MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
En un auto de la Sección 23, al que tuvo acceso Europa Press, los magistrados acuerdan estimar de forma parcial el recurso de apelación interpuesto contra el archivo de la causa a instancias de la acusación particular, que representa a la madre y al novio de la joven.
Los magistrados solicitan al juez de Instrucción número 46 de Madrid que los peritos elaboren un informe conjunto y que se tome declaración a un médico antes del archivo, indicando que el archivo del caso fue "prematuro".
"No consta que al médico forense se le haya dado traslado del informe de autopsia practicado, por lo que se deduce incompleto al no especificar si pudo o no existir relación causa efecto entre la intervención quirúrgica objeto de investigación y el fallecimiento", señala la resolución.
El pasado septiembre, el juez acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas para investigar al cirujano que practicó la operación y a otro facultativo.
El juez determinó que resultaba evidente que la conducta de los profesionales investigados está ajustada a la 'lex artis' conforme a las diligencias practicadas en la instrucción penal.
El magistrado sustentaba su decisión en los informes forenses que apuntan que "no existió defecto en el procedimiento quirúrgico ni en el tratamiento posterior".
Exponen los expertos en forensía que la complicación que sufrió la chica no estaba derivada de la operación, sino de "una condición fortuita tras la cirugía y que se considera como la más grave por su alta mortalidad".
TRES MESES EN COMA
Silva Dalia murió el pasado 31 de julio tras permanecer más de tres meses en coma inducido en la UCI de La Paz. Se sometió el pasado 26 de abril a varias intervenciones en una misma operación realizada en uno de los centros de la clínica CEME.
Al día siguiente, se la dio el alta a pesar de los fuertes dolores que sufría y que, según la clínica, eran normales. Finalmente la joven ingresó en la UCI con una infección grave que derivó en su coma inducido por meses, del que despertó unas semanas antes de fallecer.
La familia de la chica llevó el caso a los tribunales por un delito de lesiones por imprudencia grave. El juez investigó tanto al cirujano que acometió la operación como a otro facultativo por un presunto delito de lesiones imprudente.
Desde la Clínica siempre han mantenido que la operación se llevó a cabo sin complicaciones y sostenía que todo salió correcto, desconociendo el motivo por el que la fallecida se infectó de una batería que le produjo graves secuelas.
