos jurídicos, entre ellos, los conciertos, incluyéndose entre las principales actuaciones de colaboración las actividades de envejecimiento activo para prevenir la dependencia y abordar la soledad no deseada en centros de día de la Gerencia de Servicios Sociales.
Dicho Plan establece como objetivo conseguir un sistema eficiente que permita hacer frente a los retos estratégicos de los próximos años para los servicios sociales de Castilla y León como es hacer frente a los procesos de envejecimiento y sobreenvejecimiento y a las consecuencias derivadas de la pérdida de autonomía de las personas, el incremento de personas que viven solas y una disminución del cuidado informal disponible, dificultad de atención que se incrementa aún más en el ámbito rural, amplio y disperso por el territorio en pequeños núcleos de población.
También es de aplicación a estas bases el Decreto 58/2014, de 11 de diciembre , por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León, actualizado por Orden FAM/4/2019, de 8 de enero .
Con todas estas previsiones se trata de favorecer la cooperación público-privada en la prestación de los servicios sociales con la finalidad de mejorar su calidad uniendo para ello las capacidades de los actores públicos y privados en la solución de los problemas sociales.
En virtud de lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 150/2021, de 23 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Castilla y León 2022-2025 y el artículo 7. 2 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero , por el que se establece el régimen jurídico del concierto social en determinados ámbitos del Sistema de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública de Castilla y León,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto establecer las bases por las que se determina el régimen jurídico aplicable a la acción concertada del Programa de dinamización de actividades de envejecimiento activo y saludable en los Centros de Día de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (en adelante, CDPM).
Artículo 2. Contenido de la acción concertada.
Los servicios objeto de la presente acción concertada tienen como finalidad la consecución de hábitos que mejoren la calidad de vida de los usuarios de los CDPM.
Para ello, los CDPM dispondrán de un programa de actividades con un nuevo enfoque que deberá contemplar los siguientes principios:
- Fomentar la participación de los socios en la vida social del centro a través de la ocupación activa del tiempo libre y desarrollo de sus aficiones, mejorando la calidad de vida.
- Motivar a los socios/ beneficiarios para conseguir una relación positiva con el entorno.
- Posibilitar las relaciones familiares e intergeneracionales a través de actividades conjuntas con el entorno.
- Inclusión en la programación de actividades de la perspectiva de género.
- Las actividades irán dirigidas a prevenir y mejorar estados de dependencia, favoreciendo la autonomía y autoestima de la persona mayor, impulsar la creatividad e imaginación a través del descubrimiento de habilidades personales y sociales y el cultivo de aficiones y fomentar las relaciones interpersonales eliminando situaciones de aislamiento y soledad, haciendo especial hincapié en incorporar, de forma transversal, elementos que contribuyan al establecimiento de relaciones sociales significativas que ayuden a prevenir y afrontar las situaciones de soledad no deseada.
Artículo 3. Requisitos de las entidades para concertar.
1. Podrán concurrir a la convocatoria de la acción concertada, las personas físicas o jurídicas que reúnan los siguientes requisitos establecidos en el artículo 5 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico del concierto social en determinados ámbitos del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y León:
a) Figurar inscritas en el Registro de Entidades Servicios y Centros de carácter social, de Castilla y León.
b) Contar con la oportuna acreditación administrativa de sus centros y servicios.
c) Acreditar la disposición de medios y recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el respectivo catálogo de servicios sociales de la Administración pública concertante en los específicos ámbitos de actuación de la acción concertada, así como el cumplimiento de toda aquella normativa que, con carácter general o específico, les sea de aplicación, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad, como por el tipo de prestación o servicio objeto de concertación.
d) No incurrir en alguno de los supuestos previstos en el régimen de prohibiciones establecido de la normativa sobre contratación o subvenciones públicas.
e) No haber sido sancionadas con carácter firme por la comisión de una infracción muy grave en el ámbito de los servicios sociales, en el plazo de los cuatro años anteriores al inicio del procedimiento del concierto social.
Artículo 4. Destinatarios de la actuación concertada y sistema de acceso al servicio.
