MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Ejecutivo andaluz recurrió el artículo 3 de la ley 38/2022 al considerar que podría suponer una vulneración de la autonomía financiera de las comunidades autónomas y del bloque de la constitucionalidad en materia de tributos cedidos, así como la infracción del derecho de representación política, del principio de lealtad constitucional e institucional y del principio de seguridad jurídica.
En concreto, la Junta de Andalucía acudió al TC porque apreciaba "una vulneración de la autonomía financiera" de la comunidad autónoma porque el gravamen a las grandes fortunas se concibe como un tributo "complementario" al Impuesto sobre el Patrimonio (para contribuyentes con un patrimonio neto superior a los 700.000 euros), que está bonificado al 100% en esta región.
Según ha informado el órgano de garantías, se adherido esta cuestión al orden del día del Pleno del martes como asunto para primera deliberación. Asimismo, también está previsto que los magistrados decidan si admiten a trámite o no los recursos presentados por los gobiernos autonómicos de Galicia y Madrid contra esta misma ley.
LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
Al margen, el Pleno también tiene previsto deliberar sobre si admiten a trámite el recurso del PP contra la Ley de Memoria Democrática; ello después de que el pasado 7 de febrero admitieran a trámite el recurso que presentó Vox contra esta norma.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, criticó la aprobación de la norma y llegó a decir que España no vive su "mejor momento en la defensa del marco constitucional", después de que el Gobierno haya impulsado textos como la Ley de Memoria, que "quiere reescribir la historia" que tuvo lugar con la Transición y la Constitución, de la que el PP se siente "enormemente orgulloso y satisfecho".
Fue el pasado 5 de octubre cuando el Pleno del Senado aprobó definitivamente el proyecto de ley de Memoria Democrática que el Gobierno pactó con Bildu, Más País, PDeCAT y PNV. Aquel día, la Cámara Alta rechazó los vetos de PP, Vox, Ciudadanos y UPN y no aceptó ninguna de las 521 enmiendas al texto que venía del Congreso.
NUEVO BORRADOR DE SENTENCIA SOBRE LA LEY CELÁA
Esta semana, el Constitucional también abordará el recurso de Vox contra la ley conocida como 'Ley Celaá' de Educación; y lo hará después de que el pasado 23 de marzo rechazara la sentencia propuesta por el magistrado Ricardo Enríquez y le encargara que elaborase un nuevo borrador que avalase sin fisuras la ley.
Los de Santiago Abascal impugnaron lo que consideraban "la parte más sectaria de la ley", la que guarda relación, según ellos, con la enseñanza concertada, la educación religiosa, la educación diferenciada y los centros de educación especial, así como contra el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular.
Enríquez proponía declarar constitucional la Ley Orgánica de Educación de 2020, excepto los artículos que recogen que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas" y "no separarán al alumnado por su género"; y que las administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias "para evitar la segregación del alumnado".
Ese aval parcial incluía la parte de la ley que señala que "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución española, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable".
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Enríquez entendía que la ley garantizaba de esta forma que el castellano no fuera excluido como lengua vehicular en la enseñanza, cuestión que consagraba en su borrador como un derecho constitucional que debe ser "real", no una "fórmula vacía".
Tras el rechazo del Pleno a su ponencia, Enríquez accedió a redactar otra que recoja el sentir de la nueva mayoría progresista del TC (de siete magistrados frente a cuatro), esto es, declarar la constitucionalidad de toda la 'ley Celaá'.
OTROS RECURSOS
Además, los magistrados estudiarán sobre el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la ley del Parlamento de Cataluña de horarios comerciales; y el del Ejecutivo del País Vasco contra el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.
Por su parte, la Sala Segunda del Constitucional tiene en agenda deliberar sobre el recurso de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de retirar del Diario de Sesiones la expresión "hijo de un terrorista" con la que la entonces portavoz parlamentaria popular se refirió al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en 2020.
El tribunal admitió a trámite el recurso en noviembre de 2020 dada la trascendencia constitucional de la cuestión planteada que afecta tanto a la libertad de expresión como al derecho parlamentario.
