ES (EL CONTROL DE) LA JUSTICIA
El Estado democrático y de derecho funciona bajo el imperio de la ley, la separación de poderes y la independencia de los jueces. Pero ese axioma se ve cada vez más en entredicho en algunas partes por el afán de controlar políticamente las decisiones judiciales. Benjamín Netanyahu, que preside el único Gobierno democrático de todo Oriente Próximo, aplazó hace unos días, cediendo a la presión social, y a la vista de la crisis política desatada en Israel, una reforma judicial que pretende otorgar a la Kneset, es decir, a la mayoría que da apoyo al Ejecutivo, la capacidad de designar qué leyes pueden ser examinadas por el Tribunal Supremo o incluso la posibilidad de anular las decisiones de esa Corte, con miras, claro está, a que el primer ministro salga indemne si prosperan las acusaciones por cohecho, fraude y abuso de confianza por las que puede ser juzgado.
Más al oeste, en Hungría, el inefable Viktor Orbán ha puesto en riesgo el Estado de derecho en el país magiar al prever que el Consejo Nacional del Poder Judicial, homólogo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español, no pueda actuar como contrapeso a las competencias del presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial, dependiente del Gobierno y encargado de la gestión de los órganos jurisdiccionales, además de permitir la designación para el Tribunal Supremo de miembros del Tribunal Constitucional, elegidos por el Parlamento por su naturaleza jurídico-política y no estrictamente jurisdiccional, fuera del procedimiento normal. A tal grado que la UE aprobó a fines del año pasado la congelación de 6.300 millones de euros de los fondos de recuperación, después de que ya en 2018 el Parlamento Europeo hubiese recomendado aplicar el artículo 7 del Tratado, que puede hacer que un Estado miembro pierda su voto en el Consejo si falta a los valores de la Unión.
Cuando las barbas de tu vecino En Polonia, el más pragmático, aunque igualmente ultraconservador Mateusz Morawiecki, ha emprendido una serie de cambios en su polémica reforma judicial, y la ha llevado ante el Tribunal Constitucional, para desbloquear los 35.400 millones de euros de ayudas de Bruselas. En este caso fue la propia Comisión Europea la que activó el artículo 7. La reforma judicial ahora en fase de revisión aumentaba la responsabilidad disciplinaria de los jueces de modo similar a la ley marcial vigente durante el régimen comunista. Asimismo, atribuía al Ministerio de Justicia la facultad de nombrar y destituir los jueces o adelantar la edad de jubilación de los miembros del Supremo. Entre otras perlas, la cuestionada ley polaca otorgaba al propio presidente el derecho a “corregir” errores en el procedimiento de nombramiento de los jueces.
Salvando las distancias, en España, siete vocales progresistas del CGPJ amagaron algunas semanas con dimitir tras la renuncia de Concepción Sáez, para romper el insostenible empate infinito PP-PSOE que impide la reforma de ese órgano desde diciembre de 2018, por la voluntad deliberada de los conservadores de mantener el control de la institución y así retener la estratégica función de nombrar a jueces y magistrados, especialmente los de las más altas instancias. Al final, los vocales progresistas descartaron dimitir en bloque por creer que solo serviría para ceder el control a los conservadores. Y es que si se hubiese materializado la dimisión, el Consejo se hubiera quedado solo con 10 vocales, sin quórum para adoptar decisiones válidas en Pleno. Y, aunque no es menos cierto que el CGPJ se halla despojado de la principal función que le está encomendada, la de nombrar jueces, mientras se mantenga en funciones, gracias a la microrreforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos pendiente de examen por el TC, la mayoría conservadora se expresaría residualmente a través de un órgano como la Comisión Permanente, donde tiene mayoría, por lo que la deserción colectiva del sector progresista podría surtir globalmente sus efectos al quedar un CGPJ prácticamente inoperante. Además de que, si los conservadores quisieran sustituirlos, los debería nombrar el Pleno, que no podría constituirse por falta de los miembros necesarios. El hecho de que los conservadores amenacen a sus potenciales compañeros dimisionarios con un delito de abandono del servicio carece de la más mínima credibilidad, vistos los hechos. Y los antecedentes.
De hecho, una dimisión en bloque no sería una circunstancia inédita. En marzo de 1996, seis vocales dimitieron aduciendo, entre otras razones, el retraso en la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial. Entonces el bloqueo era de cuatro meses y no como ahora, camino de los cinco años. Es verdad que en aquella ocasión el CGPJ se quedó con 11 miembros y siguió funcionando a través de la Permanente hasta que hubo renovación en julio, cómo no, tras la llegada del aznarismo al poder. Ahora, parece que, con la cuestión del TC resuelta, y con un CGPJ que no puede hacer nada que la perjudique directamente, La Moncloa no hace especiales esfuerzos para la renovación. Por mucho menos, en Israel salió la gente a la calle y cesó el ministro de Defensa. Aquí se pone en peligro el Estado de derecho y la vida sigue igual.