1. Los destinatarios del servicio serán los socios o beneficiarios de los CDPM. En las actividades de un centro de día podrán participar los socios del centro o socios de cualquier otro centro de día de personas mayores dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
2.- El acceso de las personas destinatarias al servicio será siempre voluntario, y la selección de los participantes en cada actividad se realizará por la dirección de los CDPM de conformidad con lo establecido en la convocatoria.
Artículo 5. Condiciones técnicas de ejecución de los servicios objeto de concertación.
1.- Modelo de Atención Integral Centrada en la Persona.
El modelo de atención será el de Atención Integral Centrada en la Persona.
La atención se plantea desde el conocimiento de la persona y de manera integral y centrada en ella, se identifica y potencia capacidades y se buscan apoyos para solventar limitaciones.
2.- Descripción de los servicios.
Los servicios objeto de esta concertación son los siguientes:
a) Planificación y diseño del programa de dinamización.
Se entenderá comprendido dentro del servicio y por cuenta de la entidad concertada todas las tareas preparatorias y de programación de cada una de las actividades y talleres, así como aquellas que pudieran derivarse como consecuencia de perfeccionamiento o prácticas de éstas.
Dicho programa deberá estar basado en el conocimiento de los deseos, preferencias e inquietudes de los socios de cada centro y las directrices de la correspondiente Dirección de estos.
Las actividades y talleres deberán encontrarse enmarcadas en las áreas recogidas en la convocatoria.
En el plazo que establezca la convocatoria desde el inicio del concierto, la entidad concertada presentará a las Direcciones de los CDPM un Programa de Dinamización, con una propuesta anual de un proyecto de actividades y talleres. Para ello, la entidad concertada deberá tener en cuenta las instrucciones, directrices y observaciones que se le formulen directamente por los CDPM, sin apartarse del contenido de las bases y de la convocatoria.
b) Difusión de las actividades y talleres, tanto en los centros como en los lugares que se acuerden con las Direcciones de los CPDM, para dar la mayor trascendencia y visibilidad posible a las mismas.
Además de la difusión de dichas actividades al inicio del concierto, siempre que la programación de las actividades y talleres varíe se llevará a cabo la difusión de la nueva programación de la misma forma que en el inicio de este.
c) Desarrollo de un protocolo de coordinación con las Direcciones de los CDPM incluidos en el concierto.
En el plazo que establezca la convocatoria desde el inicio del concierto, la entidad concertada presentará a las direcciones de los CDPM un protocolo de coordinación con estas, que defina los responsables de dicha coordinación por parte de la entidad concertada, contenido y temporalidad de dicha coordinación, que deberá cumplir lo establecido en las bases y en la convocatoria.
d) Desarrollo de estrategias de motivación generando procesos de participación activa de los socios.
Potenciando e impulsando que los socios se conviertan en el motor de la actividad en la que participen, propiciando que sigan siendo activas participativas, creativas.
e) Gestión los recursos necesarios para el desarrollo del programa.
- Medios personales
Para la ejecución del concierto será necesario disponer de los profesionales que se determinen en la convocatoria.
La entidad concertada se obliga a proporcionar uniformidad a los profesionales para la prestación del servicio.
Es de exclusiva cuenta de la entidad concertada el pago del salario del personal que emplee para la realización del servicio objeto del concierto social, así como cotizaciones a la Seguridad Social y demás obligaciones económicas impuestas por las disposiciones vigentes.
Específicamente, la entidad queda obligada a que todo el personal que contrate para la prestación del servicio esté dado de alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social, obligándose a cumplir con respecto a dicho personal la legislación laboral vigente en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad e higiene en el trabajo y aquella otra normativa de naturaleza laboral que le sea de aplicación.
En ningún caso, la Administración concertante resultará responsable de las obligaciones de la entidad concertada con respecto a sus trabajadores, aun cuando los despidos y medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del incumplimiento o interpretación del concierto social establecido.
