LA ENFERMERA Y EL PODER
Quizás uno de los aspectos más preocupantes de la deriva iliberal que padecemos -no sólo en España- es la utilización arbitraria del poder contra los más débiles. Este fenómeno es más acusado en Cataluña, donde el uso partidista de las instituciones por parte del Gobierno independentista en áreas tan delicadas como la educación y la sanidad es pública y notoria. El programa independentista exige para construir la nación identitaria inexistente -aunque sea tendencialmente, a la vista del fracaso del procés- la supresión o al menos el silenciamiento de la sociedad plural realmente existente, y para eso el instrumento elegido ha sido la lengua catalana, dado que, pese a algún intento vergonzoso, no hay otros elementos étnicos, religiosos o de otra índole a los que agarrarse para diferenciar a los catalanes de verdad (los nacionalistas) de los de pega (el resto).
De paso, con la expulsión del castellano de la Cataluña oficial se consigue blindar a la competencia el mercado laboral oficial -es decir, los puestos en las administraciones públicas, incluidos por supuesto los de la sanidad y la educación- a los profesionales procedentes de otras partes de España por muchos méritos que acumulen y aunque les resulte perfectamente posible comunicarse con los ciudadanos a los que deben atender en castellano, a diferencia de lo que ocurre con un médico indio o español en el Reino Unido que no hable inglés. Por cierto, que el castellano además de la lengua oficial en España es también la lengua cooficial en Cataluña y existe la obligación constitucional de conocerlo (art.3), lo que no debería olvidarse. En todo caso, existe una abundante jurisprudencia sobre los supuestos en que pueden establecerse el conocimiento de la lengua autonómica cooficial con carácter obligatorio no ya como mérito, sino como requisito obligatorio para acceder a una plaza determinada de la Administración pública que intenta evitar que se utilice como herramienta para discriminar a algunos aspirantes o simplemente para impedir el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.
Es en ese contexto de creciente iliberalismo, tribalismo desenfadado y desprecio por los valores de la democracia representativa liberal que exigen el sometimiento del poder a límites (empezando por los establecidos en la Constitución y siguiendo por los recogidos en el resto del ordenamiento jurídico) en el que hay que situar la historia de la enfermera gaditana Begoña Suárez, que desafió al sistema grabando un vídeo en Tik Tok en el que se reía de la necesidad de tener un título formal (C1) para acreditar un alto nivel de competencia en catalán para acceder por oposición a una plaza de enfermera (que, por cierto, ya estaba ocupando sin el título en cuestión) que tienen los chicos que terminan el bachillerato en Cataluña por el hecho de estudiar allí.
Claro está que aquí lo interesante no es que una enfermera joven y “de fuera” se atreviera a señalar (como el niño del famoso cuento de Andersen El traje nuevo del emperador) que el rey va desnudo, sino la reacción furibunda que se ha desencadenado. Mientras que en el cuento clásico los cortesanos y el pueblo dan la razón al niño y se empiezan a reír del rey, que tiene que salir corriendo avergonzado, en la historia real es la enfermera la que tiene que huir. Lo que dice mucho de un Gobierno incapaz no ya de tolerar la crítica -aunque sea en tono de humor, o sobre todo cuando es en tono de humor-, sino de tolerar la pura y simple verdad: que la imposición de la obligatoriedad del catalán con un nivel tan avanzado como el C1 como requisito obligatorio para acceder a plazas en Cataluña de enfermera (o de médicos) supone una barrera de entrada muy importante para personas que proceden de otras CCAA pero que podrían desempeñar perfectamente el puesto de trabajo en cuestión. Incluso pueden resultar perjudicados los propios pacientes al tener menos profesionales disponibles o menos profesionales competentes para atenderles. Porque no nos olvidemos de que a la enfermera de nuestra historia le habían ofrecido acceder a una plaza fija, luego tan mal no debía de hacer su trabajo aunque fuera en castellano.
