MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Puigdemont acusó a Llarena de ignorar la reforma penal mientras que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pedían sumar a esos dos delitos --desobediencia y malversación agravada-- el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.
En una resolución del pasado 12 de enero, Llarena eliminó el delito de sedición del procesamiento contra Puigdemont, pero mantuvo el de malversación --que fija penas de 4 a 12 años de prisión y de 10 a 20 de inhabilitación-- e incluyó el de desobediencia --que no contempla cárcel, pero sí inhabilitación de 6 meses a 2 años--. Además, dejó sin efecto la euroorden dictada contra el líder independentista, aunque decidió mantener la orden de busca y captura nacional.