El personal adscrito por la entidad concertada a la ejecución del concierto social, incluido el subcontratado, deberá mantener el debido respeto o consideración con los usuarios del Centro y con el resto de público, siendo responsable la entidad concertada frente a la Gerencia de Servicios Sociales.
- Lugares de prestación del servicio
El lugar habitual de desarrollo de actividades y talleres serán los espacios habilitados al efecto en cada CDPM, sin perjuicio de que ocasionalmente la totalidad de estos o alguna de sus partes puedan realizarse en otro lugar. En el caso de que circunstancias sobrevenidas durante la vigencia del concierto impidieran la ejecución presencial de los servicios objeto de este, su ejecución se realizaría de modo online.
- Medios Materiales.
Los materiales necesarios para la impartición de la actividad por parte del monitor serán por cuenta de la entidad concertada. Por el contrario, los materiales y útiles de uso personal necesarios para la realización de la actividad por parte de los usuarios serán aportados por los mismos. Los objetos o realizaciones efectuadas en estas actividades quedarán en propiedad de sus autores.
Los gastos de suministros y mantenimiento de los espacios anteriores serán por cuenta de los CDPM.
f) Gestión de la inscripción de participantes y seguimiento de asistentes, en coordinación con las Direcciones de los CDPM.
A la entidad concertada le corresponderá la recepción de las solicitudes, la formalización de las inscripciones, el cobro de aquellas actividades que no sean gratuitas, así como el control del desarrollo de las actividades, todo ello en coordinación con los CDPM, y en los términos establecidos en la convocatoria.
g) Fomentar las relaciones sociales entre los mayores y otros grupos de edad
Propiciando contextos y actividades que mejores su calidad de vida promoviendo su integración y relación positiva con el entorno.
h) Elaboración de un informe de seguimiento y evaluación del desarrollo del programa.
La entidad concertada vendrá obligada a realizar las actuaciones necesarias de seguimiento y evaluación correspondientes al desarrollo del programa objeto de este concierto, conforme a lo establecido en la convocatoria.
i) Impartición de actividades y/o talleres, que serán de dos tipos:
- Actividades y/o talleres permanentes y transversales durante toda la ejecución del concierto y gratuitos para los destinatarios de la acción concertada, como espacios de aprendizaje y encuentro continuo, desarrollo de capacidades y ocupación enriquecedora del tiempo libre, que se incluirán en los siguientes espacios:
• Espacio para la salud psico-social: Entrenamiento de la memoria, atención y concentración.
• Espacios de encuentro frente a la soledad.
• Espacios para la salud física: Actividad Física Adaptada, definida como todo movimiento, actividad física y deporte en los que se pone especial énfasis en los intereses y capacidades de las personas con condiciones limitantes, como discapacidad, problemas de salud o personas mayores.
• Espacio digital: Dotar de herramientas para mejorar la calidad de vida.
Este tipo de actividades se desarrollarán a lo largo de todo el año, con la duración y frecuencia que se establezca en la convocatoria, y con la descripción, programación y características que establezca la entidad concertada en el Programa de Dinamización, en coordinación con el CDPM, teniendo en cuenta las necesidades, costumbres y hábitos de los diferentes centros, así como el tipo de actividad que se está desarrollando. Podrá modificarse en función de la demanda del CDPM y otras circunstancias sobrevenidas, teniendo siempre en cuenta que el objetivo de estas actividades es llegar al mayor número de usuarios posible, pudiéndose realizar tantas ediciones como sea necesario.
Cuando por cualquier circunstancia no exista la suficiente demanda para que alguna de las actividades incluidas inicialmente en el programa de dinamización en esos espacios sea viable, se podrán sustituir dichas actividades por otras que se consideren adecuadas a la demanda y necesidades de los participantes, previo acuerdo con la Dirección del centro.
Las horas previstas en la convocatoria para la realización de estas actividades serán de prestación obligatoria para la entidad concertada durante la vigencia del concierto social.
