SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (EUROPA PRESS)
Según el fallo, al igual que lo sucedido con su compañero JLS, el Supremo desestima el recurso contencioso disciplinario militar ordinario interpuesto por el guardia civil DF contra la resolución de la ministra de Defensa, de marzo de 2021, en la que se le imponía una sanción disciplinaria de separación del servicio.
La sanción responde a ser considerado "autor de una falta muy grave" consistente en "cometer un delito doloso condenado por sentencia firme, relacionado con el servicio, o cualquier otro delito que cause grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica", prevista en el artículo 7, número 13, de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.
Ahora el Supremo confirma la resolución de la ministra de Defensa de fecha 20 de enero de 2021, que supone su expulsión disciplinaria de la Guardia Civil de este agente destinado en el Equipo contra el crimen organizado de la Guardia Civil en Galicia (ECO) condenado por un delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal.
En la sentencia, se indica que los hechos delictivos atribuidos al agente "tuvieron una indisimulable incidencia en la seguridad ciudadana" y "comportan una manifiesta deslealtad hacia sus jefes y compañeros".
En particular, apunta que el agente "filtró a los propios investigados por narcotráfico en diversas operaciones información relevante y sensible de las actuaciones que les afectaban, frustrando su detención y facilitándoles su impunidad". Además, "filtró la relación de confidentes de la unidad, con todos sus datos personales" e "información concreta que estos confidentes habían suministrado a la Guardia Civil", así como "datos personales y reservados" de los agentes.
"En definitiva, saboteó durante, al menos, seis meses los trabajos de investigación del Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil de Galicia, en el que se encontraba integrado, y puso en grave riesgo a sus compañeros y a los confidentes de dicho equipo", recoge el auto, que prosigue: "es difícil imaginar un daño mayor a la Guardia Civil como Cuerpo de la Seguridad del Estado en la persecución del delito. El grave daño a la Administración no puede ser más evidente", añade.
HECHOS
Los guardias civiles JLS y DF fueron condenados por sentencia de 28 de junio de 2018, dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra, como autores responsables de un delito de revelación de secretos a la pena de tres años de prisión, multa de 15 meses a razón de diez euros al día y suspensión de empleo y cargo público por tiempo de dos años, así como al abono de una décima parte de las costas procesales causadas. La sentencia es firme desde mayo de 2020.
En enero de 2021, la ministra de Defensa Margarita Robles impuso al primero de los agentes la sanción disciplinaria de expulsión del cuerpo, que fue avalada por el Supremo en junio de ese año. En marzo se dictó la sanción para el segundo guardia civil, confirmada también por el TS.
