MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
En un auto del pasado lunes, el instructor recuerda que, según estableció la Sala de lo Penal en 2014, en las causas con aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Supremo, aunque después se pierda la condición de aforado.
En este caso, el Supremo procesó a Casero el pasado 3 de marzo --paso anterior a la apertura de juicio oral-- y ese mismo día renunció a su escaño. El propio encausado había pedido al TS que enviará el caso a Trujillo.
Palomo procesó a Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a cinco contratos que firmó cuando era alcalde de dicha localidad entre 2017 y 2018 sin sujetarse a los procedimiento administrativos legalmente establecidos.
El Supremo abrió la causa en marzo de 2022, tras recibir una exposición razonada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Trujillo, que había abierto diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados.
LA INVESTIGACIÓN
Casero acudió a declarar en una ocasión ante Palomo. Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el entonces diputado 'popular' aseguró que, aunque pudo haber problemas administrativos en dichos acuerdos y contratos, no hubo prevaricación alguna por su parte. Llegó a presentar luego un escrito para pedir el archivo de la causa al no ver indicios de delito.
Aunque en un momento se reservó fecha en el calendario para tomar declaración a varios testigos, éstas no tuvieron lugar porque el magistrado dio por finalizada la instrucción el pasado 3 de marzo, después que la Sala de Apelación del Supremo estimara un recurso de Casero contra su decisión de denegar la petición de nulidad, archivo y sobreseimiento de la causa.
En concreto, la Sala de Apelación dio la razón a Casero y estimó que el plazo de la investigación había concluido el pasado 15 de julio de 2022 y que todo lo investigado desde entonces era nulo y que no debía tenerse en cuenta a la hora de decidir si archivaba o continuaba la causa contra el entonces dirigente 'popular'.