- Actividades y/o talleres a realizar dentro de la organización y programación coordinada entre la entidad concertada y la Dirección del CDPM, con participación económica en el pago por parte de los destinatarios de la acción concertada, y que deberán estar incluidas en las áreas que señala la Clasificación de Actividades de Envejecimiento Activo, que a continuación se indican:
• Promoción de hábitos saludables.
• Competencias para la vida autónoma.
• Relación con el entorno.
• Promoción del conocimiento y adquisición de habilidades.
Este tipo de actividades se desarrollarán con la duración y frecuencia que se establezca en la convocatoria, con la descripción, programación y características que establezca la entidad concertada en el Programa de Dinamización, en coordinación con el CDPM, teniendo en cuenta las necesidades, costumbres y hábitos de los diferentes centros, así como el tipo de actividad que se está desarrollando. Podrá modificarse en función de la demanda del CDPM y otras circunstancias sobrevenidas, teniendo siempre en cuenta que el objetivo de estas actividades es llegar al mayor número de usuarios posible, pudiéndose realizar tantas ediciones como sea necesario.
Cuando por cualquier circunstancia no exista la suficiente demanda para que alguna de las actividades incluidas inicialmente en el programa de dinamización en estas áreas sea viable, se podrán sustituir dichas actividades por otras que se consideren adecuadas a la demanda y necesidades de los participantes, previo acuerdo con la Dirección del centro.
Artículo 6. Presupuesto y precio máximo del servicio.
1. La acción concertada se financiará por el importe y con cargo a las partidas presupuestarias de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León que se determinen en la convocatoria.
2. El precio máximo del servicio se fijará en la convocatoria en función del impacto económico de la actuación que establezca el informe propuesta elaborado por el Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León. Dicho precio máximo, así como el precio ofertado por la entidad concertada, tendrá en cuenta todos los servicios a desarrollar objeto del concierto, incluidas las mejoras ofrecidas por las entidades concertadas, la dotación profesional necesaria para prestar el servicio y los costes directos e indirectos estimados de la acción concertada. En dicho precio estarán incluidos todo tipo de impuestos o tasas estatales, autonómicas o locales existentes. En el caso de que la entidad titular del concierto no esté exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) el precio será el correspondiente al precio con el IVA incluido.
Artículo 7. Forma y plazo para la presentación de solicitudes, comunicaciones y notificaciones electrónicas.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 10.4 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento.
A tal efecto, los interesados deberán disponer de DNI electrónico o certificado electrónico expedido por entidad prestadora del servicio de certificación reconocida por la Junta de Castilla y León, y que sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas.
Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el apartado anterior reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
2. Las solicitudes se presentarán telemáticamente en la forma y según los modelos normalizados que se establezcan en la convocatoria, a través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, accesible desde la sede electrónica de la Comunidad de Castilla y León: en la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es
3. Dicha solicitud irá acompañada de la documentación que se determine en la convocatoria relativa a la entidad solicitante, al cumplimiento de los requisitos para concertar, así como a la acreditación de los criterios de valoración. Asimismo, la convocatoria establecerá aquellos documentos cuyos datos consultará la Comunidad de Castilla y León, eximiendo de su presentación, excepto que la entidad interesada formule expresamente su oposición a la consulta, en cuyo caso deberá aportarlos junto a la solicitud.
4. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.
5. De conformidad con lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 10.4 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero, las notificaciones se practicarán por medios electrónicos.
Las notificaciones y comunicaciones que los órganos competentes de la Gerencia de Servicios Sociales dirijan a los interesados se realizarán mediante la puesta a disposición del documento de que se trate a través del sistema de notificación por comparecencia en sede electrónica “NOTI”, para lo cual los interesados deberán suscribirse al procedimiento correspondiente en el enlace https://www.ae.jcyl.es/notifica.
Para la práctica de la notificación la Administración enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado o, en su caso, de la persona representante que este haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración. La falta de práctica de este aviso, de carácter meramente informativo, no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
En los supuestos de notificaciones electrónicas de carácter obligatorio, se entenderán rechazadas cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.
Artículo 8. Criterios de valoración.