En todo caso lo importante es la reacción del Poder, con mayúsculas. Que empieza en Twitter, eso sí, porque lo antiguo de la reacción de fondo (“se va a enterar”, “quién se habrá creído que es”) no empaña lo moderno de las formas, una característica de los medios rusos y sus afines que ha sido exportada con éxito al resto del mundo y que supone que la caspa de toda la vida se empaqueta de la manera más cool posible. Efectivamente, desde el consejero de Sanidad -hablando de la necesidad de una investigación para aclarar no sabemos bien el qué- pasando por sindicalistas al parecer más preocupados por la lengua en la que hablan los trabajadores que por el mantenimiento de sus puestos de trabajo y llegando hasta el portavoz del Hospital Vall d´Hebron, que señaló tajantemente: “No podemos tolerar que dentro de nuestras instalaciones, en horario laboral y con el uniforme de la institución se hagan vídeos que no tienen nada que ver con la actividad asistencial”. Porque al parecer el problema es ese y no las declaraciones, como habíamos pensado todos, empezando por el consejero del ramo.
Y aquí es donde querría subrayar que este tipo de historias -que se van añadiendo a muchas otras, algunas tan tristes como la del niño de Canet- son muy preocupantes. No ya por el catalán, por el vídeo, o por las manifestaciones de tirios y troyanos sino, sencillamente, porque ponen de relieve que gobernantes democráticos no tienen ningún problema en utilizar el poder en contra de los ciudadanos que se atreven a cuestionarlo, y cuya situación de inferioridad es patente. En ese sentido, probablemente la enfermera de nuestro cuento pensó que no corría riesgo alguno subiendo su vídeo a Tik Tok, y así debería de ser en un Estado democrático de derecho digno de tal nombre, donde la crítica, la zafiedad o el mal gusto no están penalizados y donde se respeta la libertad de expresión aunque sea en horario laboral y con el uniforme de trabajo. Se equivocó. Y muchos aprenderán de su error y no se atreverán a hacer cosas que son perfectamente admisibles en una democracia avanzada. Es más, que son sanas para una democracia avanzada que cree de verdad en el pluralismo y en la tolerancia como valores en los que fundar su convivencia.
Los que nos dedicamos a reflexionar sobre las democracias y los riesgos que las acechan sabemos que si hay una señal a la que conviene prestar mucha atención es a de la utilización arbitraria del poder frente a sus ciudadanos, y en particular frente a los más débiles. La arbitrariedad de los poderes públicos está expresamente proscrita en nuestra Constitución, y con mucha razón, dado que se trata de una expresión del poder autoritario por definición. En una democracia liberal representativa el poder siempre tiene que estar sujeto a controles, a límites y a contrapesos. Y por supuesto a la rendición de cuentas. Si esto no sucede, y el gobernante de turno puede iniciar investigaciones, abrir expedientes disciplinarios, cesar a personas non gratas en sus puestos de trabajo, utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para señalar a un particular, etc. hay motivos muy serios para preocuparse. E insisto: no es la primera vez que pasa, y me temo que tampoco será la última.
También querría recordar que estos principios constitucionales debemos aplicarlos siempre, tanto a los nuestros como a los adversarios políticos. Es muy humano sentir con especial intensidad la injusticia, la discriminación o el acoso contra personas que consideramos por motivos ideológicos, afectivos o sociales más cercanas a nosotros, pero el doble rasero nunca está justificado. Por eso resulta tan irritante cuando nuestros políticos y nuestros medios lo utilizan con desenfado; vulnera nuestro más elemental sentido de justicia. Pero es importante que salgamos también a criticar estos mismos comportamientos cuando se trata de personas por las que no sentimos tanta empatía; es más, cuanta menos empatía sintamos, más necesario es.
En definitiva, no podemos normalizar este tipo de actuaciones por parte de nuestros gobernantes sea por las razones que sean. Eso también sería una señal muy preocupante porque, en una democracia, el uso arbitrario del poder no puede ser lo normal.
