Así, la ministra, que ha considerado esencial fomentar desde las Administraciones Públicas la cultura de la paz, poniendo de ejemplo la concepción del diálogo como la principal herramienta de la acción pública del actual Gobierno, ha afirmado que para “alcanzar un Servicio Público de Justicia más ágil, eficiente, accesible e igualitario, necesitamos impregnarlo de legitimidad social”.
Según Llop, esta legitimidad se debe alcanzar “propiciando la participación de la ciudadanía en el sistema de Justicia, de modo que las personas se sientan protagonistas de sus propios problemas y asuman de forma responsable la solución más adecuada”. Así, “se construye una Justicia eficiente y ágil, pero también más humana y participativa, cercana a la ciudadanía y acorde con nuestros propios valores como sociedad”, ha asegurado.
Los medios adecuados de solución de controversias (MASC), alternativos a la vía jurisdiccional, han demostrado su eficacia en la práctica jurídica, según ha expuesto la titular de Justicia: “Fomentan la paz y la cohesión social, así como la participación de la ciudadanía en el sistema de Justicia”.
Ley de Eficiencia Procesal
Llop se ha referido al proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que actualmente se está tramitando en las Cortes Generales, que introduce esos MASC, ya que, según la ministra “reducen el conflicto social, evitan sobrecargar los tribunales y pueden ofrecer solución a la mayoría de controversias en materia civil y mercantil”.
En la ley, junto con la mediación, se ofrecen nuevas formas de gestión del conflicto, que “representan una modernización del concepto de la cultura de la mediación, para que la ciudadanía pueda escoger libremente”. Se trata de fórmulas como la conciliación, la oferta vinculante confidencial, la opinión de experto independiente y la negociación directa entre las partes.
Además, la ley prevé medios telemáticos para llevar a cabo las negociaciones y ha destacado sus ventajas en casos concretos como pueden ser las operaciones de mediación transfronterizas. “La digitalización puede facilitar las operaciones de mediación transfronteriza que se contemplan en los ámbitos civil y mercantil como medio para resolver controversias internacionales”, ha puntualizado.
Finalmente, Llop ha asegurado que el nuevo concepto del Servicio Público de Justicia necesita del protagonismo de las profesiones jurídicas, y ha puesto en valor “la función de concordia propia de la abogacía”, así como la figura del mediador, que “está revestido de autoridad y actúa en un marco referencial ético y de derechos humanos, bajo principios como la independencia, imparcialidad, competencia o confidencialidad”.
