MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
Aquella huelga, iniciada en enero, acabó el pasado 28 de marzo tras firmar un acuerdo con el departamento de Pilar Llop en el que se les reconoce una subida de hasta 450 euros. Pero este lunes ha sido los funcionarios de Justicia quienes han empezado otra huelga convocada por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT.
En concreto, la proposición no de ley aprobada en el Congreso insta al Gobierno a "dotar a los órganos judiciales de los medios personales y materiales, así como mecanismos procesales de agilización para la recuperación del retraso de las actuaciones judiciales".
En el texto impulsado por el PP se precisa que dicha recuperación debe hacerse sin que "suponga un incremento de la carga de trabajo de los profesionales de la Justicia, con el fin de recobrar la normalidad en la actividad de juzgados y tribunales tras el final de la huelga de letrados".
ABSTENCIÓN DE UNIDAS PODEMOS
En este sentido, los 'populares' inciden en que tras haberse "resuelto el conflicto laboral con los letrados urge recuperar la normalidad en la Administración de Justicia". Cabe recordar que, según los datos del comité de huelga de los LAJ, las nueve semanas de parón dejaron 356.000 juicios y vistas suspendidas, 424.000 demandas paradas pendientes de llegar a los juzgados y 1.280 millones de euros parados en las cuentas de consignaciones.
La iniciativa ha salido adelante con el apoyo del PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos, mientras que el PNV, EH Bildu y Más País han votado en contra y Unidas Podemos, Compromís y Junts han optado por abstenerse.
