¿ALGUIEN PIENSA EN LAS GENERACIONES FUTURAS?
La pregunta que nos formulamos es la siguiente: en nuestro sistema político, ¿quién enciende las luces largas a la hora de gestionar los grandes asuntos colectivos? ¿Quién se ocupa de ver por encima de las bardas electorales? Es verdad que, en una democracia menguante como la española, los problemas lumínicos se acumulan, pues en ella muchos estamos petrificados ante el pedrisco que está cayendo sobre las instituciones básicas del Estado (un pedrisco minuciosamente descrito en la obra colectiva España, democracia menguante, Colegio Libre de Eméritos, 2023). El espectáculo, verbigracia, de ver a ministros insultando a los magistrados del Tribunal Supremo, sin que el presidente del Gobierno los llame al orden o los cese, supera cualquier fantasía, porque ¿alguien imagina a uno de esos magistrados ofendiendo de palabra a un ministro/a/e?
En la actual coyuntura, se une a la exuberancia de despropósitos una insoportable ligereza poblada de arbitrariedades y de astucias de vuelo corto, de mañas, de truhanería barata. La frivolidad aliada con la calamidad. De donde la pertinencia de la pregunta: ¿quién está encargado de practicar la mirada serena y desprejuiciada pensando en nuestros hijos y nietos? Hay instituciones, lo vamos a ver, pero ¿alguien les hace caso?
Se ha aprobado la reforma de las pensiones, por supuesto, mediante un decreto ley. No han tardado en sonar las alarmas: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que tiene como misión evitar el descalabro de la Hacienda pública, ha señalado que empeora la sostenibilidad del sistema; Fedea, brújula certera, ha resaltado que disparará el gasto público y el déficit; el departamento de análisis económico del BBVA ha añadido que el instrumento introducido, bautizado como “equidad intergeneracional”, supondrá en la práctica justo lo contrario. Funcas ha insistido, por su parte, en que esta modificación ni es suficiente ni equitativa y perjudicará a muchos jóvenes.
Todo se ha hecho de forma precipitada para conseguir la perla -como en los cuentos orientales- de los fondos europeos. Habremos de esperar al análisis de la Comisión, pues, por el momento, no ha dado su definitivo aval.
Y ya que acabamos de citar a los jóvenes, anotemos que, a quienes han festejado su mayoría de edad el año pasado o la celebrarán este año de elecciones, se les regala 400 euros para que disfruten de actividades culturales. Este bono, según las asociaciones de libreros y otras de diversas manifestaciones creativas, está encontrando numerosos obstáculos para su adecuada aplicación. Una cuantía que es el doble de la atribuida a las familias con menos recursos, de 200 euros. También se ha rebajado el IVA en la adquisición de algunos alimentos, lo que, según han analizado destacados institutos económicos (entre otros, y como ha publicado este periódico, EsadeEcPol), está beneficiando de manera preferente a las familias con rentas más altas.
Todos estos regalos, dádivas, bonos, ayudas, sembrados en el campo electoral para que florezcan en forma de votos agradecidos, al ser generalizados, aprovechan a quienes no siempre lo necesitan y originan desigualdades entre quienes de verdad padecen penuria. En todo caso, lo que sí están consiguiendo con gran puntería es inflar los globos de la deuda y del déficit público. Es decir, accionan sin descanso el manubrio del bodrio.
Porque, al observar los datos económicos que publica Eurostat, la situación financiera de España es de las más vulnerables en comparación a sus socios europeos. La deuda pública se ha incrementado en más de un 35% desde 2014 y, según señala el Banco de España, ha batido el récord de 1,5 billones de euros en 2022, a la vez que alerta de su preocupante evolución.
El empeoramiento financiero tiene causas bien conocidas: las consecuencias de la pandemia, la extensión de la crisis económica... Todos los países europeos las han sufrido y todos hemos recibido el apoyo de la Unión: en la compra de vacunas, en la adquisición de material sanitario, también el del Banco Central Europeo... Es más, el Gobierno se ha negado a deflactar, esto es, a realizar mínimas modificaciones en los tramos del impuesto de la renta con el fin de eliminar los efectos nocivos de la inflación. De ahí que la Hacienda pública esté percibiendo un cuantioso regalo: unos millonarios ingresos imprevistos que, en lugar de emplearlos en reducir déficit o deuda pública, en la asistencia selectiva a aquellas familias más necesitadas, en atender a las carencias del sistema sanitario o en mejorar la prestación de servicios públicos, se usan para multiplicar medidas de tufo perversamente electoral. Es la compra de votos, la democracia “de favores”, como dicen los alemanes, que en el pasado se hacía con cargo al bolsillo de los políticos y hoy con cargo a una cuenta corriente tan silente y sufrida como anónima.
Desde Europa se nos dice que debemos frenar la carrera acelerada de estos dos caballos desbocados del déficit y la deuda. ¿A qué espera el Gobierno? ¿A que otro Gobierno se vea obligado a ello y se le pueda montar un zafarrancho callejero? Esta es la ausencia lastimosa de luces largas para vislumbrar escenarios futuros y a los concretos españoles de ese futuro con la que hemos abierto este artículo.
Una ausencia que se advierte en esta otra muestra de desatención a las generaciones venideras: nos referimos al acuerdo explícito que ha tomado este Gobierno en virtud del cual - lisa y llanamente- se ha desentendido de la gestión de los residuos radiactivos. Desde 1983 andamos, prisioneros del tiempo, a la búsqueda de un lugar donde depositarlos, porque el derecho de la Unión Europea establece que “cada Estado miembro debe asumir la obligación ética de evitar a las generaciones futuras cualquier carga indebida en relación con el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, así como los residuos radiactivos que se derivarán previsiblemente del desmantelamiento de las instalaciones nucleares existentes...” (Directiva 2011/70, de 19 de julio).
Pues bien, a pesar de que desde hace años se estaban realizando ya unas obras para construir un almacén temporal, todo se ha paralizado con el anuncio del Gobierno de un plan que da un giro radical, pues apunta hacia otro horizonte: se construirá un nuevo almacén geológico profundo ¡en 2073! ¡Dentro de 50 años! ¿Y mientras tanto? Mientras tanto seguiremos pagando a Francia miles y miles de euros por dar albergue a antiguos desechos y las actuales centrales deberán asumir nuevas obras para almacenar sus residuos y, si pueden, nuestros nietos y bisnietos ya lo solucionarán, asistidos por su buena voluntad.
Somos bien conscientes de que este problema, el de la dificultad para atender y satisfacer necesidades futuras, que escapan de la mirada angosta que proyectan los ciclos electorales, está ligado a los sistemas democráticos, muchas veces denunciado por quienes son sus estudiosos. Por todo, recordemos que, ya para Tocqueville, las frecuentes consultas electorales llevan a atender las necesidades de lo inmediato. La política de corto plazo, la política del presente, siempre tiene prioridad frente a la de largo aliento.
Precisamente por ello, y porque esta carencia de las democracias se ha hecho demasiado descarada, es por lo que se ha incorporado la atención a las “generaciones futuras” en algunas normas constitucionales, como es el caso de Alemania tras el reformado artículo 20a de la Ley Fundamental, que obliga al poder público a comprometerse ante ellas para asegurar “los fundamentos naturales de la vida y de los animales”.
En España disponemos, lo hemos visto, entre instituciones independientes y privadas, de oráculos solventes. Falta ahora que alguien les preste atención, porque el Gobierno como tal bastante tiene con vivir torturado entre el flujo y reflujo del sí es sí, el no es no y aquellas otras piruetas y galimatías que le impone su infatigable dedicación a la causa del “progreso”.
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