1. Los criterios de valoración de las solitudes, cuya ponderación y forma de acreditación se determinará en la convocatoria, son los siguientes:
a) Experiencia mínima acreditada de 2 años en la prestación de servicios similares a los que constituyen el objeto de la presente acción concertada, que hayan sido prestadas en todo tipo de centros destinados a la atención a las personas mayores.
b) Metodología, planificación y desarrollo de actividades, mediante la presentación de un proyecto técnico que comprenda la descripción, características, condiciones, organización y desarrollo de los servicios objeto de la acción concertada, teniendo en cuenta aquellos aspectos que redunden en una mejor calidad de los servicios concertados.
c) Método de evaluación de los residentes y su implantación, mediante la presentación de una memoria explicativa.
d) Propuesta económica: Menor precio/hora para la realización de los distintos servicios objeto de la acción concertada, en aplicación de la fórmula que se establezca en la convocatoria.
e) Mejora sin coste adicional: Prestación del servicio de cafetería y/o servicio de comedor en aquellos CDPM que se establezcan en la convocatoria y en los términos establecidos en esta.
2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre , en el caso de que varias entidades obtengan, conforme a los criterios anteriores, la misma valoración, siempre que sean análogas condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social, se optará por aquella que esté constituida sin ánimo de lucro y en el caso de que ambas lo sean, se optará por aquella que forme parte de la Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León. En el caso que persista el empate, se aplicaran los siguientes criterios:
- Las entidades que, al vencimiento del plazo de presentación de solicitudes, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. En caso de que se encuentren igualadas, tendrá preferencia la entidad que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
- Las entidades que, al vencimiento del plazo de presentación de las solicitudes, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, como planes de igualdad, medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
A tales efectos, los órganos competentes de la Gerencia de Servicios Sociales, requerirá a las entidades empatadas la documentación acreditativa de la concurrencia de los criterios de preferencia relacionados.
Artículo 9. Plazo de ejecución del concierto social y eventuales prórrogas.
1. El plazo de ejecución de la acción concertada regulada en las presentes bases será de 2 años, a contar desde el momento que se establezca en la convocatoria y en la formalización del concierto social.
Antes de la finalización del plazo inicial y por mutuo acuerdo de las partes, el concierto social podrá ser objeto de una o varias prórrogas; estas prórrogas no podrán superar, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente (2 años). Esto es, la duración total del concierto social, incluidas las prórrogas, no podrá superar los 4 años de duración.
2. La prórroga del concierto deberá acordarse con, al menos, una antelación mínima de tres meses al momento de finalización del concierto.
3. La prórroga del concierto estará supeditada a la valoración previa de la necesidad de mantenimiento del servicio en los mismos términos y condiciones que venía prestándose, a la existencia de una demanda suficiente que justifique su viabilidad en cumplimento del principio de eficiencia en la gestión de fondos públicos, a la buena ejecución de la prestación y a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
Artículo 10. Modificación del concierto.
1. El concierto podrá modificarse por razones de interés público para adecuar la prestación del servicio, una vez firmado el concierto, a nuevas necesidades que pudieran surgir, o en su caso, a la actualización de la contraprestación económica que perciba la entidad concertante, siempre de forma debidamente justificada y de acuerdo con el procedimiento que se determine en la convocatoria.
2. Las modificaciones no podrán suponer, en su conjunto, más del 20% del precio inicial del concierto durante su vigencia y no podrán alterar las condiciones esenciales del concierto.
Artículo 11. Cesión y subcontratación de las prestaciones del concierto.
1. Los derechos y obligaciones dimanantes de este concierto podrán ser cedidos por las entidades concertadas a un tercero en los términos, condiciones y requisitos establecidos en la convocatoria.
2. La entidad concertada podrá subcontratar únicamente el servicio de cafería y/o comedor en el supuesto de que lo hubiera ofrecido como mejora, y en los términos de esta. La entidad que desea subcontratar debe obtener previamente autorización expresa de la Administración concertante.
