BURGOS, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
En concreto, se contabilizaron 289.797 asuntos registrados, frente a los 275.411 de la anualidad anterior y los 277.247 que se alcanzaron en 2019, con anterioridad a la declaración de la pandemia.
Un ascenso que José Luis Concepción ha achacado fundamentalmente a dos órdenes jurisdiccionales, Civil y Pena, donde se contabilizaron 15.255 y 134.290, respectivamente, frente a los 120.761 y 123.491 que se alcanzaron en ambos órdenes el año anterior.
Esta evolución, ha concretado el presidente del TSJ, supone un incremento de un dos por ciento en el caso del orden Civil, mientras que en el penal la evolución muestra un aumento del 7,3 por ciento.
En el caso de lo Contencioso Administrativo, el pasado año se produjo un descenso en el volumen de asuntos de, 5,6 por ciento, una tendencia que también experimento lo Social, con una caída del 2,2 por ciento.
En cuanto a los asuntos en trámite, el número ha aumentado ligeramente en comparación con los del ejercicio anterior ya que, si entonces se alcanzó la cifra de 118.176, el año 2022 se cerró con 130.127.
RESOLUCIONES
El nivel de resolución también ha experimentado una variación significativa, pasando de 273.149 asuntos en los juzgados y tribunales de la Comunidad en 2021, a 278.187 el pasado año, lo que supone un aumento de 5.038.
En el caso de las sentencias, se dictaron 85.029 a lo largo del pasado año, lo que representa una media de 354,29 por órgano judicial, esto supone un ligero descenso en comparación con 2021, cuando se contabilizaron 87.140, lo que arrojó una media de 366,13 por órgano.
En lo Civil se dictaron 41.390, frente a las 45.079 del ejercicio inmediatamente anterior; en lo Penal 24.432, frente a las 23.643 que se alcanzaron en 2021; en lo Contencioso Administrativo fueron 5.605, ante las 5.964 del año anterior; y en lo Social se contabilizaron 13.602, frente a las 12.454 de 2021.
REFUERZOS
La memoria anual de actividad del TSJ muestra, por otro lado, el mantenimiento de los refuerzos en los servicios comunes de las oficinas judiciales de Burgos, León y Palencia, así como en el juzgado de Primera Instancia número 4 de Valladolid.
La memoria también refleja la reiterada petición a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia de suplir la carencia de personal existente, con el objetivo de poder atender las visitas que se demandan, ya que de las tres plazas de personal laboral que existían, se han amortizado no y el único que continúa "no da abasto" para atender su trabajo y las actividades auxiliares de la Presidencia.
Asimismo, determina que las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, junto a los efectos de la huelga de letrados de la Administración de Justicia, ha determinado que los plazos de celebración de los señalamientos se hayan dilatado en el tiempo, en algunos casos hasta límites hasta la fecha desconocidos para el Alto Tribunal.