3. En el supuesto de que la entidad concertada subcontrate la ejecución de dicho servicio de cafetería y/o comedor, deberá hacerlo con Centros Especiales de Empleo, siempre que ello sea posible. La entidad concertada, deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos indicando el Centro Especial de empleo con el que pretende subcontratar. De no ser posible dicha subcontratación, se deberá justificar por la entidad concertada.
Artículo 12. Causas de extinción y resolución del concierto.
Son causas de extinción y resolución del concierto las previstas en el artículo 18 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero y en el artículo 94 bis de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre.
Artículo 13. Convocatoria.
La convocatoria del procedimiento de concertación corresponde a la persona titular de la presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, a propuesta del Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León.
Artículo 14. Comisión de Verificación.
1. La Comisión de Verificación es el órgano colegiado encargado de verificar los requisitos y criterios establecidos en las bases y en la convocatoria.
2. La Comisión de Verificación estará compuesta por:
a) Presidente: La persona titular del Servicio de Gestión de Centros de la Dirección Técnica de Recursos Humanos y Gestión de Centros.
b) Vocales: dos personas, funcionarias, dependientes del Servicio de Gestión de Centros de la Dirección Técnica de Recursos Humanos y Gestión de Centros, una de las cuales actuará como secretaria con voz y voto.
Artículo 15. Instrucción y resolución .
1. La competencia para instruir el procedimiento de concertación corresponde al Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León.
2. Una vez recibidas las solicitudes, la Comisión prevista en el artículo anterior verificará que reúnen los requisitos exigidos y que van acompañadas de la documentación requerida.
Si se apreciara que alguna solicitud no está debidamente cumplimentada o no está acompañada de la documentación exigida, se requerirá a la persona solicitante de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que en el plazo de diez días, proceda a su subsanación o acompañe la documentación necesaria, en su caso, de forma telemática, con indicación, de que si así no lo hiciese, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución del órgano competente de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del mismo texto legal.
3. Una vez determinadas las solicitudes admitidas, la Comisión de Verificación procederá a su valoración conforme a los criterios previstos en estas bases y la puntuación de los mismos determinada en la convocatoria y elevará a la persona instructora el informe que servirá de base para la realización de la propuesta de resolución del procedimiento.
4. El órgano competente para dictar la resolución será la persona titular de la presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
La resolución, que tendrá el contenido establecido en el artículo 10. 2 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero , se notificará conforme a lo establecido en los artículos 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. El plazo máximo de resolución y notificación será de tres meses contados desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución a la entidad interesada se entenderá desestimada la solicitud en los términos previstos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común.
Artículo 16. Formalización del concierto.
1. El concierto social se formalizará en documento administrativo, suscrito por ambas partes, en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación a la entidad seleccionada de la resolución por la que se resuelve el procedimiento de concertación del servicio. El documento recogerá los extremos previstos en el artículo 11 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero.
2. En la convocatoria se recogerán las obligaciones de las entidades concertadas que deberán constar en el documento de formalización del concierto, así como de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, todo ello de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 y 16 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero, respectivamente.
Artículo 17. Régimen de pagos.
1. Los pagos a las entidades concertadas se efectuarán por mensualidades vencidas, una vez realizada la prestación y condicionados a la declaración por la Administración de la conformidad con el servicio prestado, en los términos que establezca la convocatoria.
El pago de la participación económica que corresponda a las personas usuarias en las actividades a las que se hace referencia en el artículo 5 de estas bases se realizarán en los términos establecidos en la convocatoria.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.4 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero, y el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre y el artículo único del Decreto 16/2015, de 26 de febrero, las entidades concertadas está obligada a facturar electrónicamente las contraprestaciones objeto del presente concierto a través de la Plataforma de Facturación Electrónica.
Artículo 18. Sistema de seguimiento y control público del concierto social.
1. Corresponde a la Gerencia de Servicios Sociales las funciones de seguimiento y control público de la ejecución del concierto. A tal efecto, la entidad y los servicios concertados estará sometido a las actuaciones de inspección y control efectuadas por el personal inspector de la Gerencia de Servicios Sociales, de conformidad con lo previsto en los artículos 66 y siguientes de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, en orden a comprobar la correcta ejecución del concierto, y en particular la adecuación y suficiencia de los medios empleados.
2. Asimismo, la entidad y el servicio concertado estarán sometidos a procesos de inspección y control administrativo, económico y técnico de acuerdo con su naturaleza, de conformidad con la normativa vigente de aplicación en cada materia.
3. Para la evaluación y seguimiento de la acción concertada se tendrán en cuenta los informes presentados por las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, las memorias presentadas por las entidades concertadas y, en su caso, las evaluaciones ad hoc que se pudieran realizar.
4. Las evaluaciones sobre la actividad concertada servirán de base para determinar si se mantiene o no la prestación de los servicios en régimen de acción concertada y para determinar si procede la prórroga de los acuerdos.
5. Durante el período de prórroga, las evaluaciones se realizarán con la misma periodicidad que durante el acuerdo inicial.
6. La evaluación tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las condiciones establecidas en el concierto, los objetivos de calidad establecidos y el grado de consecución de estos y contará también con el examen y valoración de las quejas y sugerencias, así como de las encuestas de satisfacción efectuadas a las personas usuarias de los centros residenciales.
7. Sin perjuicio de lo señalado en los puntos anteriores, las entidades concertadas vendrá obligado a remitir al órgano concertante la información que se señale en la convocatoria.
Artículo 19. Régimen de penalizaciones aplicables al incumplimiento del concierto.
1. Los incumplimientos no culpables de las condiciones de la acción concertada o del servicio objeto de concierto siempre que no constituyan causa de resolución darán lugar a la imposición de las penalizaciones previstas en este artículo.
2. Los incumplimientos no culpables previstos en el apartado anterior serán los siguientes:
a) Demora. La entidad concertada queda obligado al cumplimiento del concierto dentro de los plazos fijados para la ejecución de este. Cuando hubiera incurrido en demora respecto al cumplimiento de dichos plazos la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente la administración concertante.
b) Incumplimiento de las cláusulas sociales establecidas en las bases y en la convocatoria. El incumplimiento de dichas cláusulas sociales, sin justificar debidamente por la entidad concertada, dará lugar a la imposición de una penalidad por importe de 500 euros por cada nueva contratación/ sustitución de personal adscrito al servicio en la que no concurra alguna de las circunstancias establecidas en la mencionada cláusula.
c) Incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratación. El incumplimiento por parte de la entidad concertada de las condiciones para la subcontratación establecidas en las bases y en la convocatoria, dará lugar a la imposición de una penalización del 50% del importe del subcontrato.
d) Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. El incumplimiento parcial o el cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto de la acción concertada llevará consigo la imposición al contratista de las siguientes penalizaciones, consistentes en multas por los importes que se detallan a continuación:
• Incumplimientos leves: hasta 1% del presupuesto de cada concierto.
• Incumplimientos graves: hasta el 2% del presupuesto de cada concierto.
• Incumplimientos muy graves: hasta el 7% del presupuesto de cada concierto.
A estos efectos, los incumplimientos se clasifican en: leves, graves y muy graves.
- Son incumplimientos leves:
• La desobediencia reiterada por más de dos veces a los requerimientos e instrucciones dadas por la Administración respecto a la forma y régimen de prestar el servicio.
- Son incumplimientos graves:
• El fraude en la forma de prestación del servicio.
• El incumplimiento de las obligaciones contenidas en las bases y en la convocatoria en orden al desarrollo y realización de las prestaciones objeto de la acción concertada.
• El incumplimiento de la obligación de destinar a la ejecución del concierto el personal mínimo necesario para la prestación del servicio establecido en las bases y en la convocatoria.
• Los incidentes habituales del personal de la entidad concertada con los usuarios de la acción concertada y, en general, la incorrección grave.
- Son incumplimientos muy graves:
• La paralización total y absoluta en la ejecución de las prestaciones objeto del concierto.
• El incumplimiento o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de las condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos aplicables.
3. Cuando la entidad concertada, por causas imputables a esta, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el concierto, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalizaciones anteriormente señaladas.
4. Las penalizaciones se harán efectivas mediante la deducción de las cantidades que, en concepto de pago mensual, deban abonarse a las entidades concertadas.
Las penalizaciones que, en su caso, se impongan deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 % del presupuesto del concierto, ni el total de estas superar el 50 % de dicho presupuesto.
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución, cuando las penalizaciones impuestas no cubrieran los daños causados a la Administración, esta exigirá a la entidad concertada la indemnización por daños y perjuicios.
5. El procedimiento para la imposición de penalidades se iniciará por resolución de la persona titular de la presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, a propuesta del Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León.
La instrucción corresponderá al órgano administrativo que se designe en la resolución de inicio del procedimiento.
La resolución del procedimiento corresponde a la persona titular de la presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, previa propuesta del órgano instructor.
En el procedimiento que se sustancie para la imposición de estas penalizaciones, necesariamente se dará trámite de audiencia a la entidad concertada.
Artículo 20. Publicidad e información.
1. Las entidades concertadas deberán adoptar medidas de difusión del carácter público de la financiación de la Junta de Castilla y León, las cuales consistirán en la inclusión de la imagen institucional de la Junta de Castilla y León en los elementos materiales que correspondan a la actuación concertada, como, entre otros, carteles, materiales impresos, placas, medios electrónicos o audiovisuales o menciones realizadas en los medios de comunicación, así como en cualquier tipo de soporte impreso, por analogía a lo establecido en el Acuerdo 27/2020, de 4 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen directrices sobre difusión de la identidad corporativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y en la Instrucción 1/2020, de la Dirección de Comunicación, para el cumplimiento de dicho acuerdo.
2. La imagen institucional se adecuará a lo establecido en el Decreto 119/2003, de 16 de octubre , por el que se aprueba la Identidad Corporativa de la Junta de Castilla y León.
Artículo 21. Cláusulas sociales.
1. En el caso de que para la ejecución del concierto social la entidad concertada necesite contratar nuevo personal, distinto del personal subrogable, la contratación se realizará con personas que tengan las capacidades necesarias para el desempeño de las funciones propias de los perfiles profesionales exigidos en las bases y en la convocatoria, que sean residentes en Castilla y León y que provengan, entre otros, de los siguientes colectivos:
- Destinatarios de la prestación de renta garantizada de ciudadanía u otras prestaciones económicas de similar naturaleza, tanto titulares como el resto de personas que integran la unidad familiar o de convivencia en los términos del Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero , por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León.
- Mujeres víctimas de violencia de género.
- Personas con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad.
- Personas que hayan sufrido problemas de drogodependencia y que se encuentren rehabilitadas o en proceso de rehabilitación y reinserción social.
- Personas en situación de libertad condicional y ex-reclusos.
- Emigrantes retornados, refugiados y demandantes de asilo o protección subsidiaria, que carezcan de recursos y estén en situación y/o riesgo de exclusión social.
- Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de instituciones de Protección de menores, así como mayores de dieciséis años que se encuentren en centros de menores infractores o en situación de libertad vigilada y ex internos menores de treinta años.
En caso de baja voluntaria o forzosa, se procederá a la contratación de una persona que pertenezca a alguno de los colectivos enumerados en la relación anterior. De no ser posible dicha contratación, se deberá justificar por las entidades concertadas.
2. Además, las entidades concertadas deberán presentar a la Gerencia de Servicios Sociales, al inicio de la prestación, una relación de nombres, apellidos y DNI de los empleados adscritos al servicio. A la finalización del concierto social, ésta enviará un informe de ejecución que adjunte una relación de nombres, apellidos y NIF de los empleados adscritos al servicio, junto con una copia de los contratos de trabajo de las personas que no figuren en la relación inicialmente aportada, junto con su historial profesional.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Régimen Jurídico Supletorio
En todo lo no previsto en las presentes bases y en el Decreto 3/2022, de 17 de febrero , será de aplicación lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de Contratos del Sector Público por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
DISPOSICIÓN FINAL
Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
